domingo, 29 de enero de 2012

Si fuera contagioso... El gobierno provincial abrirá los archivos de la represión militar

Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos.
 
El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. Se indicó a la prensa que ya se firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
“Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, y que se están notificando de esta resolución los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa.
Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
“Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora.
También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó.

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