lunes, 19 de noviembre de 2012

Subzona 14 II: dictaron los procesamientos a 16 policías y 2 jefes militares

Están imputados 16 policías y 2 militares.

El abogado Franco Catalani indicó que quedaron disconformes con dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. Apelarán.

Embargos millonarios

Uno de los abogados de los querellantes, Franco Catalani, afirmó ayer que el procesamiento que el procesamiento de 19 policías y militares que firmó el jueves último el Juez Federal, Pedro Víctor Zabala, en el marco de la causa de la Subzona 14 II, se da en el marco de una “investigación amplia, minuciosa y muy profesional”.

El letrado elogió  el fallo, consieró que seguramente se ampliarán los procesamientos en nuevas etapas y estimó que, a partir de las apelaciones que se presentarán, el juicio oral se realizaría en el año 2014. Por otro lado, Catalani anticipó que está elaborando una apelación a la decisión del juez de no procesar a los acusados por  los delitos de genocidio y rebelión, como se había pedido desde las querellas.

Catalani indicó que quedaron disconformes con los dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. En cambio, el juez Zabala si aceptó acusar a los imputados por el delito de asociación ilícita, además de los secuestros y torturas.

“En general estamos muy satisfechos. La investigación es minuciosa, amplia y muy profesional”, le dijo a El Diario. También mencionó que en los dos imputados que se dictó falta de mérito, no quedaron desligados de la investigación sino que se puede seguir aportando evidencias.

“Por una cuestión particular de la querella, ideológica y si se quiere política, estamos apelando dos puntos”, aclaró. Y explicó que, en el caso de la rebelión, se aplica a la deposición por la fuerza de los poderes legalmente constituídos. “El juez dice que la rebelión no forma parte de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, de haber existido, habría proscrpito”, explicó el abogado.

“Nos parece un argumento desacertado. Lo mismo podría haber dicho para el delito de asociación ilícita,  y, sin embargo, se los imputa. Además, en la definición de delito de lesa humanidad, en el inciso K se contempla otros hechos. Es una forma abierta en la que entraría la rebelión”, argumentó.

En el caso de la figura del genocidio, el juez la rechaza por que se aplica a la persecución de grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. “Dice que no se hizo una persecución contra esos grupos. Por un lado, el adjetivo nacional puede implicar la militancia política, gremial y social que fue objeto de persecución. Por otro, creemos que cuando se menciona grupo, no se puede circunscribir a esos cuatro, sino que la eliminación de cualquier grupo, por el motivo que sea, es un genocidio”, apuntó.

En los distinos fallos que se sucedieron en el país contra los represores, nunca se incluyeron la figura del genocidio o la rebelión. En algunas sentencias, sí se aplicó la asociación ilícita.

Juicio oral

Catalani comentó que el juez Zabala “seguramente va a ampliar los procesamientos si es que cabe esa situación”. “No creo que vaya a haber otro juicio. La idea es concentrar todo lo que se pueda, en este segundo procedimiento”, respondió sobre la posibilidad de que haya acusados que queden afuera del próximo debate oral.

Por otro lado, se manfiestó conforme con el ritmo de la causa. “Hay que tener en cuenta lo que significa este proceso. Lleva 26 cuerpos. Son entre 18 y 21 imputados, más de 300 víctimas. Es de una enorme complejidad y de extrema voluminosidad. La verdad, tanto el juzgado como la fiscalía están trabajando muy bien, más allá de que tengamos diferencias en algunos criterios, por la razón de que tenemos roles diferentes”, dijo.

Sobre la eventual fecha de un juicio oral, indicó: “Para mi lo mi razonable es en 2014”.

“Ahora se cierra el primer tramo sobre una serie de hechos y personas, vamos a apelar tanto las querellas como las defensas, tendrá que resolver la Cámara, el juzgado va a seguir investigando con relación a los hechos de falta de mérito y luego resoverá si hay más procesamientos, que también serán apelados. Una vez que se resuelve todo, se eleverá a juicio y también será apelado. Yo creo que se nos va a ir el año que viene enterito”, resumió.

miércoles, 4 de julio de 2012

El represor Reta condenado a 12 años : en libertad (¿?)

Subzona 1.4: Athos Reta en libertad

El ex policía y represor  Athos Reta, condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue visto en el hospital Lucio Molas junto a un familiar. Tendría un permiso de 20 días por “problemas de salud”.

El pasado 20 de junio, el Tribunal Oral Federal decidió darle la prisión domiciliaria a Reta debido a que su esposa padecía una enfermedad.

La mujer falleció y los médicos determinaron provisoriamente que Reta estuviera en su domicilio por “problemas de salud”. Para respaldar este pedido, se emitieron certificados médicos. Reta iba gozar de este beneficio por unos 20 días.

Este martes, Reta fue visto en el Hospital Lucio Molas junto a un familiar. Testigos aseguran que no estaba esposado ni con custodia policial.

El ex comisario Athos Reta fue condenado a 12 años de prisión por 12 casos de privación ilegal de la libertad agravados por el uso de violencia y amenazas (5 de los casos doblemente agravados) y 6 casos de tormentos físicos y síquicos.

lunes, 30 de enero de 2012

Genocida Baraldini colaboró con grupos nazis de Santa Cruz (Bolivia)

El genocida y ex carapintada Baraldini colaboró con la célula de Rózsa para conspirar

LA PAZ |
El fiscal de Materia, Marcelo Sosa, quien investigó el caso Terrorismo I, develó el jueves que el ex carapintada, Luis Enrique Baraldini, capturado en diciembre de 2011 en Santa Cruz, colaboró con la célula de milicianos de Eduardo Rózsa, para conspirar y tramar una guerra civil para dividir Bolivia.

"Nosotros hemos hallado algunos indicios y comunicaciones que efectivamente el grupo argentino llamado los carapintadas, entre esos el ex militar Enrique Baraldini, estaba en contacto con Eduardo Rózsa Flores", precisó.

Consideró que en el caso Terrorismo II, los fiscales asignados al caso deben investigar la relación que mantuvo el ex carapintada con Rózsa y grupos de poder de Santa Cruz que cooperaron para maquinar una oleada de atentados y generar una guerra civil para fragmentar al país.

"No olvidemos que este es un tema complejo, razón por la que se investigó a unas personas con las cuales se llegó a una acusación, en cambio con el caso terrorismo II se ampliará el abanico de la investigación para establecer quienes cooperaron con Rózsa", enfatizó.

El ex carapintada y represor militar argentino, fue capturado el 24 de diciembre del 2011, tras prolongada investigación que data del 2009, después que la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), el 16 de abril del 2009 desbarató a la milicia encabezada por el boliviano-húngaro, Rózsa.

El ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, denunció que el ex represor militar argentino, Enrique Baraldini, de 73 años de edad, a pesar de tener orden de captura internacional por 350 violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, fue protegido por los grupos de poder de la derecha en Bolivia.

Baraldini había fraguado inclusive una cédula de identidad fraudulenta 4866849 con el nombre de Marco Antonio Aponte, que fue una de las causas para su expulsión del país por haber infringido la Ley de Migración.

Era prófugo de la justicia de su país desde 2003, acusado por delitos de lesa humanidad que cometió en la dictadura de 1976 a 1983, cuando fue jefe de la Policía de La Pampa, donde ahora está recluido en la unidad carcelaria 4 de Santa Rosa.

Sobre los archivos de la dictadura en La Pampa

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Ante la noticia difundida y las palabras del  ministro de Gobierno y Justicia provincial, César Rodríguez, sobre la apertura de los archivos de la dictadura, es muy importante destacar que la ley que los declara intangibles y públicos no se aplica desde su sanción (2006), y que en ese período la Secretaría de Derechos Humanos NUNCA PIDIÓ SU PUBLICIDAD y el MINISTERIO DE GOBIERNO, NUNCA LO PROMOVIÓ. 

También que desde hace 1 año lo reclama el MOVIMIENTO POPULAR PAMPEANO POR LOS DERECHOS HUMANOS y que nunca han tenido acceso. Recién ahora se los dan a la Secretaria de Derechos Humanos. El gobierno de Oscar Mario Jorge, DIFICULTA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS.

domingo, 29 de enero de 2012

Si fuera contagioso... El gobierno provincial abrirá los archivos de la represión militar

Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos.
 
El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. Se indicó a la prensa que ya se firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
“Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, y que se están notificando de esta resolución los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa.
Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
“Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora.
También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó.

lunes, 23 de enero de 2012

Baraldini, el narco genocida, hasta las manos

El ex jefe de policía de La Pampa seguirá preso y ha sido procesado.
Baraldini, sin más protección

Durante ocho años, Luis Enrique Baraldini eludió a la Justicia argentina: huyó a Bolivia donde habría sobornado a la policía para evitar su captura. En diciembre fue detenido y ahora la Justicia lo procesó por delitos de lesa humanidad.

Acusado de más de 350 violaciones a los derechos humanos, el represor y ex jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura Luis Enrique Baraldini fue procesado ayer por el juez federal pampeano, Pedro Vicente Zabala. Baraldini esquivó con éxito la Justicia durante ocho años, desde que en 2003 huyera a Bolivia y permaneciera allí hasta el 24 de diciembre de 2011, cuando fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a la Argentina. Al ser trasladado luego a la ciudad de Santa Rosa, Baraldini se negó a declarar y solicitó su excarcelación, esgrimiendo su presunción de inocencia. El juez Zabala rechazó el pedido de Baraldini argumentando que integrantes de la familia del ex militar pagaban sobornos –que alcanzaron los 20 mil dólares– a miembros de Interpol de Bolivia, para sortear así el pedido internacional de captura que pesaba sobre él.

Jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979, el coronel retirado Baraldini, de 73 años, fue un destacado jefe operativo de la Subzona 14, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Rosa. Según los relatos de testigos, el represor participaba personalmente de las sesiones de tortura, de los interrogatorios matizados con picanas. Baraldini fue además un ex carapintada que sirvió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios, en Palermo, por cuyo hecho fue condenado y apresado hasta 2002, cuando el senador Eduardo Duhalde, entonces presidente interino, lo indultó.

Insultos y gritos de “asesino” recibieron a Baraldini el 29 de diciembre de 2011, cuando fue trasladado del penal de Marcos Paz al Juzgado Federal de Santa Rosa, donde el juez Pedro Zabala y la fiscal Marta Odasso leyeron los cargos en su contra. El represor prefirió callar. De modo que fue retirado –esta vez por la parte trasera del edificio– y alojado en la Unidad 4 de Santa Rosa, donde permanece hasta el momento, reunido junto a otros miembros del comando Subzona 14, condenados en 2010.

Familiares y abogados querellantes lamentaron que el juicio por la Subzona 14, realizado en el segundo semestre del 2010, se efectuara con la ausencia de Baraldini, a quien consideran “la cabeza del terrorismo de Estado en La Pampa y principal responsable de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia”. En aquella sentencia se condenó a nueve represores por 37 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Ahora se espera una segunda etapa penal, cuya instrucción se desarrolla desde el año pasado con un mayor número de hechos y de testimonios.

Tras negarse a declarar a fin de año y quedar detenido en La Pampa junto a sus ex compañeros, Baraldini solicitó el jueves 12 de enero su excarcelación apelando a su presunción de inocencia. La solicitud fue denegada por el juez Zabala en menos de veinticuatro horas. El magistrado expresó que existían “sobrados riesgos procesales para denegar la soltura” y reveló que “hubo un acuerdo espurio” entre integrantes de la familia de Baraldini y la Interpol de Bolivia. La resolución dio a conocer escuchas telefónicas que descubrían presuntos pagos de coimas de 20 mil dólares.

La noticia repercutió en el país vecino: en los últimos días el Ministerio de Gobierno de Bolivia ordenó a la policía de ese país investigar los supuestos sobornos a la Interpol boliviana para evadir la orden internacional de captura que pesaba sobre Baraldini. El represor argentino no es un desconocido en Bolivia. Como retazo del alzamiento carapintada argentino, Baraldini estuvo vinculado en 2009 a una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales.

Al vencer el plazo, diez días después de la negativa a la excarcelación de Baraldini, el juez Zabala resolvió ayer procesar al represor. Será juzgado por los casos de represión ilegal que se conocieron en el primer juicio contra represores pampeanos y se le agregarán los hechos de la segunda causa penal, que suman más de 300 casos. La fundamentación del procesamiento se conocería hoy y, según fuentes judiciales, las partes ya fueron notificadas.

jueves, 19 de enero de 2012

El “doble rol” de la Seccional Primera

El requerimiento fiscal señala que la Seccional Primera de la Policía de Santa Rosa “cumplió un doble rol: el de dependencia policial y el de centro clandestino de detención, donde los detenidos a disposición del Comando de la Subzona 1.4 eran torturados y mantenidos en cautiverio”.

Las pruebas colectadas en la causa Nº 13/09  indican que sin perjuicio de la existencia de los otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas ya mencionados, “la Comisaría 1ª era, por excelencia, el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones (ilegalmente detenidos, ‘blanqueados’ -procesados por infracción a la ley 20.840, a disposición judicial, a disposición del PEN o del Comando de la Subzona 1.4-, o en tránsito entre diferentes lugares de detención), por el que pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún momento del lapso en el que estuvieron privados de la libertad”.

Describe que se trataba de un centro de detención y tortura , según lo que se ha podido corroborar hasta el momento.

Según ha quedado establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal oral de La Pampa en diciembre de 2010, poco tiempo antes del 24 de marzo de 1976 el primer piso de la comisaría primera pasó a estar bajo el control del Comando de Subzona 1.4.

“Las constancias de la causa evidencian que la mayoría de los detenidos por razones políticas eran alojados en la planta baja de la Comisaría 1ª. Se trataba de hombres y mujeres, confinados en un conjunto de celdas individuales”, enumera.

Insiste en que “los detenidos sufrían pésimas condiciones sanitarias, una total incomunicación con el mundo exterior y, en muchos casos, también de sus compañeros de cautiverio. Dentro de las celdas algunos detenidos tenían los ojos constantemente vendados, y no eran sacados al baño para hacer sus necesidades. Por otra parte, se los mantenía esposados, con los ojos vendados y se los encapuchaba cuando eran llevados a los interrogatorios”.

“Estos eran dirigidos y llevados a cabo por personal militar del ejército y de la policía provincial. Indefectiblemente implicaban alguna clase de tortura física o psicológica (golpizas, aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, simulacros de fusilamiento, abusos sexuales, exposición en desnudez, abortos, amenazas de muerte y sometimiento a escuchar los tormentos sufridos por otros detenidos). Los detenidos vivían bajo la amenaza constante de ser llevados a interrogatorios y de sufrir tormentos. En muchos casos, eran privados de alimentos y de la posibilidad de ir al baño fuera de la celda”, señala.

Todos los acusados

La nómina de los 35 acusados por delitos de lesa humanidad en el caso de la Subzona 14 II.

En el caso de la Subzona 14 aparecen acusados como autores las siguientes personas: Carlos Alberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Athos Reta (hasta ahí, todos condenados en el juicio del año 2010), Benavídez (se ignora el nombre de pila), Máximo Pérez Oneto, Miguel Gauna, Juan Domingo Gatica, Oscar “Miseria” López, Rubén René “Chaleco” Giménez, Eulises Oscar Guiñazú, Chamorro, Luis Lucero, Miguel Ochoa, Eduardo Antonio Velásquez, Carmelo Carnovale, Humberto Riffaldi, Orlando Osmar Pérez, José Daniel Alberdi, Mario Domingo Balduini, Enrique Pereyra, Ignacio Victoriano Sosa, Fabio Iriart, Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci.

A ellos se suman los autores “mediatos” Modesto Pedro Rooseleer, Carlos Alfredo Ameza, Carlos Alfredo Sabbatini, Luis Benavidez Samyn, Juan José Amarante (fallecido), José Edgardo Calderón (fallecido), Gerardo José Jauregui y Jorge Omar de Bartolo.

Autores "mediatos": los cargos más importantes

El requerimiento hace referencia a la “autoría mediata” y describe a “individuos que estuvieron incluidos dentro de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización de la actividad de los opositores políticos, desde la estructura estatal".

"Ocupaban importantes cargos dentro de la estructura represiva -ya fuera en el ejército o en una fuerza de seguridad- y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan en este acto”, señala la acusación.

Se los acusa de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

“Estos individuos, sin intervención propia en la ejecución de tales hechos ilícitos, serían penalmente responsables como autores en virtud de su poder de voluntad sobre los efectivos ejecutores, sin perjuicio de que en otros casos concurran con su autoría directa”, diferencia.

“Se trata de las autoridades superiores militares o de las fuerzas de seguridad, quienes habrían, por un lado, emitido las órdenes en virtud de las cuales se cometieron los delitos investigados y, por otro, habrían puesto a disposición de este aparato ilegal todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objetivo criminal. Ellos serían, en consecuencia, quienes habrían dominado la voluntad de los ejecutores en virtud de un aparato de poder organizado”, insiste.

“El autor mediato no necesariamente debe ser, por otra parte, el líder máximo de una organización criminal, sino también puede serlo quien reviste una jerarquía media, mientras que dirija y controle una parte de la organización”, aclara la acusación.

De acuerdo con las consideraciones previas, las personas que en el caso de autos habrían controlado el aparato de poder organizado mediante el cual se cometieron los hechos ilícitos descriptos serían:

- Fabio Carlos Iriart (Teniente Coronel): se desempeñaba, al tiempo de los hechos, como Jefe del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101, Toay, y como Comandante a cargo de la Subzona 1.4 que abarcaba toda la provincia. Tenía el rol de la máxima autoridad bajo cuyas órdenes actuaron la unidad militar del Destacamento 101, el Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘, y la policía de la provincia de La Pampa. Iriart, por su cargo, era el máximo responsable de las acciones llevadas a cabo por el Ejército teniendo a su disposición a la policía provincial y servicio penitenciario nacional. Tuvo la responsabilidad operativa primaria en la conducción de las acciones de la Subzona. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Se le atribuye haber emitido al personal bajo su mando, dentro del marco de operaciones destinadas a combatir la subversión, las órdenes ilícitas respecto de la ejecución de los hechos investigados, proveer los medios necesarios para perpetrarlos y asegurar la impunidad de sus actos.

- Modesto Pedro Rooseleer: relevó a Iriart.

- Néstor Omar Greppi (teniente coronel) ocupó el cargo de Secretario General de la Gobernación de la provincia de La Pampa desde el 24/3/1976 hasta el mes de enero de 1977. En esa función, transmitió órdenes al grupo operativo. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Greppi no se limitó a desempeñarse en actividades administrativas de la gobernación, sino que realizó distintos procedimientos, transmitió órdenes y participó y toleró detenciones y tormentos, y además contó con el aparato informativo que le brindaba la estructura militar funcional en el gobierno de la provincia.

- Carlos Alfredo Ameza, militar a cargo del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, de la provincia. Su labor no se circunscribía a las administrativas, propias del Ministerio que ocupaba y que, hasta el Poder Judicial, le estaba subordinado.

- Estado Mayor: un órgano cuyas funciones consistían -entre otras-, en tareas de enlace entre el Comando y los organismos dependientes del mismo, informar al comandante y representarlo cuando fuera necesario, fiscalización de todas las órdenes que se impartieran que respondieran a planes y normas fijadas por el Comandante, control de cumplimiento de las órdenes del Comandante. Cumplía funciones de asistencia y colaboración con el Comandante. Obtenía información de inteligencia, efectuaba apreciaciones y asesoraba.
En la subzona 1.4, el Estado Mayor estaba a cargo del Segundo Jefe de Subzona (Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101), Teniente Coronel Carlos Alfredo Sabbatini, y la plana mayor: Inteligencia (S2) a cargo del Mayor Luis Enrique Baraldini entre 7/12/1974 y el 18/5/1976, reemplazado por el Mayor Luis Benavidez Samyn entre 18/5/1976 y el 15/12/1976, reemplazado a su vez por el Capitán Juan José Amarante (fallecido) desde el 07/01/1977; Operaciones (S3) a cargo del Mayor José Edgardo Calderón (fallecido) entre el 7/12/1974 y el 15/12/1976, reemplazado por el Mayor Gerardo José Jauregui desde el 15/12/1976; y Logística (S4) a cargo del Capitán Jorge Omar de Bartolo.

- Roberto Esteban Constantino (inspector mayor de policía de la provincia) quien, a la época de los hechos investigados, se desempeñaba como “Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4”, ello por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial. En tal función lideró a los policías de la provincia que perpetraron las conductas criminales. Adquirió un papel protagónico en la retransmisión de las órdenes del Jefe de Policía de la provincia  y, por su intermedio, del Jefe de Subzona en cuanto a la represión de la subversión.

- Omar Aguilera (comisario principal de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Operaciones de Trabajo Subzona 1.4. En calidad de integrante de la fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército, tenía poder de decisión, y más allá de las órdenes que recibía y retransmitía, estaba presente en los distintos interrogatorios que se realizaba en la Comisaría 1ra., participando incluso de los tormentos allí impuestos.

- Roberto Oscar Fiorucci (subcomisario de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Informaciones de Trabajo de la Subzona 14.

Contexto y estructura del plan de represión

En el requerimiento fiscal hay un capítulo en el que se hace referencia puntual y concreta al contexto, estructura y funcionamiento del plan de represión en la provincia.

La Subzona 1.4 -recuerda el documento- comprendía la totalidad de La Pampa. Y describe lo siguiente.

Su comando se asentaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, a cargo del teniente Coronel del Ejército Fabio Carlos Iriart (a partir del 21/9/1975 hasta el mes de septiembre de 1977). Lo sucedió en el cargo Modesto Pedro Rooseleer.

El Coronel del Ejército Néstor Greppi cumplió el rol de secretario general de la gobernación (a partir del 24/3/1976 hasta enero de 1977).

El militar Carlos Alfredo Amenza era ministro de Gobierno, Educación y Justicia.

El Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, se desempeñó como Jefe de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración 101 entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976, para pasar luego a desempeñarse como Jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa.

El teniente coronel del Ejército Oscar Cobuta (fallecido) estuvo a cargo del Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘.

En el Estado Mayor revistaron el Teniente Coronel del Ejército Carlos Alfredo Sabbatini, quien desde el 07/12/1974 y durante el año 1976 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; el Coronel del Ejército Modesto Pedro Rooseler, quien desde el 28/10/1977 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; y luego fue Jefe del Destacamento y Subzona 14, al menos, en el mes de marzo de 1978; el Mayor del Ejército José Edgardo Calderón (fallecido), quien entre el 07/12/1974 y el 15/12/1976 estuvo a cargo de la Sección de Operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Gerardo José Jáuregui desde el 15/12/1976; el Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, quien entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976 estuvo a cargo de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Luis Benavidez Samyn, a partir del 18/05/1976 y hasta el 15/12/1976; el Capitán del Ejército Jorge Omar de Bartolo, quien durante 1976 estuvo a cargo de la Sección de Logística del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101.
La presentación destaca que la Policía actuó como fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército Argentino, elemento orgánico abocado al plan sistemático de represión clandestina e ilegal, bajo las órdenes del Jefe de Policía provincial, Baraldini. El Inspector General Agustín Prieto era el subjefe.

Grupo de tareas

El Jefe del Grupo de trabajo de la Subzona 1.4 fue el Inspector Mayor Roberto Esteban Constantino; el Jefe de Operaciones fue el Comisario Principal Omar Aguilera; y el Jefe de Informaciones, el Subcomisario Roberto Oscar Fiorucci.

El Grupo también se conformó con los oficiales Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Roberto Escalada y Carlos Reinhart.

Ya venían desempeñándose en estas “tareas”, al menos desde principios de 1975, junto a otros, que casualmente llevaban adelante los procedimientos denominados “antisubversivos” o  “en infracción a la Ley 20.840”.

“La metodología criminal era llevada adelante por los imputados, quienes aprovechando sus posiciones dentro del aparato de poder, ejecutaban los hechos criminosos por sí o dominando su ejecución. La utilización de las instalaciones policiales provinciales fue característica de la represión en la subzona -aunque también lo fue en el resto del país-, con una concentración notable en la ejecución de los actos criminales en la Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa”, planteó la acusación.

Añadió que “las personas víctimas de las conductas que se investigan estuvieron ilegalmente detenidas y sufrieron torturas y abusos en varias dependencias policiales, como la Brigada de Investigaciones, la Comisaría de General Pico, la de Catriló y el puesto caminero de la localidad de Jacinto Aráuz, sobre la ruta nacional Nº 35. Sin embargo, en casi todos los casos, la Comisaría 1ª apareció como el lugar común por el que pasó la mayoría de los detenidos y, por algunas de sus características, puede considerarse un centro clandestino de detención (CCD)”.

Nuevos acusados por delitos de lesa humanidad



José Daniel Alberdi, uno de los acusados. Una de las particularidades de la acusación formal que firmó Marta Odasso para elevar al juez Zabala es que se pide investigar crímenes cometidos no sólo durante la dictadura, sino en la etapa previa.
 
La acusación formal por el caso judicial conocido como “Subzona 14 II” -contenida en el requerimiento fiscal- incluye el pedido de investigación concreto para una treintena de nuevos acusados, además de quienes ya fueron condenados en el histórico juicio del año 2010.

En la nómina de imputados hay algunos casos que estaban “cantados”, a partir de la orden que dio en su momento el propio Tribunal Oral Federal. Otros, en cambio, resultaron una sorpresa, aunque se sabía de testimonios concretos que los aludían.

Entre los acusados hay altos jefes policiales de la “democracia”, como José Daniel Alberdi, que fue jefe de Policía durante la gobernación de Rubén Marín. También aparece Luis Lucero, que se desempeñó al frente de la Unidad Regional I.

La presentación fiscal describe la situación y el contexto que se vivía en la provincia durante la dictadura militar, y en la época previa.

El requerimiento fiscal lleva la firma de Marta Fernández de Odasso, y fue elevado al juez federal Pedro Zabala, que lleva a cabo la instrucción. Aunque el documento data del año pasado, se había mantenido en cierta reserva ante la presunción de que algunos de los involucrados pudieran fugarse o contar con ventajads para una estrategia defensiva.

En este caso aparecen acusados 11 ex oficiales del Ejército y 24 ex oficiales y agentes de la Policía -incluyendo a personas ya fallecidas-, por tormentos, secuestros y asociación ilícita, delitos cometidos no sólo durante la dictadura sino también antes de que comenzara el “Proceso de Reorganización Nacional”, el 24 de marzo del ‘76.

Algunos de esos acusados son considerados autores “mediatos” (ver aparte): se trata de quienes ocupaban los cargos más altos en la estructura represiva de la Subzona. Hay otra lista (ver aparte) de “autores” -o sea, quienes realizaron “de propia mano” los delitos (en algunos casos, los autores “mediatos” también aparecen como “autores”).

miércoles, 18 de enero de 2012

Papelón narco de Baraldini y de los militares argentinos

Cuando Luis Baraldini partió en noviembre de 1979 hacia Bolivia como agregado militar en la embajada argentina no era un destino más. Ese traslado estaba enlazado con dos acciones clave de la dictadura militar: el freno a un proceso democrático en Bolivia en el marco del Plan Cóndor; y la preparación del apoyo a los contra nicaragüenses, una acción conjunta de la Junta Militar y la CIA norteamericana para derrotar al gobierno sandinista de Daniel Ortega que había derrocado al dictador Anastasio Somoza.

Baraldini viajó hacia Bolivia en un momento caliente. Fue en el marco del Plan Cóndor, en un resurgir de la izquierda en Bolivia. El 17 de julio de 1980 -unos meses después que llegara Baraldini en un contingente de entre 100 y 200 militares argentinos aportados al Ejército boliviano- se produjo el golpe contra la presidenta Lidia Gueiler, elegida por la Asamblea Legislativa Boliviana.

Ese día en un brutal ataque a la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, fue asesinado el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo cuerpo ahora sus familiares reclaman.

El periodista Rogelio García Lupo (Zona, Clarín, 24/03/2006) revela que en ese operativo participaron militares que hablaban “como argentinos” según testimoniaron sobrevivientes del ataque. Los informes desclasificados de la embajada de Estados Unidos en La Paz también revelan esa colaboración de los militares argentinos.

Se desató una represión brutal en Bolivia. En La Paz y Santa Cruz de la Sierra comenzaron los secuestros y la desaparición de personas, los métodos que aplicaron los argentinos durante la dictadura militar. También en las calles de La Paz y Santa Cruz aparecieron técnicas utilizadas por el Grupo de Tareas que comandó Baraldini en La Pampa: la utilización de una ambulancia, con represores, para secuestrar militantes obreros y políticos, y dirigentes indígenas. Ese método se utilizó en muchas oportunidades en la subzona 14: una camioneta carrozada, con apariencia de ambulancia. Este fue el método utilizado para trasladar a la maestra María Zulema Arizu, una de las víctimas de Luis Baraldini, chupada en la escuela Hogar de Algarrobo del Águila. En ese operativo participaron los ex oficiales Hugo Marenchino (el puntero de Carlos Verna en Eduardo Castex) y Luis Lucero.

“Eran comandos que secuestraban personas en pleno día y a menudo las torturaban dentro de ambulancias en movimiento que recorrían las calles de La Paz haciendo sonar las sirenas para provocar pánico”, relata Rogelio García Lupo.

Un papelón internacional

La actuación de los militares argentinos en Bolivia terminó en un escándalo. Fue el final de la “Narcodictadura” del general Luis García Meza con quien Luis Baraldini compartía además de los métodos de tortura, largas jornadas de equitación, el deporte preferido del dictador. Baraldini era del arma de Caballería.

Dice García Lupo: “La situación estaba descomponiéndose aceleradamente. A principios de 1982 la Marina argentina envió a un capitán de navío con la misión de producir un informe sobre la actividad de los argentinos. Había una grave denuncia sobre el saqueo de la cocaína decomisada y almacenada en el tesoro del Banco Central de La Paz y la investigación comprometía a los argentinos. La Fuerza Aérea, por su parte, ahora había establecido vigilancia sobre los vuelos de retorno de los aviones que transportaban desde nuestro país las raciones para alimentación de las fuerzas especiales. En esos aviones de regreso a Buenos Aires también viajaban narcotraficantes bolivianos y colombianos, por lo general acompañados por equipajes muy pesados que desaparecían junto con sus dueños en el sector militar del Aeroparque”.

La fecha, principios de 1982, coincide con el retorno de Baraldini a la Argentina.

Uno de los militares destinados en Bolivia junto a Baraldini fue el mayor Jorge Mones Ruiz. Compartieron después el alzamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990 contra el ex presidente Carlos Menem que encabezó Mohamed Alí Seineldín. Baraldini era jefe del Regimiento de Palermo donde se produjeron varias muertes.

En el año 2009, el gobierno de Evo Morales reveló que Baraldini y Mones Ruiz participarían de una conspiración contra el gobierno boliviano. El pasado 16 de abril de 2009 en el Hotel de las Américas de Santa Cruz de la Sierra en un operativo fueron muertos tres hombres, fuertemente armados. Otros dos fueron detenidos y otro se dio a la fuga.

Uno de los detenidos reveló el plan para asesinar a Evo Morales. Entre los muertos en un tiroteo está el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores. En un video difundido después de su muerte revela los planes de armar milicias de “defensa” en Bolivia.
“El Gobierno boliviano también le trasmitió al argentino que Baraldini, Mones Ruiz y otra decena de carapintadas tendrían su centro de actuación en el norteño departamento de Beni. El gobierno boliviano cifró a los carapintadas en 11, como los jugadores de un equipo de fútbol, pero expertos locales aseguran que son un poco más, acaso 14. Ambas fuentes coinciden en que los argentinos fueron convocados como instructores militares de milicias por empresarios y terratenientes de Santa Cruz, preocupados tanto por la posibilidad de que campesinos sin tierra e indígenas apoyados por el MAS ocupen tierras fiscales o haciendas improductivas o latifundios hoy en su poder, como por la posibilidad de ser detenidos y enjuiciados por sus actividades. Como ya le pasó al prefecto Leopoldo Fernández a causa de la “Masacre del Porvenir”, el asesinato de 18 campesinos aymaras en el departamento de Pando ocurrido en septiembre pasado, justo antes del regreso de Rózsa Flores”, informa el periodista Juan Salinas en la revista Zoom.

Por Gustavo Laurnagaray

lunes, 16 de enero de 2012

Un médico detenido y exiliado declaró en la causa de la Subzona 14 II

Viajó desde Canadá y se presentó a dar su testimonio en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Jorge Eugenio Oscar Irazusta se exilió hace 36 años.

 El médico Jorge Eugenio Oscar Irazusta, detenido en el 75 en Santa Rosa y exiliado desde la fecha, declaró el pasado lunes 9 de enero en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la investigación de los crímenes de la dictadura militar en La Pampa, en la denominada causa de la Subzona 1.4 II.

Irazusta tiene 68 años y fue uno de los médicos que integraron el Servicio Provincial de Salud en La Pampa durante los años 70 y cayó preso todavía en tiempo del gobierno constitucional. Estuvo detenido en la Colonia Penal del 13 al 21 de noviembre de ese año. El 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe, se exilió en Canadá, dónde aún reside.

El Juzgado le tomó declaración a pesar de la feria judicial porque en diciembre se había comunicado con la Fiscalía, manifestando que tenía previsto un viaje y entre el 6 y el 9 de enero estaría disponible para dar su testimonio.

El pasado lunes por la mañana declaró en el juzgado de la Avenida Roca, según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias . No estaba aún en la nómina de testigos citados, justamente porque no reside en el país y, junto a otros casos, se analizaba que declarasen por teleconferencia o vía diplomática.

El viaje al país y el interés de Irazusta en aportar a la causa, desembocaron en la declaración en el tribunal del juez Pedro Zabala . Es el primer testimonio  judicial que ofrece, ya que en las investigaciones anteriores se consideraron los casos de desaparecidos y detenidos con posterioridad al 24 de marzo del ‘76. Varios de los represores pampeanos condenados en el primer juicio habrían participado de su detención.

“Lo esperábamos”

Una hermana del médico  fue desaparecida por los represores en Córdoba. En agosto de 2010, Irazusta ya había viajado junto a su esposa Cecilia Cornejo para asistir al juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla en Córdoba. Su hermana, María Eugenia Irazusta, fue torturada y asesinada en la jefatura de Policía de esa capital. 

Durante su visita a Córdoba, Irazusta fue entrevistado por la página web Prensared.  “Que haya juicios es lo más maravilloso que ocurre. Algún día tenía que salir todo este pus afuera y no como dice la Iglesia de que haya amnistía. Eso no soluciona nada, es como decir que acá no ha pasado nada. Acá pasó y mucho y los que no sobrevivieron y los 30 mil que no supimos que infierno tuvieron”, dijo en esa oportunidad.

“Hacía años que lo esperábamos. No solo militares y policías lo hicieron. El clero, la justicia, los empresarios y otros sectores de poder también participaron. Nada hubiera sido posible si no hubiera habido un interés además de político, económico. No habrá país si esto no sucede. No se puede perdonar a quien no pide perdón”, expresó.

Opción por los pobres

El caso de Irazusta aparece en el libro “Informe 14”, de Norberto Asquini y Pinky Pumilla, junto al resto de los médicos de ese servicio, que se había formado durante el gobierno de José Aquiles Regazzoli y fue desmantelado por la represión.

A comienzos de los 70, Jorge ya era médico y su esposa asistente social. Luego de casarse, emprendieron juntos un camino de militancia social que los llevó sucesivamente a Chancaní, al norte de Santa Fe, y por último a La Pampa.

“Nunca participamos en un movimiento político como tal pero tuvimos mucha militancia social. Con Cecilia nos conocimos en los campamentos universitarios de trabajo que nacieron en Mendoza con el cura (José María) Llorens en la época en que una parte de la Iglesia tomó el compromiso con los pobres, este cura jesuita fue el primero en irse a vivir en un barrio con los pobres”, contó en Prensared.

Con esa idea, se fueron a vivir a Chancaní, a la zona boscosa de La Forestal argentina.  “En esos territorios vivimos y muy asociados a los hermanitos de la Fraternidad Foucauld, comunidad en la que se encontraba el cura irlandés Patrick Rice, gran defensor de los derechos humanos que fue secuestrado y luego preso. Tuvo que irse a Europa pero regresó en 1984. Todos los curas de la cuña boscosa estaban comprometidos con la Teología de la Liberación, muchos fallecieron, otros terminaron en la cárcel y tantos compañeros que trabajamos juntos y muy cercanos con las ligas agrarias y con la organización sindical de los hacheros que por primera vez en la vida vieron un salario familiar porque se lo quedaban los patrones porque no sabían escribir”, afirmó en la página mediterranea.

Recordó que durante ese trabajo bajo la consigna “no se firma si no se lee” en 1971 los hacheros recibieron su primer sueldo y ellos participaron de ese hecho. Y que junto a otros compañeros pusieron en marcha un plan de salud que permitió bajar los índices de mortalidad materna con el apoyo de la comunidad y del gobierno de Santa Fe. En esa época había una guardia rural que controlaba toda la zona, los “pumas”, que los vigilaban permanentemente y tuvieron que irse.

"Una locura de Camps"

Recalaron entonces en La Pampa. Irazusta ingresó al Servicio Provincial de Salud (SPS), y llegó a ser director de Atención Médica del hospital Lucio Molas.

El 13 de noviembre de 1975, cuando se firmó el decreto que autorizó al Ejército a combatir a la llamada “subversión” y las policías provinciales fueron puestas bajo jurisdicción militar, Irazusta resultó preso y puesto a disposición a del Poder Ejecutivo Nacional. El equipo de salud que lo acompañaba terminó encarcelado en la Unidad Penal 4.

“Ahí el director nos reunió y nos dijo que mientras estemos a su cuidado no sufriríamos torturas”, relató. Hacia fines de 1974, la pareja recibió una amenaza de la Triple A y les pusieron una custodia policial que los acompañaba al  trabajo.

“Nos detienen en noviembre acusados de estar preparando un equipo de salud para la guerra que se venía. Una locura de (Ramón) Camps ( jefe de la Subzona 14 hasta diciembre de 1975)”, consignó.

En esa oportunidad, reveló que por intervención directa de Albano Hardinguegui y por pedido del padre de Cecilia, un coronel retirado, lo liberaron con la condición de quedar bajo tutela de su suegro.

Cuando Irazusta se fue del país, su mujer, Cecilia, permaneció en Salta, su provincia de origen, con sus cuatro hijos. Regresó a Córdoba con sus suegros antes de partir hacia Canadá.
Allí también se encontraba su cuñada, hasta que la joven desapareció.  Poco después apareció muerta, fusilada en un intento de fuga fraguado por la policía cordobesa. Tenía 28 años y tenía ideas de izquierda comunista, aunque no partidaria de la lucha armada.