domingo, 10 de enero de 2016

La impunidad por vía de "vencimiento de plazos " : liberados 5 represores...

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de cinco expolícias. Ellos estaban detenidos en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de los expolícias Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, quienes se encontraban en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad. ¿La razón? El vencimiento de los plazos de las prisiones preventivas (un año y seis meses de prórroga) así que, según el Juzgado, ya no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

Estos cinco exfuncionarios eran imputados por la causa Subzona 14 II, por la que fueron privados de libertad 18 funcionarios entre militares y policías, ocho de ellos condenados a penas de entre 8 y 20 años de prisión por unos 30 casos de secuestros y torturas.

Otros gozan de prisión domiciliaria y aún falta por conocer la suerte del exjefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini, quien se fugó en una oportunidad siendo recapturado en Bolivia a finales del año 2011.

Cabe destacar que todos ellos son acusados de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio contra al menos unas 300 personas, en el marco de la represión ilegal acontecida entre los años 1975 y 1983. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por el referido delito en la Unidad Penal 4.

martes, 29 de diciembre de 2015

Continúa la impunidad : El TOF de La Pampa concedió la libertad a cinco represores

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa le otorgó la libertad a cinco represores pampeanos a la espera del juicio oral y público que se prevé, se realizará en la segunda mitad de 2016, informaron fuentes judiciales. Los beneficiados por el fallo de los jueces fueron los ex policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía provincial, mientras que los otros cuatro fueron parte del staff de la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas de la provincia durante la dictadura militar.

La decisión fue tomada por el tribunal conformado por Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia de Neuquén y Alejandro Silva de Río Negro, ya que venció el plazo de la prisión preventiva. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal 4. En total, son 18 los represores pampeanos que afrontarán el juicio por los delitos de secuestro, tortura, asociación ilícita y genocidio. El pedido de libertad lo hizo el defensor oficial Carlos Riela, y el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación. En ese sentido, los magistrados consideraron que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva -un año y seis meses de prórroga-, por lo cual no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

El único titular del TOF pampeano es Aguerrido, ya que los otros dos integrantes titulares, José Triputti, y Pablo Díaz Lacava, fueran recusados en su momento. Ambos tienen relación con una de las víctimas, el ex juez piquense Miguel De Marco.

Los acusados están procesados por unos 240 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en La Pampa. En septiembre pasado, la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, elevó a juicio oral y público la denominada causa Subzona 14 II, luego de más de cuatro años de investigación.

Silvestre firmó el decreto en la segunda parte de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983. Es la segunda parte de la investigación luego del histórico juicio realizado en 2010 contra nueve de los principales represores.



domingo, 22 de diciembre de 2013

Dos genocidas a casa por navidad

Los dos condenados por delitos de lesa humanidad volvieron a su domicilio, ya que presentaron una apelación en rechazo a la disposición de la Cámara de Casación que determinó quitarles el beneficio de la prisión domiciliaria.

Gracias a un paso burocrático, los represores Roberto Fiorucci y Omar Aguilera podrán pasar las fiestas en su casa, ya que presentaron una apelación que, al menos hasta que se resuelva, les permite postergar la decisión de regresar a la prisión.

Los abogados defensores presentaron un recurso extraordinario y hasta que se define darle curso o no, los condenados podrán estar en sus casas.

Aguilera y Fiorucci están en su domicilio desde el miércoles pasado.

Antes, a raíz de que la Cámara de Casación modificó una decisión anterior, los dos condenados a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad fueron regresados a la Unidad 4. Esa decisión se conoció en medio de los episodios de fugas de represores.

Aguilera y Fiorucci fueron condenados en el primer juicio que se hizo en La Pampa para esclarecer lo ocurrido en la Subzona 14 durante la última dictadura. Además, están procesados en la causa Subzona 14 II, que actualmente está en etapa de instrucción.

La decisión de la prisión domiciliaria la había tomado el mismo organismo, pero de modo provisorio, y en una votación dividida (2 a 1). Cuando fue repuesto el tribunal original, cambió la resolución.

Aguilera reside en una casa de la calle Allan Kardec casi Independencia. Fiorucci registró su domicilio en la calle Buenos Aires de Santa Rosa.

En septiembre del año 2011 Hugo Marenchino también obtuvo ese beneficio. Pero a los cuatro meses tuvo que volver a la Colonia Penal.

Las condenas a Aguilera y Fiorucci fueron dejadas firmes por la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la causa Nº 13.667, la Corte avaló lo actuado por el Tribunal Federal Oral de nuestra provincia, que concretó las históricas condenas el 16 de noviembre del año 2010.

Ese juicio, que derivó en el inicio de nuevas investigaciones que a su vez tendrán como consecuencia otro trámite del mismo tipo, permitió las condenas de Néstor Omar Greppi (20 años de prisión), Omar Aguilera (20 años), Roberto Fiorucci (20 años), Athos Reta (12 años), Oscar Yorio (12 años), Néstor Bonifacio Cenizo (14 años), Carlos Reinhart (20 años), Hugo Marenchino (8 años) y el fallecido Roberto Constantino (20 años: en este último caso, la Corte no intervino).

La Corte desestimó el recurso de queja presentado por los condenados. Intervinieron Ricardo Lorenzetti, María Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay, quienes ni siquiera dieron lugar al análisis de la causa. Eugenio Zaffaroni opinó que se le debía dar una vista previa a la Procuración General.

En todos los casos, los condenados fueron considerados responsables de delitos de lesa humanidad, por tratarse de perseguidos políticos. También el Tribunal consideró el agravante de que las detenciones ilegales -una de las figuras que se imputaron a los acusados- duraron más de 30 días.

A Omar Aguilera lo condenaron a 20 años por privación ilegal agravada en 18 hechos con uso de violencia y amenazas (de los cuales ocho son agravados por una duración mayor de 30 días) y siete hechos de aplicación de tormentos psíquicos y físicos (agravados por ser las víctimas perseguidos políticos).

Igual pena, 20 años, recibió el comisario inspector Roberto Fiorucci por los delitos de privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas (12 hechos agravados doblemente por la duración mayor a 30 días de la detención ilegal) y 13 hechos de aplicación de tormentos.


Fuente: http://www.eldiariodelapampa.com.ar/

miércoles, 10 de julio de 2013

Indagarían a Espinal, el capellán represor, pero sin detenerlo

El sacerdote fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. Aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Pero se admitió “amigo” del genocida Ramón Camps, que ejercía en la Subzona 14.

La Justicia Federal de Santa Rosa convocaría a declaración indagatoria al cura Alberto Espinal, aunque en principio sin reclamar su detención, en el marco de la investigación que se hace por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado en nuestra provincia (Subzona 14).

La definición la debe adoptar en los próximos días el juez subrogante José Charlín, a partir del pedido formulado por el fiscal Juan José Baric.

El tiempo que pasó desde el momento en que se formuló la petición, vuelve lógico el hecho de que no se produzca la detención, pero sería un hecho que el magistrado reclamará la indagatoria del sacerdote, es decir su declaración como sospechoso de haber cometido un delito.

Tal como informó El Diario, el pedido se basa en testimonios y otras pruebas que reflejan el accionar de Espinal durante la última dictadura militar. Puntualmente, hay un fuerte testimonio de una presa política que lo involucra: Ana María Martínez Roca reveló en el juicio de 2010 que el sacerdote la interrogaba respecto de su vinculación con Montoneros.

Espinal es el cura que aparece en la portada del libro “El Informe 14”, de Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini, junto a Luis Baraldini, Ramón Camps y monseñor Adolfo Arana.

Espinal fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. En declaraciones públicas que hizo el año pasado, aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Su primer jefe en aquel destino fue Camps, después sucedido por el coronel Fabio Iriart.

“El amigo Camps”, lo refirió Espinal al genocida durante un diálogo que tuvo con el periodista Asquini en el año 2010, cuando el cura estaba en la Casa Inspectorial “Nuestra Señora de Luján” del barrio porteño de Almagro. El cura también es recordado porque dio clases en el Colegio Domingo Savio, de la capital provincial.

“Tenía otras intenciones”

Ana María Martínez Roca reveló, durante el juicio de la Subzona 14 que se hizo en 2010, que la interrogó el cura Alberto Espinal. “Lo único que hacía era preguntarme si era montonera”, reveló la mujer en una de las jornadas de agosto de aquel año.

Víctima de la última dictadura, Ana María Martínez detalló aquella vez, en un conmovedor testimonio y por primera vez en su vida, los tormentos que sufrió. “Nunca digas lo que viste, sino te vamos a ir a buscar y te vamos matar”, le advirtió el exjefe de Policía Luis Baraldini cuando la liberaron. Tras las torturas, perdió 15 embarazos, según contó.

Según la causa judicial, la víctima fue privada ilegalmente de su libertad a fines del ‘75. La trasladaron desde Buenos Aires para después ser alojada en las dependencias de la Seccional Primera de Santa Rosa. Por la tortura, estaba desfalleciente. Le indujeron un aborto. En el juicio contó que el único que la interrogó fue el cura, un capellán del ejército. Lo reconoció en la tapa del libro “Informe 14” en una foto en la cual está al lado de Baraldini y del exobispo Adolfo Arana.

“También rezábamos, pero tenía otras intenciones”, dijo.

“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería saber es si era de Montoneros o andaba en algo peligroso y si sabía de las cosas que hacía (Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía, me interrogó”.

A ella la detuvieron justamente porque era la novia de Hugo Chumbita. Fue liberada por los insistentes reclamos de la madre. La sacaron de madrugada, la subieron a un tren y la bajaron en una estación desierta cerca de Santa Rosa.

miércoles, 3 de julio de 2013

Piden la detención de un ex capellán del Ejército en La Pampa

Un sacerdote interrogador

Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975, declaró en un juicio oral que el entonces capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros. Lo reconoció por la foto de un libro periodístico.

El fiscal Juan José Baric pidió la detención e indagatoria de Alberto Espinal, un sacerdote que ofició como capellán en el regimiento de la ciudad pampeana de Toay entre 1974 y 1982, en el marco de la investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que lleva a cabo el juzgado federal de Santa Rosa.

Barlic formalizó la presentación la semana pasada ante el juez federal subrogante José Charlín, quien en las próximas horas deberá resolver sobre el pedido. El fiscal general de Santa Rosa basó su decisión en testimonios de víctimas del terrorismo de Estado que durante el proceso de juicio oral por delitos de lesa humanidad públicamente conocido como la causa “Subzona 14”, que tuvo lugar en La Pampa en 2010, involucraron a Espinal.

El principal relato fue el de la presa política Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975 y quien en aquel juicio oral contó a la Justicia por primera vez los tormentos sufridos. La mujer, quien aseguró reconocer a Espinal cuando vio la foto del libro El Informe 14, de los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, declaró ante el Tribunal Oral Federal pampeano que el capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros.

“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así –en referencia a su condición de detención clandestina– me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería era saber si era de Montoneros o andaba en algo peligroso, y si sabía de las cosas que hacía (entonces su compañero, el historiador Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía. Me interrogó”, testimonió en agosto de 2010 Martínez Roca. En 1975, la mujer fue secuestrada y trasladada desde Buenos Aires a la seccional Primera de Santa Rosa y allí torturada. “Nunca digas lo que viste, si no te vamos a ir a buscar y te vamos a matar”, declaró que le había advertido Baraldini, entonces jefe de Policía, ante la Justicia en el mismo juicio en el que había involucrado al capellán.

Espinal aparece en la portada de El Informe 14 junto a los represores Luis Baraldini –sentenciado en el juicio en el que declaró la mujer–, Ramón Camps y el obispo Adolfo Arana. Según informó un diario local, el capellán negó saber acerca de secuestros, detenciones ilegales, torturas y desapariciones durante su paso por La Pampa entre 1974 y 1982: “No tenía idea de lo que pasaba. Yo era capellán de soldados”, se excusó.

En esa entrevista telefónica realizada por Asquini en marzo de 2012 y que ayer difundió el medio gráfico pampeano El Diario, Espinal detalló también cuándo y en dónde ofreció sus servicios parroquiales. Mencionó su paso por la capellanía de Toay “hasta que comenzó lo de Malvinas” e informó que regresó tras cuatro años de trabajar en Córdoba. Luego de un año de sacerdocio en General Acha, lo trasladaron a un colegio de La Plata. Por último, ante la consulta del periodista sobre quién era el jefe militar cuando ofició como capellán del Ejército pampeano, Espinal mencionó que el cargo lo ocupaba “el amigo Camps”, en referencia al genocida Ramón Camps.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Rechazado el recurso de excarcelación al genocida Baraldini

El coronel (R) Luis Enrique Baraldini fue ADEMÁS, luego un jefe carapintada
La Corte Suprema rechazó un recurso para excarcelar al ex jefe de la policía de La Pampa
La Corte Suprema de Justicia la Nación rechazó un recurso contra la resolución que se opuso a la excarcelación de un ex jefe de policía de La Pampa procesado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.El pedido de excarcelación del coronel (R) Luis Enrique Braldini también había sido rechazado en todas las instancias previas. Tanto el juez federal de Bahía Blanca Pedro Zabala como las cámaras federales de esa localidad y de Casación Penal consideraron que, en libertad, Baraldini podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.

A Baraldini, que fue jefe de la policia pampeana hasta 1979, se le atribuye haber sido en el jefe de la denominada Subzona 14 II,  y por lo tanto tener responsabilidad directa en centenares de casos de detenciones ilegales y aplicación de tormentos.

Según constancias de la causa, en la Subzona 14 II funcionaban como centros clandestinos de detención y torturas en la ciudad de  Santa Rosa tanto la seccional 1ª de la policía pampeana como la Brigada de Investigaciones.

Baraldini se había ocultado en Santa Cruz, Bolivia, dónde regenteaba una academia de equitación y conspiraba contra el gobierno del presidente Evo Morales. Fue extraditado a fines de 2011.

El fallo de la Corte que rechazó el recurso extraordinario fue firmado por Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

El juez Zabala firmó el procesamiento de Baraldini por secuestros y torturas

 El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, firmó ayer -tal como se preveía- el procesamiento al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini.
El responsable de la Subzona 14, que funcionó en nuestra provincia en esa época, fue procesado por secuestros y torturas: se lo acusa de haber cometido 350 violaciones a los Derechos Humanos.
Los argumentos formales utilizados para su procesamiento se conocerán en las próximas horas: el juez Zabala prefirió no hacerlos públicos hasta que se difundan a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Sí se supo que se trata de una resolución muy extensa y meticulosa, que no sólo tiene en cuenta el accionar en sí de Baraldini, sino el contexto de la situación, que tuvo su influencia en la condena a los otros integrantes del grupo de tareas, en el año 2010.
Baraldini no estuvo sentado en el banquillo, en esa ocasión, porque estaba prófugo, pero cayó el 24 de diciembre del año pasado, en Bolivia, cuando intentó falsear su identidad.
Baraldini había solicitado su excarcelación, basándose en la “presunción de inocencia” que tienen todos los ciudadanos hasta antes de ser juzgados y condenados. Pero Zabala se la rechazó, con varias fundamentaciones.
El ex jefe de la Policía pampeana permaneció durante ocho años en calidad de prófugo. Fue trasladado de Bolivia a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Pidió que lo dejen detenido en la Colonia Penal 4. Quiere estar cerca de sus familiares -su hija Sandra vive en la capital pampeana- y tener a mano a su abogado.
Permanece alojado en el Pabellón 2 Bajo junto a los otros miembros del comando Subzona 14 condenados por la Justicia en 2010. Fueron condenados a 20 años de prisión el ex capitán Néstor Greppi y los ex comisarios Roberto Constantino (fallecido), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años, el oficial Néstor Cenizo; a 12, los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 años, Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año.
No fue condenado por estar ausente en el juicio el ex coronel Fabio Iriart, por estar enfermo.
A partir de que el procesamiento de Baraldini quede firme, el ex militar se había negado antes a declarar en indagatoria. Será juzgado junto al resto de los represores condenados en el primer debate y a los nuevos imputados en el segundo juicio a los responsables de la represión en La Pampa durante la última dictadura militar.
Será investigado por los 28 casos de tortura y por los secuestros ilegales que se ventilaron en el primer juicio contra los represores pampeanos, en el segundo semestre de 2010. También se le sumarán los hechos que se investigan en el segundo juicio, más de 300 casos.
Respecto de la causa Subzona 14 II, el Juzgado Federal lleva tomada la mitad de las testimoniales previstas. Es improbable que se llegue a juicio durante el año que viene. Después de que finalice la lista de testigos, el Juzgado tendrá que indagar a los imputados y, luego, resolver su situación legal (si son procesados o no).
A partir de ese momento, los imputados podrán presentar apelaciones en la Cámara de Bahía Blanca. Los tiempos dependerán desde ese momento de la mayor o menor diligencia de ese tribunal hasta agotar la resolución de las apelaciones.
Recién cuando los procesamientos queden firmes, el Juzgado podrá requerir el juicio y el TOF fijará la fecha de las audiencias.
Los operadores judiciales estiman que, con mucha suerte, se podría presentar la elevación a juicio a fines del año próximo, y recién en 2014 se llegaría a realizar el debate.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Subzona 14 II: dictaron los procesamientos a 16 policías y 2 jefes militares

Están imputados 16 policías y 2 militares.

El abogado Franco Catalani indicó que quedaron disconformes con dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. Apelarán.

Embargos millonarios

Uno de los abogados de los querellantes, Franco Catalani, afirmó ayer que el procesamiento que el procesamiento de 19 policías y militares que firmó el jueves último el Juez Federal, Pedro Víctor Zabala, en el marco de la causa de la Subzona 14 II, se da en el marco de una “investigación amplia, minuciosa y muy profesional”.

El letrado elogió  el fallo, consieró que seguramente se ampliarán los procesamientos en nuevas etapas y estimó que, a partir de las apelaciones que se presentarán, el juicio oral se realizaría en el año 2014. Por otro lado, Catalani anticipó que está elaborando una apelación a la decisión del juez de no procesar a los acusados por  los delitos de genocidio y rebelión, como se había pedido desde las querellas.

Catalani indicó que quedaron disconformes con los dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. En cambio, el juez Zabala si aceptó acusar a los imputados por el delito de asociación ilícita, además de los secuestros y torturas.

“En general estamos muy satisfechos. La investigación es minuciosa, amplia y muy profesional”, le dijo a El Diario. También mencionó que en los dos imputados que se dictó falta de mérito, no quedaron desligados de la investigación sino que se puede seguir aportando evidencias.

“Por una cuestión particular de la querella, ideológica y si se quiere política, estamos apelando dos puntos”, aclaró. Y explicó que, en el caso de la rebelión, se aplica a la deposición por la fuerza de los poderes legalmente constituídos. “El juez dice que la rebelión no forma parte de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, de haber existido, habría proscrpito”, explicó el abogado.

“Nos parece un argumento desacertado. Lo mismo podría haber dicho para el delito de asociación ilícita,  y, sin embargo, se los imputa. Además, en la definición de delito de lesa humanidad, en el inciso K se contempla otros hechos. Es una forma abierta en la que entraría la rebelión”, argumentó.

En el caso de la figura del genocidio, el juez la rechaza por que se aplica a la persecución de grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. “Dice que no se hizo una persecución contra esos grupos. Por un lado, el adjetivo nacional puede implicar la militancia política, gremial y social que fue objeto de persecución. Por otro, creemos que cuando se menciona grupo, no se puede circunscribir a esos cuatro, sino que la eliminación de cualquier grupo, por el motivo que sea, es un genocidio”, apuntó.

En los distinos fallos que se sucedieron en el país contra los represores, nunca se incluyeron la figura del genocidio o la rebelión. En algunas sentencias, sí se aplicó la asociación ilícita.

Juicio oral

Catalani comentó que el juez Zabala “seguramente va a ampliar los procesamientos si es que cabe esa situación”. “No creo que vaya a haber otro juicio. La idea es concentrar todo lo que se pueda, en este segundo procedimiento”, respondió sobre la posibilidad de que haya acusados que queden afuera del próximo debate oral.

Por otro lado, se manfiestó conforme con el ritmo de la causa. “Hay que tener en cuenta lo que significa este proceso. Lleva 26 cuerpos. Son entre 18 y 21 imputados, más de 300 víctimas. Es de una enorme complejidad y de extrema voluminosidad. La verdad, tanto el juzgado como la fiscalía están trabajando muy bien, más allá de que tengamos diferencias en algunos criterios, por la razón de que tenemos roles diferentes”, dijo.

Sobre la eventual fecha de un juicio oral, indicó: “Para mi lo mi razonable es en 2014”.

“Ahora se cierra el primer tramo sobre una serie de hechos y personas, vamos a apelar tanto las querellas como las defensas, tendrá que resolver la Cámara, el juzgado va a seguir investigando con relación a los hechos de falta de mérito y luego resoverá si hay más procesamientos, que también serán apelados. Una vez que se resuelve todo, se eleverá a juicio y también será apelado. Yo creo que se nos va a ir el año que viene enterito”, resumió.