lunes, 16 de agosto de 2010

Sospechado de “buchón” no quiere declarar.

El ex presidente del Partido Justicialista pampeano Carlos Osvado Aragonés ha pedido no declarar como testigo en el juicio de la Subzona 14 aduciendo razones de salud, para lo que presentó un certificado médico. El tribunal ha resuelto que enviará un perito médico oficial para que lo revise y dejó abierta la posibilidad de citarlo más adelante y hasta que preste una declaración ante los jueces en su domicilio en la ciudad de General Pico, donde reside, a 100 kilómetros de la capital pampeana.

Aragonés, que es una de las 28 víctimas del caso, estuvo tres semanas detenido en la Unidad 4, después del golpe militar, aunque no fue torturado. En ese momento era diputado nacional. Su solicitud provocó murmullos en la sala. Ocurre que está denunciado penalmente como colaborador civil de la represión ilegal. Incluso varias víctimas lo han calificado públicamente de "buchón". Por ese motivo demandó económicamente a un periodista.

“Papá fue otro luego de su detención". Declararon los hijos de Manuel Zolecio

Tres de los cinco hijos de Manuel Zolecio, una de las víctimas que más sufrió las torturas en la Seccional Primera,  remarcaron que el mes de detención significó para el padre un punto de inflexión en su vida. "Hasta mayo fue un papá, y después otro", coincidieron en afirmar Patricia Laura, Claudia Celia y Héctor Germán, siendo éste último el único que recordó dos nombres de los represores señalados por su padre cuando se los cruzaba por la calle: Oscar Yorio y Roberto Fiorucci.

Según relata el diario La Arena, el entonces director de Ceremonial y Seguridad de la Gobernación de José Aquiles Regazzolli fue detenido ilegalmente en abril de 1976 y trasladado a la Primera. Esa misma noche, en el Tiro Federal, fue "atado a un poste y sometido a un interrogatorio bajo la aplicación de golpes y picana eléctrica" en los testículos y en una pierna.

En la investigación abierta en 1984 Zolecio declaró que "el dolor fue tan intenso” que solicitó que le pegaran un tiro. Un policía, Carlos Sotelo, afirmó que "fue el detenido que más sufrió los golpes brutales de los oficiales", a tal punto que a las dos semanas fue internado en el hospital Lucio Molas de la capital pampeana.

Su hija Patricia se quebró al recordar que al volver de su detención “era un hombre destruido, al que despidieron del trabajo porque había estado preso. Lloraba como un chico... no era el mismo", resumió.
La otra hija, Claudia, recordó que su mamá iba todos los días a pedir explicaciones  a Baraldini, pero éste jamás le atendió. "Mi novio lo fue a buscar cuando salió de la Primera. Cuando volvió a casa era un hombre muy anciano, parecía 20 años mayor; estaba destruido. Le costó muchísimo recuperarse", expresó. Por las lesiones sufridas quedó rengo de una pierna y más adelante tuvo que operarse de la cadera. “Con el tiempo dijo que lo habían torturado, picaneado y golpeado", contó.

Germán, el único de los hermanos que estaba en la casa cuando se llevaron a su padre, pese a tener 9 años en aquel entonces explicó que Zolecio "tenía 49 años, Era sano y de contextura grande. Hasta mayo había sido un papá; después fue otro. Estaba deteriorado física y psicológicamente, y estuvo bajo tratamiento psiquiátrico. A la noche soñaba y gritaba. Tenía un estado constante de alteración. La picana se la daban vendado en una especie de camilla o escritorio de metal, y él adjudicaba su problemas en la pierna a que lo dejaban con las rodillas colgando. Le preguntaban por cosas insólitas, disparatadas, como si tal día se había ido de joda a Buenos Aires. También lo amenazaron diciéndole: 'Sabemos que tus hijos estudian en Buenos Aires. Los vamos a limpiar porque militan en la izquierda”, relató.

Para finalizar, destacó que su padre “nunca” les inculcó “odio, ni bronca, ni revancha, ni venganza. Sólo quería justicia. Ojalá hubiera podido estar hoy acá", ansió.

Recorrido ocular por la comisaría.

La ex detenida política Raquel Barabaschi fue la testigo encargada de indicar a los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa los lugares donde eran alojadas y donde eran torturadas las víctimas, en una inspección ocular del edificio de la Seccional Primera de Santa Rosa, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la provincia de La Pampa durante la dictadura militar.

Athos Reta fue el único de los represores imputados que quiso estar presente en el recorrido, actiud que según el diario La Arena, se tomó “más como una forma de presión que de contribuir.” Incluso algunos testigos señalaron que se le vio sonreír en algunos pasajes del recorrido.

En los años 70, cuando era territorio de la Subzona 14, en la planta baja funcionaba la comisaría y en sus calabozos eran alojados los detenidos. En la planta alta, sede de la Unidad Regional I, eran llevados por las noches y torturados por los miembros del grupo de tareas.

Barabaschi indicó al juez Tripputi y los demás presentes cómo era el lugar hace más de treinta años, y que reconoció a pesar de las modificaciones realizadas en su estructura realizadas hace décadas.  Al respecto el abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Leonel Curutchagüe consideró que "es bueno que la víctima pueda estar en el lugar para que los jueces puedan hacer el mapa mental del lugar. Esto pasó por ejemplo con la Esma".

Al salir del recorrido, visiblemente conmovida, la ex detenida y una de las principales impulsoras de la causa, expresó que "es difícil después de décadas recorrer los mismos pasos que hace 34 años atrás, pero es necesario para la verdad y la justicia y contra la desmemoria. Por eso hacemos este esfuerzo de estar de pie", concluyó.

Un ex policía complicó a los represores

Al igual que lo había hecho en las investigaciones de 1984, el ex policía Julio Díaz volvió a relatar ante el Tribunal los maltratos a los que fueron sometidos Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma y Héctor Manuel Zolecio en la Seccional Primera de Santa Rosa.

Díaz formaba parte de la custodia del ex gobernador José Aquiles Regazzoli y luego del golpe fue trasladado a la Seccional Primera. Ahora sentado frente a los represores contó que los detenidos eran llevados de madrugada a la planta alta de la Seccional Primera -donde funcionaba la Unidad Regional a cargo del comisario Roberto Constantino- y que volvían "duramente castigados", con un estado físico "deprimente" y "con los cuerpos y las ropas mojadas", según publica el diario La Arena.

El testigo agregó que eso lo vio en forma directa, también que Zolecio debía ser ayudado porque era "imposible" que caminara por sus propios medios debido a las torturas recibidas. No obstante aclaró que no observó lo que sucedía en esa planta alta debido a que nunca había subido, aunque sí lo hizo en un par de ocasiones el por entonces jefe de la policía, el represor prófugo Luis Baraldini.
 
Asimismo afirmó que los detenidos nunca fueron visitados por un juez, un secretario de un tribunal ni por familiares y no recordó si el médico policial, Máximo Pérez Oneto, los revisó en alguna oportunidad.
 
Al ratificar su declaración de hace 26 años, el sargento que estuvo dos décadas en la Policía y fue cesanteado por una condena por lesiones leves, señaló a Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Néstor Cenizo, Oscar Yorio, Athos Reta, Omar Aguilera, Reinhart y a dos personas que no están imputadas (el mayor Juan José Amarante y el policía Oscar López) como los que presuntamente golpeaban a las víctimas. A todos ellos no los había vista, hasta ayer, en los últimos veinte años. También mencionó a los suboficiales René Giménez, Orlando Pérez y Dionisio Gualpas.

"Camps armó la lista de detenidos", testimonio del ex detenido Nelson Nicoletti

El periodista y por entonces director del diario La Capital y secretario del Sindicato de Prensa, Nelson Nicoletti,  identificó al represor Roberto Fiorucci como quien en la noche del  23 de marzo de 1976, horas antes del golpe,  lo detuvo en la redacción del diario, y acusó al anterior jefe de la Subzona 12, Ramón Camps de su detención.
“Él dejó la lista completa, por eso pudo ser antes. Se trató de un plan perfectamente constatable. No fue casualidad que detuvieran a Raulito (D´Atri, periodista de La Arena), a Saúl (Santesteban) y a mí. Incluso en 1978, en un congreso nacional clandestino del gremio, faltaban siete secretarios generales y otros aún estaban detenidos", declaró.
Tranquilo, aunque por momentos visiblemente emocionado, se extrañó de que los represores “no digan lo que pasó, como lo decimos los de este lado", y agregó que le producía una gran decepción “que la justicia no haya estado a la altura del requerimiento de los ciudadanos porque no han juzgado el golpe a la democracia".

"Me causa desazón que no estén acá personas que fueron responsables de instituir el terrorismo de estado en La Pampa, como Camps, Iriart, (el gobernador de facto Carlos Enrique) Aguirre y Baraldini", sostuvo el testigo, según publica el diario La Arena.
Según su relato, en la Unidad 4 vivió "un régimen carcelario, pero humano" junto al director de La Arena, Saúl Santesteban, el ex diputado Roberto Gil, el ex ministro Santiago Covella, Hermes Accátoli, Mireya Regazzoli, Miguel Maldonado, Nicolás Navarro y José Mendizábal, entre otros. Gil, Accátoli y Covella le contaron de los maltratados recibidos en la Seccional Primera.
Nicoletti y otros pampeanos fueron trasladados de Santa Rosa al penal de Rawson. Voló esposado con Covella, y en un momento presintió “que tiraron desde el avión a una persona”. Recordó que allí se bañaban  con agua fría en la ducha que estaba en la terraza. "Por esa ducha Agustín Tosco contrajo el asma que lo llevó a la muerte", remarcó.
Quedó en libertad recién e 16 de noviembre del mismo año, “creo que fui el primero de mi pabellón que siguió con vida", aclaró, y agregó que de regreso a la ciudad Iriart lo mandó a llamar y le preguntó "si era tonto o estúpido" y por qué no se iba del país, una posibilidad que tenían los que habían estado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Durante tres años vivió bajo un régimen de "libertad vigilada" y debió presentarse periódicamente a la oficina de Inteligencia del Ejército que funcionaba en la calle Quintana.
El periodista indicó que las detenciones ya se practicaban desde el gobierno de Isabel Perón -"veníamos zafando, hasta que no zafamos más" -argumentó-, y que su correlato fue un decreto del gobernador José Aquiles Regazzoli colocando a la Policía bajo el mando del Ejército. "Había una matriz, un modelo", graficó. Junto a Regazzoli y su hija Zelmira enjuiciaron al Ejército y al Estado Nacional por sus detenciones, pero la causa fue archivada.

En primerísima persona contó que "un preso necesita sentir culpa para que le cierre la vida", en alusión a que nunca supo qué había hecho y porqué estuvo detenido. Para consolarse, autojustificó su detención en su militancia política y en su rechazo al golpe. Esa situación de limbo judicial, afirmó, es una clase de tortura extrema. "En charlas de presos llegué a decir que hubiera firmado una sentencia a 10 años a cambio de haber accedido a un juez".
 "(Los represores) tienen que hacerse cargo de sus tropelías, aunque hayan pasado 34 años. Esto no se cierra si no es con justicia", finalizó, no sin antes admitir que le dolía “que se vapulee a la Iglesia. Es cierto que fue cómplice (de la dictadura), pero otros sectores se mostraron comprometidos, buscando como nosotros un mundo mejor", concluyó.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Los primeros testimonios


Los dos primeros testigos del juicio, el director del diario La Arena, Saúl Santesteban, y el ex sindicalista Miguel Angel Maldonado, declararon en la primera jornada del juicio.

Santesteban fue el primero en brindar su testimonio, dijo que durante la dictadura fue secuestrado en su domicilio el 24 de marzo de 1976 a pocas horas de producido el golpe de Estado por un operativo militar. "Era mi tercera detención, ya tenía experiencia por mi actividad periodística", dijo.
"Estaba en mi casa con mi esposa y mis cuatro hijos, uno estaba estudiando en Buenos Aires, y se produce un allanamiento, que era algo más. Un oficial del Ejército entró al dormitorio, con un soldado, y me ordenó vestirme. Salí al exterior, subí a la caja de un camión y me llevaron detenido junto a (Victorio) Vlasich. Fuimos los primeros en llegar a la Colonia Penal", dijo.

Durante su declaración, Santesteban, aunque no hizo acusaciones directas hacia los nueve represores, trató de informar sobre el estado de terror que vivía el país. De hecho, el diario LA ARENA había recibido un atentado con una bomba en su sede de la calle 25 de Mayo en agosto del 75, su director había sido amenazado por la Triple A y desde noviembre de 1975 Raúl Celso D'Atri, hijo del fundador, había sido detenido por su actividad política y estaba preso en una cárcel de máxima seguridad.

Sí hubo nombres cuando recordó el hecho de la detención de D'Atri: "ya estaba instalado el terror. Cuando detuvieron a mi cuñado fui hasta la casa de su esposa y ahí fueron los policías. Estaban Constantino y Aguilera. Constantino me dijo 'Usted viene también'. Y estuve preso esa noche en la Seccional Primera".

Durante la dictadura, Santesteban estuvo detenido hasta el 14 de abril en la Colonia Penal. Allí observó desde la rendija de su celda cómo le tomaban fotografías a otros cincuenta detenidos en otra habitación. "Estaban Maldonado, Nicoletti, 'Pepe' Brinatti, (Roberto) Gil y (Hermes) Accátoli, Victorino García, el diputado (Erberto) Cuevas. Covella que era ministro", indicó.

El periodista estuvo incomunicado hasta que fue interrogado a comienzos de abril por el comisario Guevara Núñez. "Me di cuenta -continuó- por qué estaba cuando me preguntaron si había escrito una serie de artículos cuando hubo razzias en noviembre del 75. En esos artículos consideré que eran disparatados los procedimientos porque no había actos terroristas en la provincia o enfrentamientos armados. No se podía poner bajo el PEN a los detenidos si eran sospechosos, sino llevarlos ante sus jueces naturales, porque estábamos en un estado de derecho".

El pasaje más importante de su declaración llegó cuando dijo que "hubo un incidente que los hechos que se producían entonces me hicieron omitir de denunciarlo. En el pabellón había unos cincuenta presos y nos llevaban de a uno al baño. Hasta que decidieron, al darse cuenta del maltrato, que fuéramos de a dos. Fui con Roberto Gil, al que conocía bastante, y me preguntó 'che, flaco, ¿cómo te trataron a vos?' Le respondí que dentro de todo, bien. 'A mí me rompieron el alma', dijo, y se levantó la camiseta y me mostró que tenía el abdomen convertido en una morcilla".
"Cuando salí, dije 'esto lo denuncio'. Me reintegro y digo a mis compañeros lo que iba a hacer y me dicen 'vos estás loco. Nos quedamos sin trabajo'. Y además, a quién podíamos denunciar el caso, si no había autoridad para hacerlo. Hay que estar en esos momento", comentó.

"No era peligroso"

Luego fue el turno de Maldonado, que durante los años 70 fue secretario general del combativo gremio de los municipales hasta que fue detenido el 24 de marzo a la madrugada. Estuvo preso en la Unidad Penal 4 y luego, en septiembre de ese año, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Trelew, donde pasó meses de maltrato.

El ex sindicalista relató que fue detenido "por nuestra actividad, que nosotros entendíamos debía servir a los trabajadores, en buscar la justicia y la verdad".

El día del golpe fue apresado en su casa por una comisión policial y quedó a disposición de la Subzona 14. "Estuve sin causa ni proceso hasta que me pusieron a disposición del PEN", relató.

La acusación más grave de Maldonado llegó al recordarles a los represores, en diferentes momentos, mirándolos, que "en todo ese tiempo estos señores sabían quién era yo. Tuvieron suficiente tiempo para decir que no tenía que estar preso porque sólo era dirigente sindical, no era peligroso. No hicieron nada para que no me trasladen afuera de la provincia. Estas personas de Santa Rosa ¿cómo se comportaban con su familia? No sé cómo pueden mirar a la sociedad o a sus hijos con lo que han hecho. Primero hay arrepentirse y hasta ahora ninguno, de Videla para abajo, lo ha hecho".

Maldonado indicó que mientras estuvo en la Colonia Penal un día lo esposaron y lo vendaron y lo llevaron así hasta un lugar que pudo haber sido la Seccional Primera. Allí fue interrogado. "Les llamaba la atención que siendo sindicalista no tuviera casa ni auto. Ese era el merecimiento de estar preso. Yo era de la democracia cristiana y me pusieron que era del Partido Comunista Cristiano. No sé que libro habrían leído. Al terminar, apareció otro, me sacaron la venda y me hicieron firmar una hoja", comentó.

Durante su detención en Santa Rosa, el testigo dijo que compartió la cárcel con Accátoli "que llegó muy golpeado, todo marcado con hematomas, por todos lados". También con Covella, Hugo Ferrari y Gil, que tenía "un hematoma color negro en el abdomen".

Aunque los hechos no tuvieron que ver con los casos que se están juzgando en el TOF de Santa Rosa, la mayor parte de la declaración de Maldonado giró en torno a las torturas y padecimientos que tuvo que vivir él y sus compañeros pampeanos a partir de que fueron subidos a un avión del Servicio Penitenciario Federal para ser trasladados a Trelew.

El ex sindicalista relató diferentes maltratos. En un momento recordó: "Nos ataron al piso del avión y nos golpearon hasta llegar a Neuquén. Se tuvo que volver a Santa Rosa y fue con el mismo trato. Después otra vez a Trelew. Ahí abrieron la puerta del avión y gritaron 'carne para los tiburones', y a alguien tiraron".

Pacto de silencio: los acusados se negaron a declarar en el juicio

El silencio fue la respuesta que dieron ayer los represores. Ninguno de ellos abrió la boca en el inicio del histórico juicio por las privaciones ilegales y las torturas infringidas en la Subzona 14 en perjuicio de 28 víctimas. Sin embargo los nueve prometieron que hablarán cuando se lo digan sus defensores.

El ex secretario de la Gobernación durante la dictadura, el coronel Néstor Omar Greppi (67 años), y los ocho policías que conformaron el grupo de tareas llegaron esposados a la sala de audiencia del Colegio de Abogados desde la Unidad 4, donde están presos, y mostraron en común la indiferencia de sus rostros frente a las imputaciones y las declaraciones de los testigos. Uno de ellos, Miguel Maldonado, llegó a preguntarse: "Cómo hacían el Día del Padre, qué les contaban a sus familias; torturamos a éste, le pegamos al otro... no pueden mirar a los hijos con lo que hicieron".

Constantino, cuando uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, le explicaba que podía caberle un segundo agravante por las privaciones ilegítimas, directamente espetó: "Lo que dice acá el doctor no me interesa". Fiorucci, en la misma situación, también lanzó una frase que no pasó inadvertida: "... si es que llegan a demostrar los delitos que se me imputan".

Durante la mañana, el secretario del Tribunal Oral Federal leyó a lo largo de tres horas los hechos que se le imputan a los represores: Greppi está acusado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Constantino por 17 y 7, respectivamente; Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Reta por 12 y 6; Cenizo por 24 y 11; Fiorucci por 25 y 15; Marenchino por 7 y 5; y Yorio por 11 y 7 casos.

Más allá de los testimonios de las víctimas -algunas ya fallecidas-, fueron importantes para el avance de la causa lo que dijeron los policías de la Seccional Primera, donde se produjeron los apremios, Ramón Crisanto Lastre, Carlos Sotelo, Juan Angel Bustos, Mauricio Diego Gaitán y Julio Díaz, el periodista Nelson Nicoletti) y las celadoras Edda Vilma Stemphelt, Nilda Stork y Dolly Giglione de Toldo.

La acusación fiscal
La acusación fiscal leída ayer, y redactada el 19 de diciembre de 2006 por el fiscal porteño Federico Delgado, no se circunscribe exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarca que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.

Al detallar la jerarquización de los represores dentro de la organización de la Subzona 14, se habló de autores mediatos (Greppi) e inmediatos (Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Yorio, Cenizo, Reinhart y Marenchino); destacándose que los autores mediatos, "los que dieron la orden de matar, porque controlaban la organización, tuvieron incluso más responsabilidad que los ejecutores".

Inicio del juicio Subzona14 - La Pampa

En el banquillo.

Después de 34 años de ocurridos la mayoría de los secuestros y torturas por parte del grupo de tareas de la Subzona 14 durante la dictadura militar, se inicio el juicio a diez represores pampeanos acusados de esos crímenes de lesa humanidad.
Los acusados son 
- ex coronel del Ejército Néstor Omar Greppi, de 67 años, que era oficial encargado de Inteligencia de la Subzona y secretario general de la Gobernación; 
- ex comisario general de la Policía Roberto Esteban Constantino, de 81 años, jefe del grupo de tareas; 
- ex comisario mayor Omar Aguilera, de 74; el ex comisario general Roberto Fiorucci, de 71; el - ex oficial auxiliar Athos Reta, de 74; 
- ex oficial ayudante Oscar Yorio, de 65;  
- ex oficial subayudante Néstor Bonifacio Cenizo, de 55; 
- ex oficial Carlos Reinhart, de 60; y el ex comisario mayor Hugo Marenchino, de 66. 
Todos están detenidos desde el 19 de julio en un pabellón de la Unidad Penal 4 por orden de los jueces.

También vale recordar que no serán juzgados dos de los procesados en 2006 por haber fallecido. Uno es el ex coronel Oscar Cobuta, que murió en 2007, y otro el ex oficial de la Policía, Roberto Escalada, cuyo deceso fue en 2008. En tanto, el más renombrado de los represores, el ex coronel y jefe de la Policía provincial durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini, permanece prófugo desde 2003.
Caso por caso.

El TOF juzgará a los represores acusados por secuestros y torturas a 28 casos.  
Las víctimas de la represión ilegal son:

Clemente Bedis (funcionario provincial): fue secuestrado en Santa Rosa el 5 de abril de 1976 y trasladado a la Seccional Primera. Encapuchado y esposado, fue torturado "en un campo en las afueras de la ciudad".

Justo Ivalor Roma (funcionario provincial):  fue secuestrado el 8 de abril de 1976 y llevado a la Seccional Primera. Lo interrogaron a golpes presuntamente en el Tiro Federal y fue "sometido a sesiones de picana eléctrica por todo el cuerpo". Fue examinado por el médico Pérez Oneto.

Rodolfo De Diego (funcionario provincial): En abril de 1976 permaneció detenido ilegalmente en la Primera y a disposición del Comando de la Subzona 14. Luego pasó a la U4. El policía Carlos Sotelo vio cómo quedaba después de los maltratos -esposado y con los ojos vendados- en el primer piso de la comisaría.

Roberto Oscar Gil (diputado provincial): fue detenido el 24 de marzo de 1976 en General Pico. En la Primera fue golpeado y picaneado "en la zona genital". El ex diputado provincial luego fue a la U4.

Hermes Carlos Accátoli (diputado provincial): lo detuvieron el mismo día y en la misma ciudad que Gil. También estuvo en la Primera y en la U4 y pasó por sesiones de torturas.

Zulema Arizó: fue ingresada a la Seccional Primera en 1978. Dos celadores declararon que, aún embarazada, fue torturada mientras estaba esposada. "Las sesiones duraban varias horas y salía con una marcada estado nervioso y de temor", dijo una de ellas.

Ana María Martínez: la única víctima detenida en Buenos Aires, en 1976. Después de "una o dos horas en la Oficina Judicial (de la planta alta de la comisaría), presentaba un estado físico lamentable", declaró una celadora.

Nery Greta Sanders de Trucchi (empleada provincial): la detuvieron el 8 de enero de 1977 tras ser citada en la Seccional Primera. Fue interrogada mediante la aplicación de  descargas  eléctricas.

Avelino Cisneros (funcionario provincial): fue detenido el 8 de abril de 1976 y llevado desvestido "a un lugar alejado", donde lo picanearon. En la primera fue revisado por un médico policial.

Héctor Manuel Zolecio: en abril de 1976 fue trasladado a la Primera. Esa noche, en el Tiro Federal, fue "atado a un poste y sometido a un interrogatorio bajo la aplicación de golpes y electricidad en los testículos y una pierna. Declaró que "el dolor fue tan intenso que solicité que me pegaran un tiro". El policía Sotelo afirmó que "fue el detenido que más sufrió los golpes brutales de los oficiales".

Erberto Angel Cuevas: el ex diputado provincial fue detenido el 27 de marzo de 1976 cuando retiraba sus pertenencias de la Legislatura. Aguilera lo trasladó a la Primera "a punta de pistola". No fue torturado, pero le hicieron presenciar interrogatorios y tormentos.

Julián Flores (funcionario provincial) lo secuestraron el 10 de abril de 1976. Antes de que le vendaran los ojos reconoció a Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Cenizo y Reinhart como quienes lo golpearon.

Olga Edith Juárez: la detuvieron el 13 de abril de 1978 en General Pico. Fiorucci y el ex jefe de Policía, y prófugo de la justicia, Luis Baraldini, la amenazaron diciéndole que iba a morir. Dijo que Reta la interrogó y fue la única víctima que individualizó a quien le aplicó la picana eléctrica: Reinhart.

Zelmira Mireya Regazzoli (hija del entonces gobernador Aquiles Regazzoli): la detuvieron el 24 de marzo de 1976. No fue golpeada, pero en la Primera le hicieron presenciar tormentos.

Nicolás Navarro: el ex secretario de la Gobernación fue detenido el 10 de abril de 1976 en su campo de Naicó. Dijo que fue interrogado por Greppi, Fiorucci y Cenizo, pero que no fue golpeado.

Raquel Angelina Barabaschi (estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico): fue detenida el 26 de marzo de 1976 en General Pico. Fue golpeada en la Primera hasta "dejarla casi inconsciente". También la torturaron con descargas eléctricas. Reconoció a Cenizo y Reinhart y una celadora le aseguró que Yorio, Marenchino, Aguilera y Fiorucci también participaban de los interrogatorios.

Dolly Girard de Villarreal: la detuvieron en 1976 e individualizó a Aguilera, Fiorucci, Cenizo, Reinhart, Marenchino y Yorio.

Hugo Avelino Ferrari (locutor): fue detenido el 24 de marzo de 1976. Estuvo en la Seccional Primera y en la Unidad 4.

Santiago Guillermo Covella (funcionario provincial): lo privaron de la libertad el 24 de marzo de 1976 en General Pico. Fue trasladado a la U4.

Carlos Osvaldo Aragonés (diputado nacional y sindicalista): lo detuvieron el 25 de marzo de 1976 en General Pico. Estuvo tres semanas en la U4 a disposición del Jefe de Policía.

Víctor Aldo Pozo Grados, Guillermo Eduardo Quartucci, Gustavo Brower de Konning (médico), Gerardo Nansen (pastor), Angel Alvarez, Carlos Samprón, Samuel Bertón y Luis Carlino (médico): los docentes del Instituto José Ingenieros fueron detenidos el 14 de julio de 1976 en Jacinto Arauz. Participaron del operativo Aguilera, Fiorucci, Cenizo, Reinhart y Constantino. Samprón fue torturado en el puesto caminero y el grupo era dirigido por Fiorucci.

jueves, 5 de agosto de 2010

BOLETIN AEDD N° 696-Juicio en LA PAMPA-Son responsables

  SON RESPONSABLES
 
Santa Rosa lucía tan fría como soleada, el aire puro y la emoción inundaban el cuerpo, empezaba “el juicio” contra los genocidas. Pasamos las vallas compartiendo la alegría porque el día había llegado, sonrisas abiertas, ojos brillantes, apretones de manos cálidos, abrazos apretados. Sabíamos que no era el juicio que queríamos, apenas 10 genocidas acusados por solo 28 compañeros; pero también sabíamos que no nos quedaríamos con eso, que junto a todo el movimiento de derechos humanos pampeano, seguiríamos en la misma lucha que nos permitió llegar a este día hasta conseguir lo que ambicionamos, lo que es justo, lo que es imprescindible: condena a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
 
Una tenue preocupación sobrevolaba nuestras entrenadas conciencias, los abogados nos habían informado que Carlos Iriart, uno de los 10 genocidas procesados, el más importante, el de más responsabilidad, ni más ni menos que quien fue jefe de la Subzona 14, estaba con prisión domiciliaria en su casa de La Lucila, Buenos Aires, enfermo, y con un informe de médicos de la Corte Suprema que, aunque aseguraba su lucidez, aconsejaba no trasladarlo a Santa Rosa. Tenue era la preocupación porque también nos informaron que –tal como ya se hizo en otros casos similares- el TOF de Santa Rosa había propuesto y las querellas aceptado, instrumentar un sistema de videoconferencia para que el acusado pudiera seguir el juicio sin moverse de su domicilio.
 
Apenas comenzada la audiencia, la sensación se transformó en angustiante sorpresa: el presidente del Tribunal dijo con toda claridad que habían sido informados por especialistas que debido a irresolubles problemas tecnológicos, en Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa- era absoluta y totalmente imposible establecer una videoconferencia. A partir de allí los hechos se sucedieron a un ritmo vertiginoso con destino anunciado: Iriart quedaría impune.
 
- Todavía azorados con semejante afirmación nuestros abogados pidieron que se designe como perito técnico de parte al Ing. Ariel Garbarz con quien consultamos telefónicamente y confirmamos lo que suponíamos, la afirmación era un dislate digno de una mente febril o de quien está demasiado acostumbrado a actuar sin rendir cuentas a nadie. La respuesta del Tribunal fue no: consultarían sobre el particular a un especialista, además, funcionario de la Provincia y que además, ya estaba presente en el edificio.
- La defensa de Iriart comienza a argüir –con el apoyo del acusador público, el fiscal del juicio, Dr. Jorge Bonvehí- que primero había que verificar si Iriart estaba en condiciones de asistir al debate, aunque lo hiciera desde el sillón de su living, cosa que no había sido puesta en duda por los médicos que lo revisaron.
- El TOF informa que el funcionario provincial se había retirado ya que en ese preciso momento se anotició de que para dar fe acerca de la existencia o no de telefonía digital en Santa Rosa –único requisito para establecer una videoconferencia- necesitaba permiso del Sr. Gobernador y que recién obtendría éste en unas horas; en consecuencia, se pasa  a cuarto intermedio hasta las 15:30 hs.
- 16:15 se reanuda la sesión para enterarnos de boca del mismo juez que pocas horas antes había asegurado la infranqueable imposibilidad técnica, que: a) el funcionario era la Directora de Comunicaciones de la provincia de La Pampa, Ing. Claudia Jauregui, b) la Ing. Jauregui no había conseguido el permiso del Gobernador porque éste se encontraba en Buenos Aires, c) la misma Ingeniera había hecho saber al Tribunal que sí era posible establecer la videoconferencia pero … que con una compañía de telefonía local se demoraría 15 días y con otra nacional, 45, d) ante este informe, el Tribunal había resuelto que Carlos Iriart siguiera vinculado a la causa pero….excluirlo de este juicio. Lisa y llanamente el Tribunal había decidido que Iriart siguiera impune.
 
Todas las protestas de nuestros abogados basadas en que es público y notorio que la empresa de telefonía nacional que provee el servicio en esa zona, demora 24 horas en instalar lo necesario para una videoconferencia, manifestadas tanto en esa primer audiencia como en la del día siguiente, fueron inútiles.  Carlos Iriart seguirá y con toda seguridad morirá, impune.
 
El Gobernador de La Pampa que no autorizó a su funcionaria a declarar, la funcionaria que alegremente falsea la verdad, el fiscal que no opone la menor resistencia, el Tribunal Oral que no verifica una información de tal calibre ni acepta como perito de parte al Ing. Garbarz (Profesor Titular de la UBA y Coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática) , son responsables.
 
Resulta indignante que ahora el presidente del Tribunal pretenda erigirse en defensor de los “derechos humanos de todos” sosteniendo que tomó tal decisión porque el informe médico dice que Iriart “está moribundo”, no es eso lo que él mismo dijo en la audiencia, no es eso lo que dice el informe médico. Seguiremos en la lucha junto al pueblo de La Pampa hasta conseguir que Iriart y todos los genocidas sean condenados.
 Asociación de Ex Detenidos-Desaparec idos
en Justicia YA!

martes, 3 de agosto de 2010

Se inició el juicio a represores en La Pampa

“Si estuvo preso, por algo será”

 Por Adrián Pérez

Mientras el coronel retirado Fabio Carlos Iriart –señalado como el principal responsable de la Subzona 14– no asistió a la audiencia por razones de salud, otros nueve represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se negaron a declarar en la primera jornada del juicio oral y público que comenzó ayer en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, La Pampa, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), todos los imputados permanecerán detenidos en celdas de la Unidad 4 por el tiempo que demande el proceso judicial. Saúl Hugo Santesteban dirige el diario La Arena desde 1965 y fue uno de los dos testigos que declararon ayer sobre las circunstancias de su detención. “Me preguntaban por algunos artículos publicados que les molestaban a los señores militares”, le contó a Página/12. Aunque estaba citado para atestiguar el 30 de agosto, “como los acusados optaron por no declarar fui a testimoniar hoy (por ayer)”.

Si bien no sufrió torturas durante las tres semanas que estuvo detenido en la Colonia Penal de Santa Rosa U4, Santesteban contó que lo interrogaron para saber si era fundador del partido Guardia Comunista. “Les dije que no militaba en ningún partido y cuestionaban mis notas periodísticas, donde criticaba las razzias que hacían en los hospitales y universidades”, señaló el periodista, y aseguró que el clima de terror que se había instalado entre la gente “era muy visible” por aquello de que “si estuvo preso por algo será” o “los argentinos somos derechos y humanos”. Esas fueron “consignas psicológicas” que “el Proceso implantaba” y “la sociedad repetía”. Sus hijos padecieron el aislamiento que ese terror generó porque los padres de sus amigos “les recomendaban que no se juntaran con ellos”.

“La gente cruzaba de vereda cuando pasaban por mi casa”, recordó el periodista, quien además señaló que “el terrorismo de Estado no se inició en la dictadura”, sino que fue “un proceso que venía de antes”. Esta afirmación cobra fuerza cuando el hombre de 79 años cuenta que, en agosto de 1975, una bomba colocada por la Triple A destruyó medio local del diario La Arena. A las 4 de la madrugada del 24 de marzo de 1976, Santesteban fue detenido en la redacción por un oficial del Ejército y un soldado, que lo trasladaron en una camioneta de esa fuerza hasta la Unidad 4 donde fue alojado en un pabellón junto a 50 detenidos. A los diez días “me preguntaron por algunos artículos publicados que les molestaban a los señores militares”, destacó. Luego de estar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, finalmente fue liberado en abril de 1976. En la audiencia no pudo reconocer a ninguno de sus captores entre los imputados sentados en la sala. El juicio continuará hoy, a partir de las 9, con el testimonio de Nelson Nicoletti, quien al momento de su detención era director del diario La Capital y secretario general del Sindicato de Prensa de La Pampa.

No son seres humanos”, dijo el ex dirigente sindical Miguel Maldonado, detenido el 24 de marzo de 1976 refiriéndose a 10 represores, dos militares y ocho policías, juzgados por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, la llamada Subzona 14 de la represión ilegal.

El juicio se inició con la lectura de las acusaciones en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Está integrado por José Mario Tripputi Mario Armando Marquez y Enrique Krom.

Una de las primeras decisiones del TOF fue excluir del juicio al ex comandante de la SZ 14, coronel (RE) Fabio Iriart, de 84 años y enfermo sin posibilidades de trasladarse. Será seguido día a día y en caso de ser posible, le tomarán declaración indagatoria por videoconferencia.

Los otros acusados son el ex secretario general de la intervención militar en La Pampa, Nestor Greppi (ex edecán del presidente Raúl Alfonsín) y los policías pampeanos Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Oscar Yorio, Athos Reta, Hugo Marenchino, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart. Tiene acusaciones por la privación ilegítima de la libertad de 28 víctimas.

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Las querellas son ejercidas por 23 organizaciones derechos humanos, entre ellas la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Pampeanos por los Derechos Humanos y la Fundación Anahí. También, el partido Comunista.

El primer testigo fue el director del diario La Arena , Saúl Santesteban detenido la madrugada del 24 de marzo de 1976. “No me leyeron un orden ni nada. Me dijeron que me vistiera”, dijo el periodista.

El segundo testigo, el ex sindicalista y militante de la Democracia Cristina, Miguel Maldonado -–arrestado la madrugada del golpe- dijo que lo liberaron por la intervención de la Iglesia.“No son seres humanos. No se arrepintieron de nada”, dijo Maldonado en su testimonio. Reveló que durante su traslado al penal de Maxima Seguridad de Rawson se abrió la compuerta del avión: “uno dijo ‘carne para los tiburones’. Y alguien cayó. Eso es lo que vivimos nosotros ”.