El silencio fue la respuesta que dieron ayer los represores. Ninguno de ellos abrió la boca en el inicio del histórico juicio por las privaciones ilegales y las torturas infringidas en la Subzona 14 en perjuicio de 28 víctimas. Sin embargo los nueve prometieron que hablarán cuando se lo digan sus defensores.
El ex secretario de la Gobernación durante la dictadura, el coronel Néstor Omar Greppi (67 años), y los ocho policías que conformaron el grupo de tareas llegaron esposados a la sala de audiencia del Colegio de Abogados desde la Unidad 4, donde están presos, y mostraron en común la indiferencia de sus rostros frente a las imputaciones y las declaraciones de los testigos. Uno de ellos, Miguel Maldonado, llegó a preguntarse: "Cómo hacían el Día del Padre, qué les contaban a sus familias; torturamos a éste, le pegamos al otro... no pueden mirar a los hijos con lo que hicieron".
Constantino, cuando uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, le explicaba que podía caberle un segundo agravante por las privaciones ilegítimas, directamente espetó: "Lo que dice acá el doctor no me interesa". Fiorucci, en la misma situación, también lanzó una frase que no pasó inadvertida: "... si es que llegan a demostrar los delitos que se me imputan".
Durante la mañana, el secretario del Tribunal Oral Federal leyó a lo largo de tres horas los hechos que se le imputan a los represores: Greppi está acusado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Constantino por 17 y 7, respectivamente; Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Reta por 12 y 6; Cenizo por 24 y 11; Fiorucci por 25 y 15; Marenchino por 7 y 5; y Yorio por 11 y 7 casos.
Más allá de los testimonios de las víctimas -algunas ya fallecidas-, fueron importantes para el avance de la causa lo que dijeron los policías de la Seccional Primera, donde se produjeron los apremios, Ramón Crisanto Lastre, Carlos Sotelo, Juan Angel Bustos, Mauricio Diego Gaitán y Julio Díaz, el periodista Nelson Nicoletti) y las celadoras Edda Vilma Stemphelt, Nilda Stork y Dolly Giglione de Toldo.
La acusación fiscal
La acusación fiscal leída ayer, y redactada el 19 de diciembre de 2006 por el fiscal porteño Federico Delgado, no se circunscribe exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarca que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.
Al detallar la jerarquización de los represores dentro de la organización de la Subzona 14, se habló de autores mediatos (Greppi) e inmediatos (Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Yorio, Cenizo, Reinhart y Marenchino); destacándose que los autores mediatos, "los que dieron la orden de matar, porque controlaban la organización, tuvieron incluso más responsabilidad que los ejecutores".
El ex secretario de la Gobernación durante la dictadura, el coronel Néstor Omar Greppi (67 años), y los ocho policías que conformaron el grupo de tareas llegaron esposados a la sala de audiencia del Colegio de Abogados desde la Unidad 4, donde están presos, y mostraron en común la indiferencia de sus rostros frente a las imputaciones y las declaraciones de los testigos. Uno de ellos, Miguel Maldonado, llegó a preguntarse: "Cómo hacían el Día del Padre, qué les contaban a sus familias; torturamos a éste, le pegamos al otro... no pueden mirar a los hijos con lo que hicieron".
Constantino, cuando uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, le explicaba que podía caberle un segundo agravante por las privaciones ilegítimas, directamente espetó: "Lo que dice acá el doctor no me interesa". Fiorucci, en la misma situación, también lanzó una frase que no pasó inadvertida: "... si es que llegan a demostrar los delitos que se me imputan".
Durante la mañana, el secretario del Tribunal Oral Federal leyó a lo largo de tres horas los hechos que se le imputan a los represores: Greppi está acusado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Constantino por 17 y 7, respectivamente; Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Reta por 12 y 6; Cenizo por 24 y 11; Fiorucci por 25 y 15; Marenchino por 7 y 5; y Yorio por 11 y 7 casos.
Más allá de los testimonios de las víctimas -algunas ya fallecidas-, fueron importantes para el avance de la causa lo que dijeron los policías de la Seccional Primera, donde se produjeron los apremios, Ramón Crisanto Lastre, Carlos Sotelo, Juan Angel Bustos, Mauricio Diego Gaitán y Julio Díaz, el periodista Nelson Nicoletti) y las celadoras Edda Vilma Stemphelt, Nilda Stork y Dolly Giglione de Toldo.
La acusación fiscal
La acusación fiscal leída ayer, y redactada el 19 de diciembre de 2006 por el fiscal porteño Federico Delgado, no se circunscribe exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarca que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.
Al detallar la jerarquización de los represores dentro de la organización de la Subzona 14, se habló de autores mediatos (Greppi) e inmediatos (Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Yorio, Cenizo, Reinhart y Marenchino); destacándose que los autores mediatos, "los que dieron la orden de matar, porque controlaban la organización, tuvieron incluso más responsabilidad que los ejecutores".
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