Baraldini salió de la cárcel y ya está en su casa

Este jueves llegó la pulsera electrónica. A las 14.30 horas dejó la Colonia Penal 4 y el represor se fue a la casa de su hija, en arresto domiciliario. Está acusado de 214 crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal confirmó a El Diario que este jueves el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Baraldini, dejó la cárcel y pasó a cumplir arresto domiciliario en la casa de su hija, Sandra, en Santa Rosa. Le colocaron una pulsera electrónica, para vilgar que cumpla la medida.

El TOF había admitido en la semana er un recurso de casación presentado por las querellas en el juicio de la Subzona 14 II contra el arresto domiciliario otorgado por los mismos miembros del organismo al exjefe de la Policía de La Pampa en la última dictadura Luis Baraldini. El beneficio, a pesar de la interpretación que hacían los abogados del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, no se suspendió.

Baraldini estaba esperando que llegue la pulsera electrónica para dejar la cárcel e irse a la casa de una hija. Llegó este jueves. De todos modos, el recurso de las querellas será analizado por la Cámara de Casación, que eventualmente podría expedirse y revertir el beneficio. El pasado 22 de septiembre el TOF otorgó el arresto domiciliario a Baraldini porque tiene más de 70 años. Dispuso que le coloquen una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento.

El represor está acusado por 214 delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en La Pampa en el juicio de la subzona 14 II.  Está siendo juzgado por asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas de 214 víctimas en el juicio de la Subzona 14 II. Los jueces impusieron como condición del arresto domiciliario que Baraldini debe permanecer en la vivienda de su hija, Sandra, garante del arresto domiciliario, y utilizar una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento de la medida.

La resolución lleva la firma del presidente del tribunal, Marcos Aguerrido, y el juez José Mario Tripputi. El juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia porque consideró que no está firme el fallo de Casación que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario porque tiene más de 70 años.

Baraldini, de 79 años, salió de prisión a partir del arribo del dispositivo electrónico que envió el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, el segundo juicio a los represores pampeanos continuará y se prevé que concluirá a mediados del año próximo.

 El TOF y la Cámara de Bahía Blanca habían rechazado a fines del año pasado el pedido de arresto domiciliario. Pero el pasado 28 de junio la Sala III de la Cámara de Casación Penal firmó la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló esa decisión. El fiscal general de esa Cámara, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento. Sin embargo, el pasado 13 de septiembre los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques lo declararon inadmisible y le pidieron al TOF que “dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a las consideraciones efectuadas”.

Ante ese panorama, el TOF sacó la resolución otorgando finalmente el arresto domiciliario. Los jueces Aguerrido y Tripputi interpretaron que no tenían posibilidad de hacer otra cosa. Sin embargo, el juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia, al entender que todavía queda la posibilidad de elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia para intentar invalidar el beneficio a Baraldini.

Baraldini fue indagado en el juicio el psado 14 de setiembre.“La Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos, estoy orgulloso de ellos”, reivindicó a sus compañeros de causa.Había evitado el primer juicio, el de 2010, prófugo en Bolivia. Allí fue capturado en vísperas de la Navidad de 2011.

“En los cuatro años de jefe, nadie, ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez. Y el Superior Tribunal y los jueces funcionaban”, declaró, suelto de cuerpo, en la indagatoria. Reconoció que había detenidos en la comisaría, bajo la Subzona 14, pero alegó que desconocía “cuánto tiempo” estaban allí. “Nunca nadie absolutamente hizo una denuncia”, insistió. “Pasaron los años y ahí surgió gente que dijo que había sufrido apremios”, rememoró, respecto a la época de la recuperación de la democracia.

“Yo tenía todas las seguridades para que eso no ocurra. Había médicos que revisaban diariamente a los detenidos, hay planillas diarias que me llegaban. Nunca nadie me dijo ’tengo una cicatriz que me hizo un agente o alguien de la Policía’. Y yo recorría, y recorría bastante, y la Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos. Ellos se ponían los borceguíes y arriesgaban la vida por los pampeanos. Yo me sentía reconfortado por eso. Estoy orgulloso de ellos”, enfatizó.

“Yo tenía una obligación moral con todos los pampeanos”, afirmó, y recordó que tuvo un hijo en suelo pampeano y su suegro era de esta provincia. “No hubo ni un desaparecido, ni un atentado explosivo, ni un contrabando de bebés como había en otras provincias. La Pampa era una provincia tranquila”, completó.

La impunidad por vía de "vencimiento de plazos " : liberados 5 represores...

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de cinco expolícias. Ellos estaban detenidos en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de los expolícias Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, quienes se encontraban en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad. ¿La razón? El vencimiento de los plazos de las prisiones preventivas (un año y seis meses de prórroga) así que, según el Juzgado, ya no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

Estos cinco exfuncionarios eran imputados por la causa Subzona 14 II, por la que fueron privados de libertad 18 funcionarios entre militares y policías, ocho de ellos condenados a penas de entre 8 y 20 años de prisión por unos 30 casos de secuestros y torturas.

Otros gozan de prisión domiciliaria y aún falta por conocer la suerte del exjefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini, quien se fugó en una oportunidad siendo recapturado en Bolivia a finales del año 2011.

Cabe destacar que todos ellos son acusados de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio contra al menos unas 300 personas, en el marco de la represión ilegal acontecida entre los años 1975 y 1983. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por el referido delito en la Unidad Penal 4.

Continúa la impunidad : El TOF de La Pampa concedió la libertad a cinco represores

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa le otorgó la libertad a cinco represores pampeanos a la espera del juicio oral y público que se prevé, se realizará en la segunda mitad de 2016, informaron fuentes judiciales. Los beneficiados por el fallo de los jueces fueron los ex policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía provincial, mientras que los otros cuatro fueron parte del staff de la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas de la provincia durante la dictadura militar.

La decisión fue tomada por el tribunal conformado por Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia de Neuquén y Alejandro Silva de Río Negro, ya que venció el plazo de la prisión preventiva. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal 4. En total, son 18 los represores pampeanos que afrontarán el juicio por los delitos de secuestro, tortura, asociación ilícita y genocidio. El pedido de libertad lo hizo el defensor oficial Carlos Riela, y el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación. En ese sentido, los magistrados consideraron que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva -un año y seis meses de prórroga-, por lo cual no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

El único titular del TOF pampeano es Aguerrido, ya que los otros dos integrantes titulares, José Triputti, y Pablo Díaz Lacava, fueran recusados en su momento. Ambos tienen relación con una de las víctimas, el ex juez piquense Miguel De Marco.

Los acusados están procesados por unos 240 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en La Pampa. En septiembre pasado, la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, elevó a juicio oral y público la denominada causa Subzona 14 II, luego de más de cuatro años de investigación.

Silvestre firmó el decreto en la segunda parte de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983. Es la segunda parte de la investigación luego del histórico juicio realizado en 2010 contra nueve de los principales represores.

Dos genocidas a casa por navidad

Los dos condenados por delitos de lesa humanidad volvieron a su domicilio, ya que presentaron una apelación en rechazo a la disposición de la Cámara de Casación que determinó quitarles el beneficio de la prisión domiciliaria.

Gracias a un paso burocrático, los represores Roberto Fiorucci y Omar Aguilera podrán pasar las fiestas en su casa, ya que presentaron una apelación que, al menos hasta que se resuelva, les permite postergar la decisión de regresar a la prisión.

Los abogados defensores presentaron un recurso extraordinario y hasta que se define darle curso o no, los condenados podrán estar en sus casas.

Aguilera y Fiorucci están en su domicilio desde el miércoles pasado.

Antes, a raíz de que la Cámara de Casación modificó una decisión anterior, los dos condenados a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad fueron regresados a la Unidad 4. Esa decisión se conoció en medio de los episodios de fugas de represores.

Aguilera y Fiorucci fueron condenados en el primer juicio que se hizo en La Pampa para esclarecer lo ocurrido en la Subzona 14 durante la última dictadura. Además, están procesados en la causa Subzona 14 II, que actualmente está en etapa de instrucción.

La decisión de la prisión domiciliaria la había tomado el mismo organismo, pero de modo provisorio, y en una votación dividida (2 a 1). Cuando fue repuesto el tribunal original, cambió la resolución.

Aguilera reside en una casa de la calle Allan Kardec casi Independencia. Fiorucci registró su domicilio en la calle Buenos Aires de Santa Rosa.

En septiembre del año 2011 Hugo Marenchino también obtuvo ese beneficio. Pero a los cuatro meses tuvo que volver a la Colonia Penal.

Las condenas a Aguilera y Fiorucci fueron dejadas firmes por la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la causa Nº 13.667, la Corte avaló lo actuado por el Tribunal Federal Oral de nuestra provincia, que concretó las históricas condenas el 16 de noviembre del año 2010.

Ese juicio, que derivó en el inicio de nuevas investigaciones que a su vez tendrán como consecuencia otro trámite del mismo tipo, permitió las condenas de Néstor Omar Greppi (20 años de prisión), Omar Aguilera (20 años), Roberto Fiorucci (20 años), Athos Reta (12 años), Oscar Yorio (12 años), Néstor Bonifacio Cenizo (14 años), Carlos Reinhart (20 años), Hugo Marenchino (8 años) y el fallecido Roberto Constantino (20 años: en este último caso, la Corte no intervino).

La Corte desestimó el recurso de queja presentado por los condenados. Intervinieron Ricardo Lorenzetti, María Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay, quienes ni siquiera dieron lugar al análisis de la causa. Eugenio Zaffaroni opinó que se le debía dar una vista previa a la Procuración General.

En todos los casos, los condenados fueron considerados responsables de delitos de lesa humanidad, por tratarse de perseguidos políticos. También el Tribunal consideró el agravante de que las detenciones ilegales -una de las figuras que se imputaron a los acusados- duraron más de 30 días.

A Omar Aguilera lo condenaron a 20 años por privación ilegal agravada en 18 hechos con uso de violencia y amenazas (de los cuales ocho son agravados por una duración mayor de 30 días) y siete hechos de aplicación de tormentos psíquicos y físicos (agravados por ser las víctimas perseguidos políticos).

Igual pena, 20 años, recibió el comisario inspector Roberto Fiorucci por los delitos de privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas (12 hechos agravados doblemente por la duración mayor a 30 días de la detención ilegal) y 13 hechos de aplicación de tormentos.


Fuente: http://www.eldiariodelapampa.com.ar/

Indagarían a Espinal, el capellán represor, pero sin detenerlo

El sacerdote fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. Aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Pero se admitió “amigo” del genocida Ramón Camps, que ejercía en la Subzona 14.

La Justicia Federal de Santa Rosa convocaría a declaración indagatoria al cura Alberto Espinal, aunque en principio sin reclamar su detención, en el marco de la investigación que se hace por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado en nuestra provincia (Subzona 14).

La definición la debe adoptar en los próximos días el juez subrogante José Charlín, a partir del pedido formulado por el fiscal Juan José Baric.

El tiempo que pasó desde el momento en que se formuló la petición, vuelve lógico el hecho de que no se produzca la detención, pero sería un hecho que el magistrado reclamará la indagatoria del sacerdote, es decir su declaración como sospechoso de haber cometido un delito.

Tal como informó El Diario, el pedido se basa en testimonios y otras pruebas que reflejan el accionar de Espinal durante la última dictadura militar. Puntualmente, hay un fuerte testimonio de una presa política que lo involucra: Ana María Martínez Roca reveló en el juicio de 2010 que el sacerdote la interrogaba respecto de su vinculación con Montoneros.

Espinal es el cura que aparece en la portada del libro “El Informe 14”, de Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini, junto a Luis Baraldini, Ramón Camps y monseñor Adolfo Arana.

Espinal fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. En declaraciones públicas que hizo el año pasado, aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Su primer jefe en aquel destino fue Camps, después sucedido por el coronel Fabio Iriart.

“El amigo Camps”, lo refirió Espinal al genocida durante un diálogo que tuvo con el periodista Asquini en el año 2010, cuando el cura estaba en la Casa Inspectorial “Nuestra Señora de Luján” del barrio porteño de Almagro. El cura también es recordado porque dio clases en el Colegio Domingo Savio, de la capital provincial.

“Tenía otras intenciones”

Ana María Martínez Roca reveló, durante el juicio de la Subzona 14 que se hizo en 2010, que la interrogó el cura Alberto Espinal. “Lo único que hacía era preguntarme si era montonera”, reveló la mujer en una de las jornadas de agosto de aquel año.

Víctima de la última dictadura, Ana María Martínez detalló aquella vez, en un conmovedor testimonio y por primera vez en su vida, los tormentos que sufrió. “Nunca digas lo que viste, sino te vamos a ir a buscar y te vamos matar”, le advirtió el exjefe de Policía Luis Baraldini cuando la liberaron. Tras las torturas, perdió 15 embarazos, según contó.

Según la causa judicial, la víctima fue privada ilegalmente de su libertad a fines del ‘75. La trasladaron desde Buenos Aires para después ser alojada en las dependencias de la Seccional Primera de Santa Rosa. Por la tortura, estaba desfalleciente. Le indujeron un aborto. En el juicio contó que el único que la interrogó fue el cura, un capellán del ejército. Lo reconoció en la tapa del libro “Informe 14” en una foto en la cual está al lado de Baraldini y del exobispo Adolfo Arana.

“También rezábamos, pero tenía otras intenciones”, dijo.

“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería saber es si era de Montoneros o andaba en algo peligroso y si sabía de las cosas que hacía (Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía, me interrogó”.

A ella la detuvieron justamente porque era la novia de Hugo Chumbita. Fue liberada por los insistentes reclamos de la madre. La sacaron de madrugada, la subieron a un tren y la bajaron en una estación desierta cerca de Santa Rosa.

Piden la detención de un ex capellán del Ejército en La Pampa

Un sacerdote interrogador

Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975, declaró en un juicio oral que el entonces capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros. Lo reconoció por la foto de un libro periodístico.

El fiscal Juan José Baric pidió la detención e indagatoria de Alberto Espinal, un sacerdote que ofició como capellán en el regimiento de la ciudad pampeana de Toay entre 1974 y 1982, en el marco de la investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que lleva a cabo el juzgado federal de Santa Rosa.

Barlic formalizó la presentación la semana pasada ante el juez federal subrogante José Charlín, quien en las próximas horas deberá resolver sobre el pedido. El fiscal general de Santa Rosa basó su decisión en testimonios de víctimas del terrorismo de Estado que durante el proceso de juicio oral por delitos de lesa humanidad públicamente conocido como la causa “Subzona 14”, que tuvo lugar en La Pampa en 2010, involucraron a Espinal.

El principal relato fue el de la presa política Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975 y quien en aquel juicio oral contó a la Justicia por primera vez los tormentos sufridos. La mujer, quien aseguró reconocer a Espinal cuando vio la foto del libro El Informe 14, de los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, declaró ante el Tribunal Oral Federal pampeano que el capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros.

“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así –en referencia a su condición de detención clandestina– me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería era saber si era de Montoneros o andaba en algo peligroso, y si sabía de las cosas que hacía (entonces su compañero, el historiador Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía. Me interrogó”, testimonió en agosto de 2010 Martínez Roca. En 1975, la mujer fue secuestrada y trasladada desde Buenos Aires a la seccional Primera de Santa Rosa y allí torturada. “Nunca digas lo que viste, si no te vamos a ir a buscar y te vamos a matar”, declaró que le había advertido Baraldini, entonces jefe de Policía, ante la Justicia en el mismo juicio en el que había involucrado al capellán.

Espinal aparece en la portada de El Informe 14 junto a los represores Luis Baraldini –sentenciado en el juicio en el que declaró la mujer–, Ramón Camps y el obispo Adolfo Arana. Según informó un diario local, el capellán negó saber acerca de secuestros, detenciones ilegales, torturas y desapariciones durante su paso por La Pampa entre 1974 y 1982: “No tenía idea de lo que pasaba. Yo era capellán de soldados”, se excusó.

En esa entrevista telefónica realizada por Asquini en marzo de 2012 y que ayer difundió el medio gráfico pampeano El Diario, Espinal detalló también cuándo y en dónde ofreció sus servicios parroquiales. Mencionó su paso por la capellanía de Toay “hasta que comenzó lo de Malvinas” e informó que regresó tras cuatro años de trabajar en Córdoba. Luego de un año de sacerdocio en General Acha, lo trasladaron a un colegio de La Plata. Por último, ante la consulta del periodista sobre quién era el jefe militar cuando ofició como capellán del Ejército pampeano, Espinal mencionó que el cargo lo ocupaba “el amigo Camps”, en referencia al genocida Ramón Camps.

Rechazado el recurso de excarcelación al genocida Baraldini

El coronel (R) Luis Enrique Baraldini fue ADEMÁS, luego un jefe carapintada
La Corte Suprema rechazó un recurso para excarcelar al ex jefe de la policía de La Pampa
La Corte Suprema de Justicia la Nación rechazó un recurso contra la resolución que se opuso a la excarcelación de un ex jefe de policía de La Pampa procesado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.El pedido de excarcelación del coronel (R) Luis Enrique Braldini también había sido rechazado en todas las instancias previas. Tanto el juez federal de Bahía Blanca Pedro Zabala como las cámaras federales de esa localidad y de Casación Penal consideraron que, en libertad, Baraldini podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.

A Baraldini, que fue jefe de la policia pampeana hasta 1979, se le atribuye haber sido en el jefe de la denominada Subzona 14 II,  y por lo tanto tener responsabilidad directa en centenares de casos de detenciones ilegales y aplicación de tormentos.

Según constancias de la causa, en la Subzona 14 II funcionaban como centros clandestinos de detención y torturas en la ciudad de  Santa Rosa tanto la seccional 1ª de la policía pampeana como la Brigada de Investigaciones.

Baraldini se había ocultado en Santa Cruz, Bolivia, dónde regenteaba una academia de equitación y conspiraba contra el gobierno del presidente Evo Morales. Fue extraditado a fines de 2011.

El fallo de la Corte que rechazó el recurso extraordinario fue firmado por Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

El juez Zabala firmó el procesamiento de Baraldini por secuestros y torturas

 El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, firmó ayer -tal como se preveía- el procesamiento al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini.
El responsable de la Subzona 14, que funcionó en nuestra provincia en esa época, fue procesado por secuestros y torturas: se lo acusa de haber cometido 350 violaciones a los Derechos Humanos.
Los argumentos formales utilizados para su procesamiento se conocerán en las próximas horas: el juez Zabala prefirió no hacerlos públicos hasta que se difundan a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Sí se supo que se trata de una resolución muy extensa y meticulosa, que no sólo tiene en cuenta el accionar en sí de Baraldini, sino el contexto de la situación, que tuvo su influencia en la condena a los otros integrantes del grupo de tareas, en el año 2010.
Baraldini no estuvo sentado en el banquillo, en esa ocasión, porque estaba prófugo, pero cayó el 24 de diciembre del año pasado, en Bolivia, cuando intentó falsear su identidad.
Baraldini había solicitado su excarcelación, basándose en la “presunción de inocencia” que tienen todos los ciudadanos hasta antes de ser juzgados y condenados. Pero Zabala se la rechazó, con varias fundamentaciones.
El ex jefe de la Policía pampeana permaneció durante ocho años en calidad de prófugo. Fue trasladado de Bolivia a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Pidió que lo dejen detenido en la Colonia Penal 4. Quiere estar cerca de sus familiares -su hija Sandra vive en la capital pampeana- y tener a mano a su abogado.
Permanece alojado en el Pabellón 2 Bajo junto a los otros miembros del comando Subzona 14 condenados por la Justicia en 2010. Fueron condenados a 20 años de prisión el ex capitán Néstor Greppi y los ex comisarios Roberto Constantino (fallecido), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años, el oficial Néstor Cenizo; a 12, los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 años, Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año.
No fue condenado por estar ausente en el juicio el ex coronel Fabio Iriart, por estar enfermo.
A partir de que el procesamiento de Baraldini quede firme, el ex militar se había negado antes a declarar en indagatoria. Será juzgado junto al resto de los represores condenados en el primer debate y a los nuevos imputados en el segundo juicio a los responsables de la represión en La Pampa durante la última dictadura militar.
Será investigado por los 28 casos de tortura y por los secuestros ilegales que se ventilaron en el primer juicio contra los represores pampeanos, en el segundo semestre de 2010. También se le sumarán los hechos que se investigan en el segundo juicio, más de 300 casos.
Respecto de la causa Subzona 14 II, el Juzgado Federal lleva tomada la mitad de las testimoniales previstas. Es improbable que se llegue a juicio durante el año que viene. Después de que finalice la lista de testigos, el Juzgado tendrá que indagar a los imputados y, luego, resolver su situación legal (si son procesados o no).
A partir de ese momento, los imputados podrán presentar apelaciones en la Cámara de Bahía Blanca. Los tiempos dependerán desde ese momento de la mayor o menor diligencia de ese tribunal hasta agotar la resolución de las apelaciones.
Recién cuando los procesamientos queden firmes, el Juzgado podrá requerir el juicio y el TOF fijará la fecha de las audiencias.
Los operadores judiciales estiman que, con mucha suerte, se podría presentar la elevación a juicio a fines del año próximo, y recién en 2014 se llegaría a realizar el debate.

Subzona 14 II: dictaron los procesamientos a 16 policías y 2 jefes militares

Están imputados 16 policías y 2 militares.

El abogado Franco Catalani indicó que quedaron disconformes con dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. Apelarán.

Embargos millonarios

Uno de los abogados de los querellantes, Franco Catalani, afirmó ayer que el procesamiento que el procesamiento de 19 policías y militares que firmó el jueves último el Juez Federal, Pedro Víctor Zabala, en el marco de la causa de la Subzona 14 II, se da en el marco de una “investigación amplia, minuciosa y muy profesional”.

El letrado elogió  el fallo, consieró que seguramente se ampliarán los procesamientos en nuevas etapas y estimó que, a partir de las apelaciones que se presentarán, el juicio oral se realizaría en el año 2014. Por otro lado, Catalani anticipó que está elaborando una apelación a la decisión del juez de no procesar a los acusados por  los delitos de genocidio y rebelión, como se había pedido desde las querellas.

Catalani indicó que quedaron disconformes con los dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. En cambio, el juez Zabala si aceptó acusar a los imputados por el delito de asociación ilícita, además de los secuestros y torturas.

“En general estamos muy satisfechos. La investigación es minuciosa, amplia y muy profesional”, le dijo a El Diario. También mencionó que en los dos imputados que se dictó falta de mérito, no quedaron desligados de la investigación sino que se puede seguir aportando evidencias.

“Por una cuestión particular de la querella, ideológica y si se quiere política, estamos apelando dos puntos”, aclaró. Y explicó que, en el caso de la rebelión, se aplica a la deposición por la fuerza de los poderes legalmente constituídos. “El juez dice que la rebelión no forma parte de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, de haber existido, habría proscrpito”, explicó el abogado.

“Nos parece un argumento desacertado. Lo mismo podría haber dicho para el delito de asociación ilícita,  y, sin embargo, se los imputa. Además, en la definición de delito de lesa humanidad, en el inciso K se contempla otros hechos. Es una forma abierta en la que entraría la rebelión”, argumentó.

En el caso de la figura del genocidio, el juez la rechaza por que se aplica a la persecución de grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. “Dice que no se hizo una persecución contra esos grupos. Por un lado, el adjetivo nacional puede implicar la militancia política, gremial y social que fue objeto de persecución. Por otro, creemos que cuando se menciona grupo, no se puede circunscribir a esos cuatro, sino que la eliminación de cualquier grupo, por el motivo que sea, es un genocidio”, apuntó.

En los distinos fallos que se sucedieron en el país contra los represores, nunca se incluyeron la figura del genocidio o la rebelión. En algunas sentencias, sí se aplicó la asociación ilícita.

Juicio oral

Catalani comentó que el juez Zabala “seguramente va a ampliar los procesamientos si es que cabe esa situación”. “No creo que vaya a haber otro juicio. La idea es concentrar todo lo que se pueda, en este segundo procedimiento”, respondió sobre la posibilidad de que haya acusados que queden afuera del próximo debate oral.

Por otro lado, se manfiestó conforme con el ritmo de la causa. “Hay que tener en cuenta lo que significa este proceso. Lleva 26 cuerpos. Son entre 18 y 21 imputados, más de 300 víctimas. Es de una enorme complejidad y de extrema voluminosidad. La verdad, tanto el juzgado como la fiscalía están trabajando muy bien, más allá de que tengamos diferencias en algunos criterios, por la razón de que tenemos roles diferentes”, dijo.

Sobre la eventual fecha de un juicio oral, indicó: “Para mi lo mi razonable es en 2014”.

“Ahora se cierra el primer tramo sobre una serie de hechos y personas, vamos a apelar tanto las querellas como las defensas, tendrá que resolver la Cámara, el juzgado va a seguir investigando con relación a los hechos de falta de mérito y luego resoverá si hay más procesamientos, que también serán apelados. Una vez que se resuelve todo, se eleverá a juicio y también será apelado. Yo creo que se nos va a ir el año que viene enterito”, resumió.

Genocida Baraldini colaboró con grupos nazis de Santa Cruz (Bolivia)

El genocida y ex carapintada Baraldini colaboró con la célula de Rózsa para conspirar

LA PAZ |
El fiscal de Materia, Marcelo Sosa, quien investigó el caso Terrorismo I, develó el jueves que el ex carapintada, Luis Enrique Baraldini, capturado en diciembre de 2011 en Santa Cruz, colaboró con la célula de milicianos de Eduardo Rózsa, para conspirar y tramar una guerra civil para dividir Bolivia.

"Nosotros hemos hallado algunos indicios y comunicaciones que efectivamente el grupo argentino llamado los carapintadas, entre esos el ex militar Enrique Baraldini, estaba en contacto con Eduardo Rózsa Flores", precisó.

Consideró que en el caso Terrorismo II, los fiscales asignados al caso deben investigar la relación que mantuvo el ex carapintada con Rózsa y grupos de poder de Santa Cruz que cooperaron para maquinar una oleada de atentados y generar una guerra civil para fragmentar al país.

"No olvidemos que este es un tema complejo, razón por la que se investigó a unas personas con las cuales se llegó a una acusación, en cambio con el caso terrorismo II se ampliará el abanico de la investigación para establecer quienes cooperaron con Rózsa", enfatizó.

El ex carapintada y represor militar argentino, fue capturado el 24 de diciembre del 2011, tras prolongada investigación que data del 2009, después que la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), el 16 de abril del 2009 desbarató a la milicia encabezada por el boliviano-húngaro, Rózsa.

El ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, denunció que el ex represor militar argentino, Enrique Baraldini, de 73 años de edad, a pesar de tener orden de captura internacional por 350 violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, fue protegido por los grupos de poder de la derecha en Bolivia.

Baraldini había fraguado inclusive una cédula de identidad fraudulenta 4866849 con el nombre de Marco Antonio Aponte, que fue una de las causas para su expulsión del país por haber infringido la Ley de Migración.

Era prófugo de la justicia de su país desde 2003, acusado por delitos de lesa humanidad que cometió en la dictadura de 1976 a 1983, cuando fue jefe de la Policía de La Pampa, donde ahora está recluido en la unidad carcelaria 4 de Santa Rosa.

Sobre los archivos de la dictadura en La Pampa

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Ante la noticia difundida y las palabras del  ministro de Gobierno y Justicia provincial, César Rodríguez, sobre la apertura de los archivos de la dictadura, es muy importante destacar que la ley que los declara intangibles y públicos no se aplica desde su sanción (2006), y que en ese período la Secretaría de Derechos Humanos NUNCA PIDIÓ SU PUBLICIDAD y el MINISTERIO DE GOBIERNO, NUNCA LO PROMOVIÓ. 

También que desde hace 1 año lo reclama el MOVIMIENTO POPULAR PAMPEANO POR LOS DERECHOS HUMANOS y que nunca han tenido acceso. Recién ahora se los dan a la Secretaria de Derechos Humanos. El gobierno de Oscar Mario Jorge, DIFICULTA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS.

Si fuera contagioso... El gobierno provincial abrirá los archivos de la represión militar

Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos.
 
El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. Se indicó a la prensa que ya se firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
“Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, y que se están notificando de esta resolución los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa.
Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
“Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora.
También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó.

El “doble rol” de la Seccional Primera

El requerimiento fiscal señala que la Seccional Primera de la Policía de Santa Rosa “cumplió un doble rol: el de dependencia policial y el de centro clandestino de detención, donde los detenidos a disposición del Comando de la Subzona 1.4 eran torturados y mantenidos en cautiverio”.

Las pruebas colectadas en la causa Nº 13/09  indican que sin perjuicio de la existencia de los otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas ya mencionados, “la Comisaría 1ª era, por excelencia, el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones (ilegalmente detenidos, ‘blanqueados’ -procesados por infracción a la ley 20.840, a disposición judicial, a disposición del PEN o del Comando de la Subzona 1.4-, o en tránsito entre diferentes lugares de detención), por el que pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún momento del lapso en el que estuvieron privados de la libertad”.

Describe que se trataba de un centro de detención y tortura , según lo que se ha podido corroborar hasta el momento.

Según ha quedado establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal oral de La Pampa en diciembre de 2010, poco tiempo antes del 24 de marzo de 1976 el primer piso de la comisaría primera pasó a estar bajo el control del Comando de Subzona 1.4.

“Las constancias de la causa evidencian que la mayoría de los detenidos por razones políticas eran alojados en la planta baja de la Comisaría 1ª. Se trataba de hombres y mujeres, confinados en un conjunto de celdas individuales”, enumera.

Insiste en que “los detenidos sufrían pésimas condiciones sanitarias, una total incomunicación con el mundo exterior y, en muchos casos, también de sus compañeros de cautiverio. Dentro de las celdas algunos detenidos tenían los ojos constantemente vendados, y no eran sacados al baño para hacer sus necesidades. Por otra parte, se los mantenía esposados, con los ojos vendados y se los encapuchaba cuando eran llevados a los interrogatorios”.

“Estos eran dirigidos y llevados a cabo por personal militar del ejército y de la policía provincial. Indefectiblemente implicaban alguna clase de tortura física o psicológica (golpizas, aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, simulacros de fusilamiento, abusos sexuales, exposición en desnudez, abortos, amenazas de muerte y sometimiento a escuchar los tormentos sufridos por otros detenidos). Los detenidos vivían bajo la amenaza constante de ser llevados a interrogatorios y de sufrir tormentos. En muchos casos, eran privados de alimentos y de la posibilidad de ir al baño fuera de la celda”, señala.

Todos los acusados

La nómina de los 35 acusados por delitos de lesa humanidad en el caso de la Subzona 14 II.

En el caso de la Subzona 14 aparecen acusados como autores las siguientes personas: Carlos Alberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Athos Reta (hasta ahí, todos condenados en el juicio del año 2010), Benavídez (se ignora el nombre de pila), Máximo Pérez Oneto, Miguel Gauna, Juan Domingo Gatica, Oscar “Miseria” López, Rubén René “Chaleco” Giménez, Eulises Oscar Guiñazú, Chamorro, Luis Lucero, Miguel Ochoa, Eduardo Antonio Velásquez, Carmelo Carnovale, Humberto Riffaldi, Orlando Osmar Pérez, José Daniel Alberdi, Mario Domingo Balduini, Enrique Pereyra, Ignacio Victoriano Sosa, Fabio Iriart, Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci.

A ellos se suman los autores “mediatos” Modesto Pedro Rooseleer, Carlos Alfredo Ameza, Carlos Alfredo Sabbatini, Luis Benavidez Samyn, Juan José Amarante (fallecido), José Edgardo Calderón (fallecido), Gerardo José Jauregui y Jorge Omar de Bartolo.

Autores "mediatos": los cargos más importantes

El requerimiento hace referencia a la “autoría mediata” y describe a “individuos que estuvieron incluidos dentro de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización de la actividad de los opositores políticos, desde la estructura estatal".

"Ocupaban importantes cargos dentro de la estructura represiva -ya fuera en el ejército o en una fuerza de seguridad- y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan en este acto”, señala la acusación.

Se los acusa de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

“Estos individuos, sin intervención propia en la ejecución de tales hechos ilícitos, serían penalmente responsables como autores en virtud de su poder de voluntad sobre los efectivos ejecutores, sin perjuicio de que en otros casos concurran con su autoría directa”, diferencia.

“Se trata de las autoridades superiores militares o de las fuerzas de seguridad, quienes habrían, por un lado, emitido las órdenes en virtud de las cuales se cometieron los delitos investigados y, por otro, habrían puesto a disposición de este aparato ilegal todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objetivo criminal. Ellos serían, en consecuencia, quienes habrían dominado la voluntad de los ejecutores en virtud de un aparato de poder organizado”, insiste.

“El autor mediato no necesariamente debe ser, por otra parte, el líder máximo de una organización criminal, sino también puede serlo quien reviste una jerarquía media, mientras que dirija y controle una parte de la organización”, aclara la acusación.

De acuerdo con las consideraciones previas, las personas que en el caso de autos habrían controlado el aparato de poder organizado mediante el cual se cometieron los hechos ilícitos descriptos serían:

- Fabio Carlos Iriart (Teniente Coronel): se desempeñaba, al tiempo de los hechos, como Jefe del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101, Toay, y como Comandante a cargo de la Subzona 1.4 que abarcaba toda la provincia. Tenía el rol de la máxima autoridad bajo cuyas órdenes actuaron la unidad militar del Destacamento 101, el Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘, y la policía de la provincia de La Pampa. Iriart, por su cargo, era el máximo responsable de las acciones llevadas a cabo por el Ejército teniendo a su disposición a la policía provincial y servicio penitenciario nacional. Tuvo la responsabilidad operativa primaria en la conducción de las acciones de la Subzona. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Se le atribuye haber emitido al personal bajo su mando, dentro del marco de operaciones destinadas a combatir la subversión, las órdenes ilícitas respecto de la ejecución de los hechos investigados, proveer los medios necesarios para perpetrarlos y asegurar la impunidad de sus actos.

- Modesto Pedro Rooseleer: relevó a Iriart.

- Néstor Omar Greppi (teniente coronel) ocupó el cargo de Secretario General de la Gobernación de la provincia de La Pampa desde el 24/3/1976 hasta el mes de enero de 1977. En esa función, transmitió órdenes al grupo operativo. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Greppi no se limitó a desempeñarse en actividades administrativas de la gobernación, sino que realizó distintos procedimientos, transmitió órdenes y participó y toleró detenciones y tormentos, y además contó con el aparato informativo que le brindaba la estructura militar funcional en el gobierno de la provincia.

- Carlos Alfredo Ameza, militar a cargo del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, de la provincia. Su labor no se circunscribía a las administrativas, propias del Ministerio que ocupaba y que, hasta el Poder Judicial, le estaba subordinado.

- Estado Mayor: un órgano cuyas funciones consistían -entre otras-, en tareas de enlace entre el Comando y los organismos dependientes del mismo, informar al comandante y representarlo cuando fuera necesario, fiscalización de todas las órdenes que se impartieran que respondieran a planes y normas fijadas por el Comandante, control de cumplimiento de las órdenes del Comandante. Cumplía funciones de asistencia y colaboración con el Comandante. Obtenía información de inteligencia, efectuaba apreciaciones y asesoraba.
En la subzona 1.4, el Estado Mayor estaba a cargo del Segundo Jefe de Subzona (Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101), Teniente Coronel Carlos Alfredo Sabbatini, y la plana mayor: Inteligencia (S2) a cargo del Mayor Luis Enrique Baraldini entre 7/12/1974 y el 18/5/1976, reemplazado por el Mayor Luis Benavidez Samyn entre 18/5/1976 y el 15/12/1976, reemplazado a su vez por el Capitán Juan José Amarante (fallecido) desde el 07/01/1977; Operaciones (S3) a cargo del Mayor José Edgardo Calderón (fallecido) entre el 7/12/1974 y el 15/12/1976, reemplazado por el Mayor Gerardo José Jauregui desde el 15/12/1976; y Logística (S4) a cargo del Capitán Jorge Omar de Bartolo.

- Roberto Esteban Constantino (inspector mayor de policía de la provincia) quien, a la época de los hechos investigados, se desempeñaba como “Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4”, ello por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial. En tal función lideró a los policías de la provincia que perpetraron las conductas criminales. Adquirió un papel protagónico en la retransmisión de las órdenes del Jefe de Policía de la provincia  y, por su intermedio, del Jefe de Subzona en cuanto a la represión de la subversión.

- Omar Aguilera (comisario principal de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Operaciones de Trabajo Subzona 1.4. En calidad de integrante de la fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército, tenía poder de decisión, y más allá de las órdenes que recibía y retransmitía, estaba presente en los distintos interrogatorios que se realizaba en la Comisaría 1ra., participando incluso de los tormentos allí impuestos.

- Roberto Oscar Fiorucci (subcomisario de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Informaciones de Trabajo de la Subzona 14.

Contexto y estructura del plan de represión

En el requerimiento fiscal hay un capítulo en el que se hace referencia puntual y concreta al contexto, estructura y funcionamiento del plan de represión en la provincia.

La Subzona 1.4 -recuerda el documento- comprendía la totalidad de La Pampa. Y describe lo siguiente.

Su comando se asentaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, a cargo del teniente Coronel del Ejército Fabio Carlos Iriart (a partir del 21/9/1975 hasta el mes de septiembre de 1977). Lo sucedió en el cargo Modesto Pedro Rooseleer.

El Coronel del Ejército Néstor Greppi cumplió el rol de secretario general de la gobernación (a partir del 24/3/1976 hasta enero de 1977).

El militar Carlos Alfredo Amenza era ministro de Gobierno, Educación y Justicia.

El Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, se desempeñó como Jefe de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración 101 entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976, para pasar luego a desempeñarse como Jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa.

El teniente coronel del Ejército Oscar Cobuta (fallecido) estuvo a cargo del Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘.

En el Estado Mayor revistaron el Teniente Coronel del Ejército Carlos Alfredo Sabbatini, quien desde el 07/12/1974 y durante el año 1976 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; el Coronel del Ejército Modesto Pedro Rooseler, quien desde el 28/10/1977 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; y luego fue Jefe del Destacamento y Subzona 14, al menos, en el mes de marzo de 1978; el Mayor del Ejército José Edgardo Calderón (fallecido), quien entre el 07/12/1974 y el 15/12/1976 estuvo a cargo de la Sección de Operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Gerardo José Jáuregui desde el 15/12/1976; el Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, quien entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976 estuvo a cargo de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Luis Benavidez Samyn, a partir del 18/05/1976 y hasta el 15/12/1976; el Capitán del Ejército Jorge Omar de Bartolo, quien durante 1976 estuvo a cargo de la Sección de Logística del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101.
La presentación destaca que la Policía actuó como fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército Argentino, elemento orgánico abocado al plan sistemático de represión clandestina e ilegal, bajo las órdenes del Jefe de Policía provincial, Baraldini. El Inspector General Agustín Prieto era el subjefe.

Grupo de tareas

El Jefe del Grupo de trabajo de la Subzona 1.4 fue el Inspector Mayor Roberto Esteban Constantino; el Jefe de Operaciones fue el Comisario Principal Omar Aguilera; y el Jefe de Informaciones, el Subcomisario Roberto Oscar Fiorucci.

El Grupo también se conformó con los oficiales Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Roberto Escalada y Carlos Reinhart.

Ya venían desempeñándose en estas “tareas”, al menos desde principios de 1975, junto a otros, que casualmente llevaban adelante los procedimientos denominados “antisubversivos” o  “en infracción a la Ley 20.840”.

“La metodología criminal era llevada adelante por los imputados, quienes aprovechando sus posiciones dentro del aparato de poder, ejecutaban los hechos criminosos por sí o dominando su ejecución. La utilización de las instalaciones policiales provinciales fue característica de la represión en la subzona -aunque también lo fue en el resto del país-, con una concentración notable en la ejecución de los actos criminales en la Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa”, planteó la acusación.

Añadió que “las personas víctimas de las conductas que se investigan estuvieron ilegalmente detenidas y sufrieron torturas y abusos en varias dependencias policiales, como la Brigada de Investigaciones, la Comisaría de General Pico, la de Catriló y el puesto caminero de la localidad de Jacinto Aráuz, sobre la ruta nacional Nº 35. Sin embargo, en casi todos los casos, la Comisaría 1ª apareció como el lugar común por el que pasó la mayoría de los detenidos y, por algunas de sus características, puede considerarse un centro clandestino de detención (CCD)”.

Nuevos acusados por delitos de lesa humanidad

José Daniel Alberdi, uno de los acusados. Una de las particularidades de la acusación formal que firmó Marta Odasso para elevar al juez Zabala es que se pide investigar crímenes cometidos no sólo durante la dictadura, sino en la etapa previa.
 
La acusación formal por el caso judicial conocido como “Subzona 14 II” -contenida en el requerimiento fiscal- incluye el pedido de investigación concreto para una treintena de nuevos acusados, además de quienes ya fueron condenados en el histórico juicio del año 2010.

En la nómina de imputados hay algunos casos que estaban “cantados”, a partir de la orden que dio en su momento el propio Tribunal Oral Federal. Otros, en cambio, resultaron una sorpresa, aunque se sabía de testimonios concretos que los aludían.

Entre los acusados hay altos jefes policiales de la “democracia”, como José Daniel Alberdi, que fue jefe de Policía durante la gobernación de Rubén Marín. También aparece Luis Lucero, que se desempeñó al frente de la Unidad Regional I.

La presentación fiscal describe la situación y el contexto que se vivía en la provincia durante la dictadura militar, y en la época previa.

El requerimiento fiscal lleva la firma de Marta Fernández de Odasso, y fue elevado al juez federal Pedro Zabala, que lleva a cabo la instrucción. Aunque el documento data del año pasado, se había mantenido en cierta reserva ante la presunción de que algunos de los involucrados pudieran fugarse o contar con ventajads para una estrategia defensiva.

En este caso aparecen acusados 11 ex oficiales del Ejército y 24 ex oficiales y agentes de la Policía -incluyendo a personas ya fallecidas-, por tormentos, secuestros y asociación ilícita, delitos cometidos no sólo durante la dictadura sino también antes de que comenzara el “Proceso de Reorganización Nacional”, el 24 de marzo del ‘76.

Algunos de esos acusados son considerados autores “mediatos” (ver aparte): se trata de quienes ocupaban los cargos más altos en la estructura represiva de la Subzona. Hay otra lista (ver aparte) de “autores” -o sea, quienes realizaron “de propia mano” los delitos (en algunos casos, los autores “mediatos” también aparecen como “autores”).

Papelón narco de Baraldini y de los militares argentinos

Cuando Luis Baraldini partió en noviembre de 1979 hacia Bolivia como agregado militar en la embajada argentina no era un destino más. Ese traslado estaba enlazado con dos acciones clave de la dictadura militar: el freno a un proceso democrático en Bolivia en el marco del Plan Cóndor; y la preparación del apoyo a los contra nicaragüenses, una acción conjunta de la Junta Militar y la CIA norteamericana para derrotar al gobierno sandinista de Daniel Ortega que había derrocado al dictador Anastasio Somoza.

Baraldini viajó hacia Bolivia en un momento caliente. Fue en el marco del Plan Cóndor, en un resurgir de la izquierda en Bolivia. El 17 de julio de 1980 -unos meses después que llegara Baraldini en un contingente de entre 100 y 200 militares argentinos aportados al Ejército boliviano- se produjo el golpe contra la presidenta Lidia Gueiler, elegida por la Asamblea Legislativa Boliviana.

Ese día en un brutal ataque a la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, fue asesinado el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo cuerpo ahora sus familiares reclaman.

El periodista Rogelio García Lupo (Zona, Clarín, 24/03/2006) revela que en ese operativo participaron militares que hablaban “como argentinos” según testimoniaron sobrevivientes del ataque. Los informes desclasificados de la embajada de Estados Unidos en La Paz también revelan esa colaboración de los militares argentinos.

Se desató una represión brutal en Bolivia. En La Paz y Santa Cruz de la Sierra comenzaron los secuestros y la desaparición de personas, los métodos que aplicaron los argentinos durante la dictadura militar. También en las calles de La Paz y Santa Cruz aparecieron técnicas utilizadas por el Grupo de Tareas que comandó Baraldini en La Pampa: la utilización de una ambulancia, con represores, para secuestrar militantes obreros y políticos, y dirigentes indígenas. Ese método se utilizó en muchas oportunidades en la subzona 14: una camioneta carrozada, con apariencia de ambulancia. Este fue el método utilizado para trasladar a la maestra María Zulema Arizu, una de las víctimas de Luis Baraldini, chupada en la escuela Hogar de Algarrobo del Águila. En ese operativo participaron los ex oficiales Hugo Marenchino (el puntero de Carlos Verna en Eduardo Castex) y Luis Lucero.

“Eran comandos que secuestraban personas en pleno día y a menudo las torturaban dentro de ambulancias en movimiento que recorrían las calles de La Paz haciendo sonar las sirenas para provocar pánico”, relata Rogelio García Lupo.

Un papelón internacional

La actuación de los militares argentinos en Bolivia terminó en un escándalo. Fue el final de la “Narcodictadura” del general Luis García Meza con quien Luis Baraldini compartía además de los métodos de tortura, largas jornadas de equitación, el deporte preferido del dictador. Baraldini era del arma de Caballería.

Dice García Lupo: “La situación estaba descomponiéndose aceleradamente. A principios de 1982 la Marina argentina envió a un capitán de navío con la misión de producir un informe sobre la actividad de los argentinos. Había una grave denuncia sobre el saqueo de la cocaína decomisada y almacenada en el tesoro del Banco Central de La Paz y la investigación comprometía a los argentinos. La Fuerza Aérea, por su parte, ahora había establecido vigilancia sobre los vuelos de retorno de los aviones que transportaban desde nuestro país las raciones para alimentación de las fuerzas especiales. En esos aviones de regreso a Buenos Aires también viajaban narcotraficantes bolivianos y colombianos, por lo general acompañados por equipajes muy pesados que desaparecían junto con sus dueños en el sector militar del Aeroparque”.

La fecha, principios de 1982, coincide con el retorno de Baraldini a la Argentina.

Uno de los militares destinados en Bolivia junto a Baraldini fue el mayor Jorge Mones Ruiz. Compartieron después el alzamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990 contra el ex presidente Carlos Menem que encabezó Mohamed Alí Seineldín. Baraldini era jefe del Regimiento de Palermo donde se produjeron varias muertes.

En el año 2009, el gobierno de Evo Morales reveló que Baraldini y Mones Ruiz participarían de una conspiración contra el gobierno boliviano. El pasado 16 de abril de 2009 en el Hotel de las Américas de Santa Cruz de la Sierra en un operativo fueron muertos tres hombres, fuertemente armados. Otros dos fueron detenidos y otro se dio a la fuga.

Uno de los detenidos reveló el plan para asesinar a Evo Morales. Entre los muertos en un tiroteo está el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores. En un video difundido después de su muerte revela los planes de armar milicias de “defensa” en Bolivia.
“El Gobierno boliviano también le trasmitió al argentino que Baraldini, Mones Ruiz y otra decena de carapintadas tendrían su centro de actuación en el norteño departamento de Beni. El gobierno boliviano cifró a los carapintadas en 11, como los jugadores de un equipo de fútbol, pero expertos locales aseguran que son un poco más, acaso 14. Ambas fuentes coinciden en que los argentinos fueron convocados como instructores militares de milicias por empresarios y terratenientes de Santa Cruz, preocupados tanto por la posibilidad de que campesinos sin tierra e indígenas apoyados por el MAS ocupen tierras fiscales o haciendas improductivas o latifundios hoy en su poder, como por la posibilidad de ser detenidos y enjuiciados por sus actividades. Como ya le pasó al prefecto Leopoldo Fernández a causa de la “Masacre del Porvenir”, el asesinato de 18 campesinos aymaras en el departamento de Pando ocurrido en septiembre pasado, justo antes del regreso de Rózsa Flores”, informa el periodista Juan Salinas en la revista Zoom.

Por Gustavo Laurnagaray

Un médico detenido y exiliado declaró en la causa de la Subzona 14 II

Viajó desde Canadá y se presentó a dar su testimonio en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Jorge Eugenio Oscar Irazusta se exilió hace 36 años.

 El médico Jorge Eugenio Oscar Irazusta, detenido en el 75 en Santa Rosa y exiliado desde la fecha, declaró el pasado lunes 9 de enero en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la investigación de los crímenes de la dictadura militar en La Pampa, en la denominada causa de la Subzona 1.4 II.

Irazusta tiene 68 años y fue uno de los médicos que integraron el Servicio Provincial de Salud en La Pampa durante los años 70 y cayó preso todavía en tiempo del gobierno constitucional. Estuvo detenido en la Colonia Penal del 13 al 21 de noviembre de ese año. El 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe, se exilió en Canadá, dónde aún reside.

El Juzgado le tomó declaración a pesar de la feria judicial porque en diciembre se había comunicado con la Fiscalía, manifestando que tenía previsto un viaje y entre el 6 y el 9 de enero estaría disponible para dar su testimonio.

El pasado lunes por la mañana declaró en el juzgado de la Avenida Roca, según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias . No estaba aún en la nómina de testigos citados, justamente porque no reside en el país y, junto a otros casos, se analizaba que declarasen por teleconferencia o vía diplomática.

El viaje al país y el interés de Irazusta en aportar a la causa, desembocaron en la declaración en el tribunal del juez Pedro Zabala . Es el primer testimonio  judicial que ofrece, ya que en las investigaciones anteriores se consideraron los casos de desaparecidos y detenidos con posterioridad al 24 de marzo del ‘76. Varios de los represores pampeanos condenados en el primer juicio habrían participado de su detención.

“Lo esperábamos”

Una hermana del médico  fue desaparecida por los represores en Córdoba. En agosto de 2010, Irazusta ya había viajado junto a su esposa Cecilia Cornejo para asistir al juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla en Córdoba. Su hermana, María Eugenia Irazusta, fue torturada y asesinada en la jefatura de Policía de esa capital. 

Durante su visita a Córdoba, Irazusta fue entrevistado por la página web Prensared.  “Que haya juicios es lo más maravilloso que ocurre. Algún día tenía que salir todo este pus afuera y no como dice la Iglesia de que haya amnistía. Eso no soluciona nada, es como decir que acá no ha pasado nada. Acá pasó y mucho y los que no sobrevivieron y los 30 mil que no supimos que infierno tuvieron”, dijo en esa oportunidad.

“Hacía años que lo esperábamos. No solo militares y policías lo hicieron. El clero, la justicia, los empresarios y otros sectores de poder también participaron. Nada hubiera sido posible si no hubiera habido un interés además de político, económico. No habrá país si esto no sucede. No se puede perdonar a quien no pide perdón”, expresó.

Opción por los pobres

El caso de Irazusta aparece en el libro “Informe 14”, de Norberto Asquini y Pinky Pumilla, junto al resto de los médicos de ese servicio, que se había formado durante el gobierno de José Aquiles Regazzoli y fue desmantelado por la represión.

A comienzos de los 70, Jorge ya era médico y su esposa asistente social. Luego de casarse, emprendieron juntos un camino de militancia social que los llevó sucesivamente a Chancaní, al norte de Santa Fe, y por último a La Pampa.

“Nunca participamos en un movimiento político como tal pero tuvimos mucha militancia social. Con Cecilia nos conocimos en los campamentos universitarios de trabajo que nacieron en Mendoza con el cura (José María) Llorens en la época en que una parte de la Iglesia tomó el compromiso con los pobres, este cura jesuita fue el primero en irse a vivir en un barrio con los pobres”, contó en Prensared.

Con esa idea, se fueron a vivir a Chancaní, a la zona boscosa de La Forestal argentina.  “En esos territorios vivimos y muy asociados a los hermanitos de la Fraternidad Foucauld, comunidad en la que se encontraba el cura irlandés Patrick Rice, gran defensor de los derechos humanos que fue secuestrado y luego preso. Tuvo que irse a Europa pero regresó en 1984. Todos los curas de la cuña boscosa estaban comprometidos con la Teología de la Liberación, muchos fallecieron, otros terminaron en la cárcel y tantos compañeros que trabajamos juntos y muy cercanos con las ligas agrarias y con la organización sindical de los hacheros que por primera vez en la vida vieron un salario familiar porque se lo quedaban los patrones porque no sabían escribir”, afirmó en la página mediterranea.

Recordó que durante ese trabajo bajo la consigna “no se firma si no se lee” en 1971 los hacheros recibieron su primer sueldo y ellos participaron de ese hecho. Y que junto a otros compañeros pusieron en marcha un plan de salud que permitió bajar los índices de mortalidad materna con el apoyo de la comunidad y del gobierno de Santa Fe. En esa época había una guardia rural que controlaba toda la zona, los “pumas”, que los vigilaban permanentemente y tuvieron que irse.

"Una locura de Camps"

Recalaron entonces en La Pampa. Irazusta ingresó al Servicio Provincial de Salud (SPS), y llegó a ser director de Atención Médica del hospital Lucio Molas.

El 13 de noviembre de 1975, cuando se firmó el decreto que autorizó al Ejército a combatir a la llamada “subversión” y las policías provinciales fueron puestas bajo jurisdicción militar, Irazusta resultó preso y puesto a disposición a del Poder Ejecutivo Nacional. El equipo de salud que lo acompañaba terminó encarcelado en la Unidad Penal 4.

“Ahí el director nos reunió y nos dijo que mientras estemos a su cuidado no sufriríamos torturas”, relató. Hacia fines de 1974, la pareja recibió una amenaza de la Triple A y les pusieron una custodia policial que los acompañaba al  trabajo.

“Nos detienen en noviembre acusados de estar preparando un equipo de salud para la guerra que se venía. Una locura de (Ramón) Camps ( jefe de la Subzona 14 hasta diciembre de 1975)”, consignó.

En esa oportunidad, reveló que por intervención directa de Albano Hardinguegui y por pedido del padre de Cecilia, un coronel retirado, lo liberaron con la condición de quedar bajo tutela de su suegro.

Cuando Irazusta se fue del país, su mujer, Cecilia, permaneció en Salta, su provincia de origen, con sus cuatro hijos. Regresó a Córdoba con sus suegros antes de partir hacia Canadá.
Allí también se encontraba su cuñada, hasta que la joven desapareció.  Poco después apareció muerta, fusilada en un intento de fuga fraguado por la policía cordobesa. Tenía 28 años y tenía ideas de izquierda comunista, aunque no partidaria de la lucha armada.

Baraldini será indagado inicialmente por 63 secuestros y 18 torturas

El represor Luis Enrique Baraldini deberá comparecer ante la Justicia por al menos 63 casos de secuestros y 18 de torturas, si bien será indagado por los más de 320 víctimas que hoy se investigan en la denominada causa Subzona 14 II, la segunda parte de los secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en territorio pampeano.

Baraldini será trasladado hoy, de acuerdo a lo que informó el Juzgado Federal, a Santa Rosa para ser indagado a las 9 por el titular de ese tribunal, Pedro Zabala, y la fiscal federal Marta Odasso. Si bien se investigan más de 320 hechos, en los autos judiciales figura vinculado directamente a al menos 63 secuestros y 18 torturas. Esta cifra seguramente se elevaría a medida que se profundice la instrucción de la causa de la Subzona 14 II. Por un lado porque aunque no participó directamente en todos los tormentos y detenciones, como uno de los jefes intelectuales de esos hechos es autor mediato ya que daba las órdenes. Pero también porque se siguen tomando testimonios que podrían mencionarlo como partícipe de los operativos de ese grupo de tareas.
Por ahora, en el procesamiento a los represores de diciembre de 2004 del juez Rodolfo Canicoba Corral -que luego fue elevado a juicio y fueron condenados nueve ex oficiales- podría quedar vinculado a al menos 25 casos de secuestros y 18 de tortura. En esa causa, Baraldini no fue detenido, por lo que no fue indagado. En tanto, en el requerimiento de instrucción que elevó la Fiscalía federal este año para su investigación en la Subzona 14 II, está señalado como autor director de 38 secuestros y cuatro torturas. Número que seguramente se va a elevar cuando se profundicen las testimoniales.

Testimonios.
En el auto de procesamiento dictado en 2004 a otros nueve represores por Canicoba Corral, el primer juez que tuvo la causa reabierta en 2003 -el otro fue Daniel Rafecas, que lo sucedió-, hay varios testimonios que lo señalan como el jefe máximo de la represión ilegal.
Por ejemplo, Ramón Lastre declara sobre las torturas: "Al salir de dicha oficina, los detenidos presentaban rastros físicos notorios de haber sido duramente castigados. En varias ocasiones mientras se desarrollaban los interrogatorios -en la planta alta de la Seccional Primera- se presentó el Mayor Baraldini, quien en ese entonces era jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa".
Nilda Storck, otra ex policía, declaró: "A dichos interrogatorios asistía un oficial del ejército de apellido Amarante y el entonces jefe de la Policía Provincial, el Mayor Baraldini".
El ex comisario Vito Maccarini de Jacinto Arauz dijo que Baraldini fue el jefe del operativo que copó esa localidad el 14 de julio de 1976 y secuestró a varios docentes y vecinos.
Otros hablan de que era el jefe principal del grupo de tareas y el que daba las órdenes a los oficiales que participaban de los operativos. El ex agente Juan Angel Bustos afirmó ante la Justicia que "al mayor Baraldini se lo notificaba diariamente de lo sucedido con los detenidos".
Una de las víctimas de la Subzona 14, Olga Edith Juárez, aseguró en 1984: "Una vez arribados a la Brigada de Investigaciones sita en la ciudad de Santa Rosa, fue amenazada por el Mayor Baraldini quien le dijo que iba a morir si no decía la verdad".
José María Leppez, ex agente, agregó que "quienes comandaban a los policías que realizaban las torturas y demás apremios eran el jefe de policía, Mayor Baraldini, y el Capitán Amarante".
René Giménez, ex policía y vinculado al grupo de tareas, afirmó que "junto a los oficiales que hacían los interrogatorios estaban el capitán Amarante y el Mayor Baraldini".

Multisectorial convoca a una marcha
La Multisectorial Memoria, Verdad y Justicia, que se constituyó durante el juicio a los represores de la Subzona 14 el año pasado, invitó a concentrarse hoy a las 9 horas frente a la sede del Juzgado Federal, Roca 153, para manifestarse ante la detención del represor Luis Enrique Baraldini.
Bajo la consigna "justicia y castigo en La Pampa a los represores de la dictadura", los integrantes de este colectivo expresaron su satisfacción ante la detención y traslado al país del ex coronel Luis Enrique Baraldini.
Sus integrantes invitaron a concentrarse a la hora en que el ex jefe de la Policía provincial durante la dictadura será indagado por el juez federal Pedro Zabala.
La Multisectorial invitó "a todas las organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, y a todos quienes quieran hacerlo a concurrir en apoyo al juicio contra el terrorismo de estado en la provincia".
Firman el comunicado Hugo Fontana, Walter Montenegro, Julio Braile, Oscar Gatica, Sergio De Matteo, María Cristina Ercoli, María Ester Morán, Aldo René Bafundo, Alejandro Andrada y Claudio Montenegro.

"La detención fue legal, no política"
La captura y expulsión de Bolivia del represor pampeano Luis Enrique Baraldini ha generado polémica en ese país. Ayer, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, aclaró que su detención "fue legal y nada política". En tanto, un senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió al gobierno nacional investigar las acciones y nexos del ex coronel argentino, señalado de conspirar contra el presidente Evo Morales en 2009; y un
El ministro Chávez explicó ayer: "Queremos dejar claro que no existe ningún tipo de detención política de esta persona (Baraldini) porque existe una orden de captura internacional, orden que fue cumplida por el Estado a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la cooperación judicial y policía internacional".
El funcionario dijo que Baraldini tenía parentesco con un funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz, su yerno Raúl López, pero insistió en que por esa situación es irresponsable hablar de una detención política.
Al contrario, denunció que grupos de poder de la denominada ultraderecha protegieron, encubrieron "a represores, torturadores y masacradores que participaron en la dictadura nacional e internacional", entre ellos Baraldini, Jorge Baldiano y otros.
"Son los mismos grupos de poder que se opusieron a la Constitución Política del Estado, al proceso de cambio y que están vinculados con autoridades locales", matizó.
El Ministro de Gobierno informó que está abierta una investigación sobre esos personajes que se refugian en Bolivia bajo la protección de grupos de poder, como sucedió con Baraldini.
Sobre la posible relación del ex carapinada con Eduardo Rósza Flores, cabecilla de una célula de mercenarios y terroristas internacionales que tramaban en 2009 fragmentar Bolivia con una oleada de atentados terroristas, dijo que la investigación está en curso en el marco del caso terrorismo.
"Hay investigaciones abiertas que darán cuenta del grado de implicancia de las personas que participaron en esos hechos, que quisieron dividir al país, que intentaron atentar contra la vida de autoridades nacionales, entre ellos, el Jefe de Estado, Evo Morales", subrayó.

Pedido.
Por su parte, el senador del MAS, Eugenio Rojas pidió al Ministerio de Gobierno investigar las acciones y nexos de Baraldini. "Hay que pedir el informe del Ministerio de Gobierno sobre este argentino que estaba en el país y tenía vínculos para organizar un acto criminal; investigar y saber qué pasó, y a partir de eso saber qué medidas tomar para proteger a líderes políticos, sindicales o cualquier otro ciudadano", manifestó el senador del MAS. La ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré, informó el domingo cuando fue expulsado Baraldini que tuvo activa participación en el intento de magnicidio contra el mandatario boliviano. Cosa que se conocía desde 2009, pero ahora quieren volver a investigar.

Más de tres años.
En criterio de Rojas, no se tiene mucha información sobre los actos del ex militar en Bolivia y por ello exhortó a las instituciones de Inteligencia del país a fortalecer su trabajo.
Las autoridades bolivianas no detuvieron a Baraldini por más de tres años, a pesar de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que disponía la extradición del ex militar argentino vinculado con casos de tortura durante la dictadura militar.
El fallo de la Corte Suprema disponía la entrega del ex militar que residía en Bolivia desde el 2003, pero el último sábado fue detenido por la Policía y expulsado por decisión del Ministerio de Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió el auto supremo 182/2008 el 13 de agosto de 2008 ante la petición de la Embajada de Argentina para posibilitar la extradición de Baraldini quien habría sido parte de un intento de complot contra el gobierno boliviano.

Un pedido de destitución
El concejal del municipio de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, Saúl Avalos, del Movimiento Al Socialismo (MAS), exigió, junto a su bancada, al alcalde Percy Fernández la destitución del funcionario municipal Raúl López, quien le daba protección al represor Luis Baraldini. "El señor López ha admitido ser el protector y de cobijar en su domicilio a Baraldini, un señor que es prófugo de la Justicia argentina, una persona en la que pesa en su contra, delitos de lesa humanidad. No podemos tener en Santa Cruz como Jefe de Seguridad Ciudadana, a alguien que proteja a prófugos de la justicia" internacional, explicó el concejal.

Las explicaciones del yerno
El yerno del represor Luis Baraldini, Raúl López, casado con Rosana Baraldini y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dijo a medios bolivianos que protegió al prófugo, pero no que le dio "protección especial" sino solo "cobijo".
"Nunca le brindé una protección especial, solamente le di un techo donde pudiera vivir", afirmó López, según reveló la prensa boliviana.
López dio dos datos absolutamente falsos: aseguró que su presencia en Bolivia no era irregular ya que contaba con la autorización de la Cancillería y expresó que todos los procesos que arrastraba fueron absueltos durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
"Desde el año 2003 mi suegro está en Bolivia; incluso su presencia en este país es de conocimiento de las autoridades argentinas ya que asistía a la Cancillería a normalizar su situación. Con respecto al documento falso con el que le encontraron, desconozco esa situación. No sería nada raro que se trate de algún hecho político contra él (Baraldini)", aseguró López.