miércoles, 17 de noviembre de 2010

Los nueve represores juzgados fueron condenados a penas de 8 a 20 años en prisión común

El Tribunal Oral Federal condenó ayer a penas que van de 8 a 20 años de prisión en cárcel común e inhabilitación absoluta y perpetua, a nueve represores condenados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas, cometidos en la Subzona 1.4 con jurisdicción en La Pampa, durante la última dictadura militar.

La lectura de la condena estuvo a cargo del titular del Tribunal Oral Federal, Jose Mario Triputti, que presidió el juicio oral y público que comenzó el 2 de agosto pasado en la sede del Colegio de Abogados de Santa Rosa, para juzgar a nueve represores, en un juicio que sin duda será histórico porque juzgó por primera vez el accionar de un grupo de policías y militares durante la última dictadura militar.

Con absoluto silencio de parte de todos los presentes en la sala, entre ellos el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, se escuchó cada una de las condenas a los nueve imputados y sólo ese clima se interrumpió con silbidos y quejas, cuando se escuchó que al ex subocomisario Hugo Marenchino se lo condenaba a la pena de 8 años de prisión.

La lectura de la sentencia fue ante la presencia de una sala colmada de víctimas y familiares, organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales y de los nueve condenados.

Estos son el coronel Néstor Greppi, Secretario General de la Gobernación de facto; Roberto Constantino, Comisario General; Roberto Fiorucci, Comisario inspector de la Policía, jefe de informaciones; Omar Aguilera, Comisario mayor de la policía y jefe de Operaciones; Néstor Cenizo, oficial principal, integrante de informaciones y Operaciones; Carlos Reinhart, oficial principal, integrante del Grupo de Trabajo de la Subzona 14; Oscar Yorio, subcomisario de la Policía; Athos Reta, subcomisario de la Brigada de Investigaciones y Hugo Marenchino, subcomisario integrante grupo de Trabajo subzona 14.

Los delitos por los cuales fueron condenados son los de privación ilegal de la libertad mediando amenazas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos y allanamiento ilegal.

El presidente del Tribunal leyó el fallo unánime del Tribunal integrado por dos jueces más que resolvieron condenar a la pena de 20 años de prisión a Néstor Greppi, Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Omar Aguilera y Carlos Reinhart; mientras que a Néstor Cenizo lo condenó a la pena de 14 años de prisión; a Oscar Yorio y Athos Reta a 12 años y a Hugo Marenchino a la pena de 8 años.

Todos ellos detenidos desde días previos al inicio a juicio en la Unidad 4 con asiento en Santa Rosa, fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal de ésta ciudad capital y de acuerdo al fallo se dictaminó su inhabilitación absoluta y perpetua, si bien no trascendió si ello implica que dejarán de percibir los haberes -jubilación o pensión- que cobran de parte del Estado Argentino como pidió la querella.

Tras la lectura de la sentencia no se vivió un clima de algarabía si bien había rostros conformes por un lado, como lo planteó la querella "porque más alla de que luego se analizarán las condenas, se determinó la responsabilidad penal de los hechos de parte de los imputados hoy condenados" y de acuerdo al fallo, se abren instancias para nuevos juicios a fin de que se investiguen a quienes fueron mencionados como parte de este siniestro plan de secuestro y torturas.

En este juicio más de 160 personas formularon sus testimonios y víctimas y testigos fueron desnudando cómo se implementó en La Pampa éste plan sistemático de secuestro, detención y tortura durante la última dictadura militar, pudiéndose escuchar testimonios desgarradores que colmaron de silencios y lágrimas en más de una oportunidad a los presentes en la sala.

Allí se escucharon las torturas que sufrieron detenidos y detenidas en los seis centros clandestinos que funcionaron en La Pampa, donde no faltaron las vendas, esposas, los golpes, torturas con picana eléctrica en los órganos genitales femeninos y masculinos, senos y lengua y también abusos sexuales, que develaron la miserabilidad sin límite de los represores.

La querella al final de Este proceso habia solicitado una pena de 25 años de prisión en cárceles comunes para los nueve procesados, que se ordene la investigación de la participación civil y los médicos policiales y militares, denunciados en el debate oral y que los imputados hoy condenados no cobren más jubilación, pensión o cualquier tipo de remuneración que actualmente perciben del Estado argentino.

Por otra parte la Fiscal Federal Marta Odasso decidió abrir otra causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, entre los que se espera se incluyan a civiles, como médicos policiales, que intervinieron en las sesiones de torturas y fueron imputados en los testimonios de las víctimas.

Este juicio y el testimonio de las víctimas demostraron que como muchos afirmaban "La Pampa no fue una isla", sino que a través de la Subzona 1.4 constituyó un eslabón más de ésta cadena sistemática de terrorismo de Estado puesta en funcionamiento en el país para reprimir.


El abogado Eduardo Fernández, quien representó a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista junto a Carina Salvay y Franco Catalani, señaló que "en general" estaba "conforme". Puntualizó que en el caso de Marenchino le pareció "excesivamente leve" la pena de ocho años de prisión. "Teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que cumplió (en prisión), de quedar firme la sentencia en estas condiciones estaría cerca de obtener en poco tiempo salidas transitorias", señaló.

También apuntó al caso de Yorio, de quien tuvo en cuenta "la responsabilidad funcional que tenía" al considerar también baja la pena impuesta de 12 años de prisión. Anticipó que en esos dos casos puntuales podrían acudir a Casación.
Sobre la absolución de los acusados en los casos de Ginar de Villarreal y Martínez Roca, remarcó que "si bien es cierto que el fiscal no acusó, sí acusaron las querellas". Para él, a criterio de la Corte, la acusación de la querella puede suplir la falta de acusación fiscal.
Curutchague, quien acompañó como abogado querellante a Miguel Palazzani, dijo estar "satisfecho". "Más que nada no por las condenas en sí, sino por la repercusión pública que tuvo el juicio y lo que puede llegar a ser hacia el futuro en el próximo".

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