Con las declaraciones testimoniales de dos de las 41 víctimas de secuestros y torturas en la Subzona 14, con jurisdicción en La Pampa, comenzó este martes la etapa de instrucción del proceso, en el cual unos 35 ex militares y ex policías están acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
La etapa de instrucción comenzó este martes en el juzgado federal de La Pampa y se prevé que unas 41 víctimas de secuestros y torturas durante la dictadura brindarán sus declaraciones testimoniales, en el paso previo a que el juez de la causa determine si eleva las investigaciones a juicio oral y público.
La jornada comenzó con el testimonio de Mario Llinás, un ex estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico, que fue detenido en las horas posteriores al 24 de marzo del `76.
"Estuve detenido unos 15 días en la Unidad 4 de Santa Rosa, nunca supe por qué me detuvieron y no padecí torturas", expresó escuetamente a la prensa, al retirándose con prisa del juzgado.
Luego le siguió la docente Cristina Ercoli, detenida en noviembre de 1975, quien permaneció encarcelada varios meses en Villa Devoto, durante el gobierno de Isabel Perón.
"Lamentablemente tuve que esperar 35 años para llegar a esta instancia", declaró a Télam minutos antes de ingresar a la sala a prestar declaración testimonial, llevando documentación; entre ella, una que hacía referencia a que "quedaba en libertad por su buen comportamiento".
Las declaraciones testimoniales -a las que no tiene acceso la prensa- se realizan en la sede del juzgado federal y, según fuentes de esa dependencia judicial, serán unos 41 los testigos que desfilarán por ese tribunal durante cinco semanas.
Según explicó la secretaria de Derechos Humanos, muchas de las notificaciones enviadas no llegaron a destino por cambios de direcciones, por lo que se insistirá en la búsqueda de unas 191 supuestas víctimas para que se presenten a declarar.
La primera causa, relacionada con la Subzona 14, se desarrolló el año pasado y terminó con la condena a nueve ex policías y militares, uno de los cuales comenzó a gozar de libertad condicional la semana pasada, lo que generó críticas por parte de los organismos de derechos humanos.
En esta segunda parte de la causa se investigarán los secuestros y torturas cometidos por represores pampeanos entre 1975 y 1983.
De acuerdo a la fiscal federal Marta Odasso, son más de 300 las personas que fueron víctimas de la represión en la provincia y constituyen los casos que no fueron abordados en el primer juicio oral y público que se realizó la semana pasada.
En este proceso, hay unos 35 ex militares y ex policías que están actualmente presos en la Unidad Penal 4: Athos Reta, Roberto Fiorucci, Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Yorio y Hugo Marenchino, hoy en libertad condicional.
En La Pampa, se identificaron seis centros clandestinos de detención y tortura: dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz y los restantes en General Pico y Catriló.
De acuerdo a los datos oficiales, 49 pampeanos fueron desaparecidos en distintas ciudades del país durante la última dictadura; entre ellos, dos niños que hoy son adultos y viven con una falsa identidad.
La etapa de instrucción comenzó este martes en el juzgado federal de La Pampa y se prevé que unas 41 víctimas de secuestros y torturas durante la dictadura brindarán sus declaraciones testimoniales, en el paso previo a que el juez de la causa determine si eleva las investigaciones a juicio oral y público.
La jornada comenzó con el testimonio de Mario Llinás, un ex estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico, que fue detenido en las horas posteriores al 24 de marzo del `76.
"Estuve detenido unos 15 días en la Unidad 4 de Santa Rosa, nunca supe por qué me detuvieron y no padecí torturas", expresó escuetamente a la prensa, al retirándose con prisa del juzgado.
Luego le siguió la docente Cristina Ercoli, detenida en noviembre de 1975, quien permaneció encarcelada varios meses en Villa Devoto, durante el gobierno de Isabel Perón.
"Lamentablemente tuve que esperar 35 años para llegar a esta instancia", declaró a Télam minutos antes de ingresar a la sala a prestar declaración testimonial, llevando documentación; entre ella, una que hacía referencia a que "quedaba en libertad por su buen comportamiento".
Las declaraciones testimoniales -a las que no tiene acceso la prensa- se realizan en la sede del juzgado federal y, según fuentes de esa dependencia judicial, serán unos 41 los testigos que desfilarán por ese tribunal durante cinco semanas.
Según explicó la secretaria de Derechos Humanos, muchas de las notificaciones enviadas no llegaron a destino por cambios de direcciones, por lo que se insistirá en la búsqueda de unas 191 supuestas víctimas para que se presenten a declarar.
La primera causa, relacionada con la Subzona 14, se desarrolló el año pasado y terminó con la condena a nueve ex policías y militares, uno de los cuales comenzó a gozar de libertad condicional la semana pasada, lo que generó críticas por parte de los organismos de derechos humanos.
En esta segunda parte de la causa se investigarán los secuestros y torturas cometidos por represores pampeanos entre 1975 y 1983.
De acuerdo a la fiscal federal Marta Odasso, son más de 300 las personas que fueron víctimas de la represión en la provincia y constituyen los casos que no fueron abordados en el primer juicio oral y público que se realizó la semana pasada.
En este proceso, hay unos 35 ex militares y ex policías que están actualmente presos en la Unidad Penal 4: Athos Reta, Roberto Fiorucci, Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Yorio y Hugo Marenchino, hoy en libertad condicional.
En La Pampa, se identificaron seis centros clandestinos de detención y tortura: dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz y los restantes en General Pico y Catriló.
De acuerdo a los datos oficiales, 49 pampeanos fueron desaparecidos en distintas ciudades del país durante la última dictadura; entre ellos, dos niños que hoy son adultos y viven con una falsa identidad.
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