Continúa la impunidad : El TOF de La Pampa concedió la libertad a cinco represores

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa le otorgó la libertad a cinco represores pampeanos a la espera del juicio oral y público que se prevé, se realizará en la segunda mitad de 2016, informaron fuentes judiciales. Los beneficiados por el fallo de los jueces fueron los ex policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía provincial, mientras que los otros cuatro fueron parte del staff de la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas de la provincia durante la dictadura militar.

La decisión fue tomada por el tribunal conformado por Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia de Neuquén y Alejandro Silva de Río Negro, ya que venció el plazo de la prisión preventiva. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal 4. En total, son 18 los represores pampeanos que afrontarán el juicio por los delitos de secuestro, tortura, asociación ilícita y genocidio. El pedido de libertad lo hizo el defensor oficial Carlos Riela, y el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación. En ese sentido, los magistrados consideraron que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva -un año y seis meses de prórroga-, por lo cual no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

El único titular del TOF pampeano es Aguerrido, ya que los otros dos integrantes titulares, José Triputti, y Pablo Díaz Lacava, fueran recusados en su momento. Ambos tienen relación con una de las víctimas, el ex juez piquense Miguel De Marco.

Los acusados están procesados por unos 240 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en La Pampa. En septiembre pasado, la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, elevó a juicio oral y público la denominada causa Subzona 14 II, luego de más de cuatro años de investigación.

Silvestre firmó el decreto en la segunda parte de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983. Es la segunda parte de la investigación luego del histórico juicio realizado en 2010 contra nueve de los principales represores.

Rechazado el recurso de excarcelación al genocida Baraldini

El coronel (R) Luis Enrique Baraldini fue ADEMÁS, luego un jefe carapintada
La Corte Suprema rechazó un recurso para excarcelar al ex jefe de la policía de La Pampa
La Corte Suprema de Justicia la Nación rechazó un recurso contra la resolución que se opuso a la excarcelación de un ex jefe de policía de La Pampa procesado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.El pedido de excarcelación del coronel (R) Luis Enrique Braldini también había sido rechazado en todas las instancias previas. Tanto el juez federal de Bahía Blanca Pedro Zabala como las cámaras federales de esa localidad y de Casación Penal consideraron que, en libertad, Baraldini podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.

A Baraldini, que fue jefe de la policia pampeana hasta 1979, se le atribuye haber sido en el jefe de la denominada Subzona 14 II,  y por lo tanto tener responsabilidad directa en centenares de casos de detenciones ilegales y aplicación de tormentos.

Según constancias de la causa, en la Subzona 14 II funcionaban como centros clandestinos de detención y torturas en la ciudad de  Santa Rosa tanto la seccional 1ª de la policía pampeana como la Brigada de Investigaciones.

Baraldini se había ocultado en Santa Cruz, Bolivia, dónde regenteaba una academia de equitación y conspiraba contra el gobierno del presidente Evo Morales. Fue extraditado a fines de 2011.

El fallo de la Corte que rechazó el recurso extraordinario fue firmado por Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

El juez Zabala firmó el procesamiento de Baraldini por secuestros y torturas

 El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, firmó ayer -tal como se preveía- el procesamiento al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini.
El responsable de la Subzona 14, que funcionó en nuestra provincia en esa época, fue procesado por secuestros y torturas: se lo acusa de haber cometido 350 violaciones a los Derechos Humanos.
Los argumentos formales utilizados para su procesamiento se conocerán en las próximas horas: el juez Zabala prefirió no hacerlos públicos hasta que se difundan a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Sí se supo que se trata de una resolución muy extensa y meticulosa, que no sólo tiene en cuenta el accionar en sí de Baraldini, sino el contexto de la situación, que tuvo su influencia en la condena a los otros integrantes del grupo de tareas, en el año 2010.
Baraldini no estuvo sentado en el banquillo, en esa ocasión, porque estaba prófugo, pero cayó el 24 de diciembre del año pasado, en Bolivia, cuando intentó falsear su identidad.
Baraldini había solicitado su excarcelación, basándose en la “presunción de inocencia” que tienen todos los ciudadanos hasta antes de ser juzgados y condenados. Pero Zabala se la rechazó, con varias fundamentaciones.
El ex jefe de la Policía pampeana permaneció durante ocho años en calidad de prófugo. Fue trasladado de Bolivia a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Pidió que lo dejen detenido en la Colonia Penal 4. Quiere estar cerca de sus familiares -su hija Sandra vive en la capital pampeana- y tener a mano a su abogado.
Permanece alojado en el Pabellón 2 Bajo junto a los otros miembros del comando Subzona 14 condenados por la Justicia en 2010. Fueron condenados a 20 años de prisión el ex capitán Néstor Greppi y los ex comisarios Roberto Constantino (fallecido), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años, el oficial Néstor Cenizo; a 12, los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 años, Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año.
No fue condenado por estar ausente en el juicio el ex coronel Fabio Iriart, por estar enfermo.
A partir de que el procesamiento de Baraldini quede firme, el ex militar se había negado antes a declarar en indagatoria. Será juzgado junto al resto de los represores condenados en el primer debate y a los nuevos imputados en el segundo juicio a los responsables de la represión en La Pampa durante la última dictadura militar.
Será investigado por los 28 casos de tortura y por los secuestros ilegales que se ventilaron en el primer juicio contra los represores pampeanos, en el segundo semestre de 2010. También se le sumarán los hechos que se investigan en el segundo juicio, más de 300 casos.
Respecto de la causa Subzona 14 II, el Juzgado Federal lleva tomada la mitad de las testimoniales previstas. Es improbable que se llegue a juicio durante el año que viene. Después de que finalice la lista de testigos, el Juzgado tendrá que indagar a los imputados y, luego, resolver su situación legal (si son procesados o no).
A partir de ese momento, los imputados podrán presentar apelaciones en la Cámara de Bahía Blanca. Los tiempos dependerán desde ese momento de la mayor o menor diligencia de ese tribunal hasta agotar la resolución de las apelaciones.
Recién cuando los procesamientos queden firmes, el Juzgado podrá requerir el juicio y el TOF fijará la fecha de las audiencias.
Los operadores judiciales estiman que, con mucha suerte, se podría presentar la elevación a juicio a fines del año próximo, y recién en 2014 se llegaría a realizar el debate.

Subzona 14 II: dictaron los procesamientos a 16 policías y 2 jefes militares

Están imputados 16 policías y 2 militares.

El abogado Franco Catalani indicó que quedaron disconformes con dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. Apelarán.

Embargos millonarios

Uno de los abogados de los querellantes, Franco Catalani, afirmó ayer que el procesamiento que el procesamiento de 19 policías y militares que firmó el jueves último el Juez Federal, Pedro Víctor Zabala, en el marco de la causa de la Subzona 14 II, se da en el marco de una “investigación amplia, minuciosa y muy profesional”.

El letrado elogió  el fallo, consieró que seguramente se ampliarán los procesamientos en nuevas etapas y estimó que, a partir de las apelaciones que se presentarán, el juicio oral se realizaría en el año 2014. Por otro lado, Catalani anticipó que está elaborando una apelación a la decisión del juez de no procesar a los acusados por  los delitos de genocidio y rebelión, como se había pedido desde las querellas.

Catalani indicó que quedaron disconformes con los dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. En cambio, el juez Zabala si aceptó acusar a los imputados por el delito de asociación ilícita, además de los secuestros y torturas.

“En general estamos muy satisfechos. La investigación es minuciosa, amplia y muy profesional”, le dijo a El Diario. También mencionó que en los dos imputados que se dictó falta de mérito, no quedaron desligados de la investigación sino que se puede seguir aportando evidencias.

“Por una cuestión particular de la querella, ideológica y si se quiere política, estamos apelando dos puntos”, aclaró. Y explicó que, en el caso de la rebelión, se aplica a la deposición por la fuerza de los poderes legalmente constituídos. “El juez dice que la rebelión no forma parte de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, de haber existido, habría proscrpito”, explicó el abogado.

“Nos parece un argumento desacertado. Lo mismo podría haber dicho para el delito de asociación ilícita,  y, sin embargo, se los imputa. Además, en la definición de delito de lesa humanidad, en el inciso K se contempla otros hechos. Es una forma abierta en la que entraría la rebelión”, argumentó.

En el caso de la figura del genocidio, el juez la rechaza por que se aplica a la persecución de grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. “Dice que no se hizo una persecución contra esos grupos. Por un lado, el adjetivo nacional puede implicar la militancia política, gremial y social que fue objeto de persecución. Por otro, creemos que cuando se menciona grupo, no se puede circunscribir a esos cuatro, sino que la eliminación de cualquier grupo, por el motivo que sea, es un genocidio”, apuntó.

En los distinos fallos que se sucedieron en el país contra los represores, nunca se incluyeron la figura del genocidio o la rebelión. En algunas sentencias, sí se aplicó la asociación ilícita.

Juicio oral

Catalani comentó que el juez Zabala “seguramente va a ampliar los procesamientos si es que cabe esa situación”. “No creo que vaya a haber otro juicio. La idea es concentrar todo lo que se pueda, en este segundo procedimiento”, respondió sobre la posibilidad de que haya acusados que queden afuera del próximo debate oral.

Por otro lado, se manfiestó conforme con el ritmo de la causa. “Hay que tener en cuenta lo que significa este proceso. Lleva 26 cuerpos. Son entre 18 y 21 imputados, más de 300 víctimas. Es de una enorme complejidad y de extrema voluminosidad. La verdad, tanto el juzgado como la fiscalía están trabajando muy bien, más allá de que tengamos diferencias en algunos criterios, por la razón de que tenemos roles diferentes”, dijo.

Sobre la eventual fecha de un juicio oral, indicó: “Para mi lo mi razonable es en 2014”.

“Ahora se cierra el primer tramo sobre una serie de hechos y personas, vamos a apelar tanto las querellas como las defensas, tendrá que resolver la Cámara, el juzgado va a seguir investigando con relación a los hechos de falta de mérito y luego resoverá si hay más procesamientos, que también serán apelados. Una vez que se resuelve todo, se eleverá a juicio y también será apelado. Yo creo que se nos va a ir el año que viene enterito”, resumió.

El represor Reta condenado a 12 años : en libertad (¿?)

Subzona 1.4: Athos Reta en libertad

El ex policía y represor  Athos Reta, condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue visto en el hospital Lucio Molas junto a un familiar. Tendría un permiso de 20 días por “problemas de salud”.

El pasado 20 de junio, el Tribunal Oral Federal decidió darle la prisión domiciliaria a Reta debido a que su esposa padecía una enfermedad.

La mujer falleció y los médicos determinaron provisoriamente que Reta estuviera en su domicilio por “problemas de salud”. Para respaldar este pedido, se emitieron certificados médicos. Reta iba gozar de este beneficio por unos 20 días.

Este martes, Reta fue visto en el Hospital Lucio Molas junto a un familiar. Testigos aseguran que no estaba esposado ni con custodia policial.

El ex comisario Athos Reta fue condenado a 12 años de prisión por 12 casos de privación ilegal de la libertad agravados por el uso de violencia y amenazas (5 de los casos doblemente agravados) y 6 casos de tormentos físicos y síquicos.

Sobre los archivos de la dictadura en La Pampa

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Ante la noticia difundida y las palabras del  ministro de Gobierno y Justicia provincial, César Rodríguez, sobre la apertura de los archivos de la dictadura, es muy importante destacar que la ley que los declara intangibles y públicos no se aplica desde su sanción (2006), y que en ese período la Secretaría de Derechos Humanos NUNCA PIDIÓ SU PUBLICIDAD y el MINISTERIO DE GOBIERNO, NUNCA LO PROMOVIÓ. 

También que desde hace 1 año lo reclama el MOVIMIENTO POPULAR PAMPEANO POR LOS DERECHOS HUMANOS y que nunca han tenido acceso. Recién ahora se los dan a la Secretaria de Derechos Humanos. El gobierno de Oscar Mario Jorge, DIFICULTA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS.

Si fuera contagioso... El gobierno provincial abrirá los archivos de la represión militar

Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos.
 
El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. Se indicó a la prensa que ya se firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
“Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, y que se están notificando de esta resolución los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa.
Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
“Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora.
También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó.