La impunidad por vía de "vencimiento de plazos " : liberados 5 represores...

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de cinco expolícias. Ellos estaban detenidos en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de los expolícias Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, quienes se encontraban en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad. ¿La razón? El vencimiento de los plazos de las prisiones preventivas (un año y seis meses de prórroga) así que, según el Juzgado, ya no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

Estos cinco exfuncionarios eran imputados por la causa Subzona 14 II, por la que fueron privados de libertad 18 funcionarios entre militares y policías, ocho de ellos condenados a penas de entre 8 y 20 años de prisión por unos 30 casos de secuestros y torturas.

Otros gozan de prisión domiciliaria y aún falta por conocer la suerte del exjefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini, quien se fugó en una oportunidad siendo recapturado en Bolivia a finales del año 2011.

Cabe destacar que todos ellos son acusados de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio contra al menos unas 300 personas, en el marco de la represión ilegal acontecida entre los años 1975 y 1983. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por el referido delito en la Unidad Penal 4.

Continúa la impunidad : El TOF de La Pampa concedió la libertad a cinco represores

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa le otorgó la libertad a cinco represores pampeanos a la espera del juicio oral y público que se prevé, se realizará en la segunda mitad de 2016, informaron fuentes judiciales. Los beneficiados por el fallo de los jueces fueron los ex policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía provincial, mientras que los otros cuatro fueron parte del staff de la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas de la provincia durante la dictadura militar.

La decisión fue tomada por el tribunal conformado por Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia de Neuquén y Alejandro Silva de Río Negro, ya que venció el plazo de la prisión preventiva. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal 4. En total, son 18 los represores pampeanos que afrontarán el juicio por los delitos de secuestro, tortura, asociación ilícita y genocidio. El pedido de libertad lo hizo el defensor oficial Carlos Riela, y el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación. En ese sentido, los magistrados consideraron que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva -un año y seis meses de prórroga-, por lo cual no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.

El único titular del TOF pampeano es Aguerrido, ya que los otros dos integrantes titulares, José Triputti, y Pablo Díaz Lacava, fueran recusados en su momento. Ambos tienen relación con una de las víctimas, el ex juez piquense Miguel De Marco.

Los acusados están procesados por unos 240 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en La Pampa. En septiembre pasado, la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, elevó a juicio oral y público la denominada causa Subzona 14 II, luego de más de cuatro años de investigación.

Silvestre firmó el decreto en la segunda parte de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983. Es la segunda parte de la investigación luego del histórico juicio realizado en 2010 contra nueve de los principales represores.

Indagarían a Espinal, el capellán represor, pero sin detenerlo

El sacerdote fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. Aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Pero se admitió “amigo” del genocida Ramón Camps, que ejercía en la Subzona 14.

La Justicia Federal de Santa Rosa convocaría a declaración indagatoria al cura Alberto Espinal, aunque en principio sin reclamar su detención, en el marco de la investigación que se hace por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado en nuestra provincia (Subzona 14).

La definición la debe adoptar en los próximos días el juez subrogante José Charlín, a partir del pedido formulado por el fiscal Juan José Baric.

El tiempo que pasó desde el momento en que se formuló la petición, vuelve lógico el hecho de que no se produzca la detención, pero sería un hecho que el magistrado reclamará la indagatoria del sacerdote, es decir su declaración como sospechoso de haber cometido un delito.

Tal como informó El Diario, el pedido se basa en testimonios y otras pruebas que reflejan el accionar de Espinal durante la última dictadura militar. Puntualmente, hay un fuerte testimonio de una presa política que lo involucra: Ana María Martínez Roca reveló en el juicio de 2010 que el sacerdote la interrogaba respecto de su vinculación con Montoneros.

Espinal es el cura que aparece en la portada del libro “El Informe 14”, de Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini, junto a Luis Baraldini, Ramón Camps y monseñor Adolfo Arana.

Espinal fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. En declaraciones públicas que hizo el año pasado, aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Su primer jefe en aquel destino fue Camps, después sucedido por el coronel Fabio Iriart.

“El amigo Camps”, lo refirió Espinal al genocida durante un diálogo que tuvo con el periodista Asquini en el año 2010, cuando el cura estaba en la Casa Inspectorial “Nuestra Señora de Luján” del barrio porteño de Almagro. El cura también es recordado porque dio clases en el Colegio Domingo Savio, de la capital provincial.

“Tenía otras intenciones”

Ana María Martínez Roca reveló, durante el juicio de la Subzona 14 que se hizo en 2010, que la interrogó el cura Alberto Espinal. “Lo único que hacía era preguntarme si era montonera”, reveló la mujer en una de las jornadas de agosto de aquel año.

Víctima de la última dictadura, Ana María Martínez detalló aquella vez, en un conmovedor testimonio y por primera vez en su vida, los tormentos que sufrió. “Nunca digas lo que viste, sino te vamos a ir a buscar y te vamos matar”, le advirtió el exjefe de Policía Luis Baraldini cuando la liberaron. Tras las torturas, perdió 15 embarazos, según contó.

Según la causa judicial, la víctima fue privada ilegalmente de su libertad a fines del ‘75. La trasladaron desde Buenos Aires para después ser alojada en las dependencias de la Seccional Primera de Santa Rosa. Por la tortura, estaba desfalleciente. Le indujeron un aborto. En el juicio contó que el único que la interrogó fue el cura, un capellán del ejército. Lo reconoció en la tapa del libro “Informe 14” en una foto en la cual está al lado de Baraldini y del exobispo Adolfo Arana.

“También rezábamos, pero tenía otras intenciones”, dijo.

“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería saber es si era de Montoneros o andaba en algo peligroso y si sabía de las cosas que hacía (Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía, me interrogó”.

A ella la detuvieron justamente porque era la novia de Hugo Chumbita. Fue liberada por los insistentes reclamos de la madre. La sacaron de madrugada, la subieron a un tren y la bajaron en una estación desierta cerca de Santa Rosa.

Rechazado el recurso de excarcelación al genocida Baraldini

El coronel (R) Luis Enrique Baraldini fue ADEMÁS, luego un jefe carapintada
La Corte Suprema rechazó un recurso para excarcelar al ex jefe de la policía de La Pampa
La Corte Suprema de Justicia la Nación rechazó un recurso contra la resolución que se opuso a la excarcelación de un ex jefe de policía de La Pampa procesado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.El pedido de excarcelación del coronel (R) Luis Enrique Braldini también había sido rechazado en todas las instancias previas. Tanto el juez federal de Bahía Blanca Pedro Zabala como las cámaras federales de esa localidad y de Casación Penal consideraron que, en libertad, Baraldini podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.

A Baraldini, que fue jefe de la policia pampeana hasta 1979, se le atribuye haber sido en el jefe de la denominada Subzona 14 II,  y por lo tanto tener responsabilidad directa en centenares de casos de detenciones ilegales y aplicación de tormentos.

Según constancias de la causa, en la Subzona 14 II funcionaban como centros clandestinos de detención y torturas en la ciudad de  Santa Rosa tanto la seccional 1ª de la policía pampeana como la Brigada de Investigaciones.

Baraldini se había ocultado en Santa Cruz, Bolivia, dónde regenteaba una academia de equitación y conspiraba contra el gobierno del presidente Evo Morales. Fue extraditado a fines de 2011.

El fallo de la Corte que rechazó el recurso extraordinario fue firmado por Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

El juez Zabala firmó el procesamiento de Baraldini por secuestros y torturas

 El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, firmó ayer -tal como se preveía- el procesamiento al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini.
El responsable de la Subzona 14, que funcionó en nuestra provincia en esa época, fue procesado por secuestros y torturas: se lo acusa de haber cometido 350 violaciones a los Derechos Humanos.
Los argumentos formales utilizados para su procesamiento se conocerán en las próximas horas: el juez Zabala prefirió no hacerlos públicos hasta que se difundan a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Sí se supo que se trata de una resolución muy extensa y meticulosa, que no sólo tiene en cuenta el accionar en sí de Baraldini, sino el contexto de la situación, que tuvo su influencia en la condena a los otros integrantes del grupo de tareas, en el año 2010.
Baraldini no estuvo sentado en el banquillo, en esa ocasión, porque estaba prófugo, pero cayó el 24 de diciembre del año pasado, en Bolivia, cuando intentó falsear su identidad.
Baraldini había solicitado su excarcelación, basándose en la “presunción de inocencia” que tienen todos los ciudadanos hasta antes de ser juzgados y condenados. Pero Zabala se la rechazó, con varias fundamentaciones.
El ex jefe de la Policía pampeana permaneció durante ocho años en calidad de prófugo. Fue trasladado de Bolivia a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Pidió que lo dejen detenido en la Colonia Penal 4. Quiere estar cerca de sus familiares -su hija Sandra vive en la capital pampeana- y tener a mano a su abogado.
Permanece alojado en el Pabellón 2 Bajo junto a los otros miembros del comando Subzona 14 condenados por la Justicia en 2010. Fueron condenados a 20 años de prisión el ex capitán Néstor Greppi y los ex comisarios Roberto Constantino (fallecido), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años, el oficial Néstor Cenizo; a 12, los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 años, Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año.
No fue condenado por estar ausente en el juicio el ex coronel Fabio Iriart, por estar enfermo.
A partir de que el procesamiento de Baraldini quede firme, el ex militar se había negado antes a declarar en indagatoria. Será juzgado junto al resto de los represores condenados en el primer debate y a los nuevos imputados en el segundo juicio a los responsables de la represión en La Pampa durante la última dictadura militar.
Será investigado por los 28 casos de tortura y por los secuestros ilegales que se ventilaron en el primer juicio contra los represores pampeanos, en el segundo semestre de 2010. También se le sumarán los hechos que se investigan en el segundo juicio, más de 300 casos.
Respecto de la causa Subzona 14 II, el Juzgado Federal lleva tomada la mitad de las testimoniales previstas. Es improbable que se llegue a juicio durante el año que viene. Después de que finalice la lista de testigos, el Juzgado tendrá que indagar a los imputados y, luego, resolver su situación legal (si son procesados o no).
A partir de ese momento, los imputados podrán presentar apelaciones en la Cámara de Bahía Blanca. Los tiempos dependerán desde ese momento de la mayor o menor diligencia de ese tribunal hasta agotar la resolución de las apelaciones.
Recién cuando los procesamientos queden firmes, el Juzgado podrá requerir el juicio y el TOF fijará la fecha de las audiencias.
Los operadores judiciales estiman que, con mucha suerte, se podría presentar la elevación a juicio a fines del año próximo, y recién en 2014 se llegaría a realizar el debate.

Subzona 14 II: dictaron los procesamientos a 16 policías y 2 jefes militares

Están imputados 16 policías y 2 militares.

El abogado Franco Catalani indicó que quedaron disconformes con dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. Apelarán.

Embargos millonarios

Uno de los abogados de los querellantes, Franco Catalani, afirmó ayer que el procesamiento que el procesamiento de 19 policías y militares que firmó el jueves último el Juez Federal, Pedro Víctor Zabala, en el marco de la causa de la Subzona 14 II, se da en el marco de una “investigación amplia, minuciosa y muy profesional”.

El letrado elogió  el fallo, consieró que seguramente se ampliarán los procesamientos en nuevas etapas y estimó que, a partir de las apelaciones que se presentarán, el juicio oral se realizaría en el año 2014. Por otro lado, Catalani anticipó que está elaborando una apelación a la decisión del juez de no procesar a los acusados por  los delitos de genocidio y rebelión, como se había pedido desde las querellas.

Catalani indicó que quedaron disconformes con los dos puntos del extenso fallo, en los cuales se rechaza enmarcar los hechos dentro de los delitos de rebelión y genocidio. En cambio, el juez Zabala si aceptó acusar a los imputados por el delito de asociación ilícita, además de los secuestros y torturas.

“En general estamos muy satisfechos. La investigación es minuciosa, amplia y muy profesional”, le dijo a El Diario. También mencionó que en los dos imputados que se dictó falta de mérito, no quedaron desligados de la investigación sino que se puede seguir aportando evidencias.

“Por una cuestión particular de la querella, ideológica y si se quiere política, estamos apelando dos puntos”, aclaró. Y explicó que, en el caso de la rebelión, se aplica a la deposición por la fuerza de los poderes legalmente constituídos. “El juez dice que la rebelión no forma parte de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, de haber existido, habría proscrpito”, explicó el abogado.

“Nos parece un argumento desacertado. Lo mismo podría haber dicho para el delito de asociación ilícita,  y, sin embargo, se los imputa. Además, en la definición de delito de lesa humanidad, en el inciso K se contempla otros hechos. Es una forma abierta en la que entraría la rebelión”, argumentó.

En el caso de la figura del genocidio, el juez la rechaza por que se aplica a la persecución de grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. “Dice que no se hizo una persecución contra esos grupos. Por un lado, el adjetivo nacional puede implicar la militancia política, gremial y social que fue objeto de persecución. Por otro, creemos que cuando se menciona grupo, no se puede circunscribir a esos cuatro, sino que la eliminación de cualquier grupo, por el motivo que sea, es un genocidio”, apuntó.

En los distinos fallos que se sucedieron en el país contra los represores, nunca se incluyeron la figura del genocidio o la rebelión. En algunas sentencias, sí se aplicó la asociación ilícita.

Juicio oral

Catalani comentó que el juez Zabala “seguramente va a ampliar los procesamientos si es que cabe esa situación”. “No creo que vaya a haber otro juicio. La idea es concentrar todo lo que se pueda, en este segundo procedimiento”, respondió sobre la posibilidad de que haya acusados que queden afuera del próximo debate oral.

Por otro lado, se manfiestó conforme con el ritmo de la causa. “Hay que tener en cuenta lo que significa este proceso. Lleva 26 cuerpos. Son entre 18 y 21 imputados, más de 300 víctimas. Es de una enorme complejidad y de extrema voluminosidad. La verdad, tanto el juzgado como la fiscalía están trabajando muy bien, más allá de que tengamos diferencias en algunos criterios, por la razón de que tenemos roles diferentes”, dijo.

Sobre la eventual fecha de un juicio oral, indicó: “Para mi lo mi razonable es en 2014”.

“Ahora se cierra el primer tramo sobre una serie de hechos y personas, vamos a apelar tanto las querellas como las defensas, tendrá que resolver la Cámara, el juzgado va a seguir investigando con relación a los hechos de falta de mérito y luego resoverá si hay más procesamientos, que también serán apelados. Una vez que se resuelve todo, se eleverá a juicio y también será apelado. Yo creo que se nos va a ir el año que viene enterito”, resumió.

El represor Reta condenado a 12 años : en libertad (¿?)

Subzona 1.4: Athos Reta en libertad

El ex policía y represor  Athos Reta, condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue visto en el hospital Lucio Molas junto a un familiar. Tendría un permiso de 20 días por “problemas de salud”.

El pasado 20 de junio, el Tribunal Oral Federal decidió darle la prisión domiciliaria a Reta debido a que su esposa padecía una enfermedad.

La mujer falleció y los médicos determinaron provisoriamente que Reta estuviera en su domicilio por “problemas de salud”. Para respaldar este pedido, se emitieron certificados médicos. Reta iba gozar de este beneficio por unos 20 días.

Este martes, Reta fue visto en el Hospital Lucio Molas junto a un familiar. Testigos aseguran que no estaba esposado ni con custodia policial.

El ex comisario Athos Reta fue condenado a 12 años de prisión por 12 casos de privación ilegal de la libertad agravados por el uso de violencia y amenazas (5 de los casos doblemente agravados) y 6 casos de tormentos físicos y síquicos.

Baraldini, el narco genocida, hasta las manos

El ex jefe de policía de La Pampa seguirá preso y ha sido procesado.
Baraldini, sin más protección

Durante ocho años, Luis Enrique Baraldini eludió a la Justicia argentina: huyó a Bolivia donde habría sobornado a la policía para evitar su captura. En diciembre fue detenido y ahora la Justicia lo procesó por delitos de lesa humanidad.

Acusado de más de 350 violaciones a los derechos humanos, el represor y ex jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura Luis Enrique Baraldini fue procesado ayer por el juez federal pampeano, Pedro Vicente Zabala. Baraldini esquivó con éxito la Justicia durante ocho años, desde que en 2003 huyera a Bolivia y permaneciera allí hasta el 24 de diciembre de 2011, cuando fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a la Argentina. Al ser trasladado luego a la ciudad de Santa Rosa, Baraldini se negó a declarar y solicitó su excarcelación, esgrimiendo su presunción de inocencia. El juez Zabala rechazó el pedido de Baraldini argumentando que integrantes de la familia del ex militar pagaban sobornos –que alcanzaron los 20 mil dólares– a miembros de Interpol de Bolivia, para sortear así el pedido internacional de captura que pesaba sobre él.

Jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979, el coronel retirado Baraldini, de 73 años, fue un destacado jefe operativo de la Subzona 14, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Rosa. Según los relatos de testigos, el represor participaba personalmente de las sesiones de tortura, de los interrogatorios matizados con picanas. Baraldini fue además un ex carapintada que sirvió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios, en Palermo, por cuyo hecho fue condenado y apresado hasta 2002, cuando el senador Eduardo Duhalde, entonces presidente interino, lo indultó.

Insultos y gritos de “asesino” recibieron a Baraldini el 29 de diciembre de 2011, cuando fue trasladado del penal de Marcos Paz al Juzgado Federal de Santa Rosa, donde el juez Pedro Zabala y la fiscal Marta Odasso leyeron los cargos en su contra. El represor prefirió callar. De modo que fue retirado –esta vez por la parte trasera del edificio– y alojado en la Unidad 4 de Santa Rosa, donde permanece hasta el momento, reunido junto a otros miembros del comando Subzona 14, condenados en 2010.

Familiares y abogados querellantes lamentaron que el juicio por la Subzona 14, realizado en el segundo semestre del 2010, se efectuara con la ausencia de Baraldini, a quien consideran “la cabeza del terrorismo de Estado en La Pampa y principal responsable de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia”. En aquella sentencia se condenó a nueve represores por 37 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Ahora se espera una segunda etapa penal, cuya instrucción se desarrolla desde el año pasado con un mayor número de hechos y de testimonios.

Tras negarse a declarar a fin de año y quedar detenido en La Pampa junto a sus ex compañeros, Baraldini solicitó el jueves 12 de enero su excarcelación apelando a su presunción de inocencia. La solicitud fue denegada por el juez Zabala en menos de veinticuatro horas. El magistrado expresó que existían “sobrados riesgos procesales para denegar la soltura” y reveló que “hubo un acuerdo espurio” entre integrantes de la familia de Baraldini y la Interpol de Bolivia. La resolución dio a conocer escuchas telefónicas que descubrían presuntos pagos de coimas de 20 mil dólares.

La noticia repercutió en el país vecino: en los últimos días el Ministerio de Gobierno de Bolivia ordenó a la policía de ese país investigar los supuestos sobornos a la Interpol boliviana para evadir la orden internacional de captura que pesaba sobre Baraldini. El represor argentino no es un desconocido en Bolivia. Como retazo del alzamiento carapintada argentino, Baraldini estuvo vinculado en 2009 a una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales.

Al vencer el plazo, diez días después de la negativa a la excarcelación de Baraldini, el juez Zabala resolvió ayer procesar al represor. Será juzgado por los casos de represión ilegal que se conocieron en el primer juicio contra represores pampeanos y se le agregarán los hechos de la segunda causa penal, que suman más de 300 casos. La fundamentación del procesamiento se conocería hoy y, según fuentes judiciales, las partes ya fueron notificadas.

Tras ocho años prófugo, el extraditado represor Baraldini quedó detenido en La Pampa

El represor Luis Baraldini, extraditado el fin de semana desde Bolivia por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura militar, se negó a declarar esta mañana ante el juez federal Pedro Zabala y quedó detenido en la Unidad 4 de Santa Rosa.

El ex jefe de la Policía de La Pampa llegó este jueves desde el penal de la ciudad bonaerense de Marcos Paz a la sede de la justicia federal pampeana, ubicada en pleno centro de Santa Rosa, en un celular de la policía federal y fuertemente custodiado.

Allí, un grupo de militantes de Derechos Humanos y víctimas de la represión en La Pampa lo aguardaban y cuando bajó del celular, fue insultado y a los gritos de "asesino" fue rápidamente ingresado al juzgado donde lo esperaba el juez para ser indagado.

No traía puesta la gorra con la que apareció en varias fotos que fueron publicados luego de su detención en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y si bien apenas pudo verse su rostro, se pudo observar que ante los gritos de los manifestantes presentes esbozó una sonrisa.

En el juzgado, ingresó a la sala ante el juez Zabala acompañado por el abogado defensor oficial Guillermo Miller, donde se le informó sobre los delitos que se le imputan, a partir de los testimonios de víctimas de la represión durante el primer juicio de la Subzona 14 que se sustanció en Santa Rosa en 2010.

Tras poco más de una hora, Baraldini se negó a declarar y fue retirado por la parte trasera del edificio para evitar incidentes y fue trasladado a la U4 de Santa Rosa, donde se encuentran alojados los otros ex policías y ex militares que fueron condenados en el primer juicio.

Baraldini, que estaba prófugo de la justicia argentina desde 2003 por violaciones a los derechos humanos, será juzgado en La Pampa por su participación al frente del temible Comando de la Subzona 1.4, responsable de más de 300 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la provincia durante la última dictadura.

El ex militar había logrado esquivar el juicio contra los represores pampeanos responsables de la Subzona 1.4, en el que finalmente en noviembre de 2010 fueron condenados varios de sus subalternos durante la dictadura, por las detenciones ilegales y las torturas de los detenidos que estuvieron secuestrados en la sede de la Subzona, ubicada a metros de la Casa de Gobierno de la capital provincial.

La detención de Baraldini fue recibida con alegría y satisfacción por familiares y víctimas de la represión y organismos de Derechos Humanos de La Pampa, atento que todos coinciden en calificar que "fue la cabeza de la organización del terrorismo de estado en La Pampa" y "es una pieza fundamental, para desentrañar el terrorismo en la provincia".

Inicio etapa instrucción la causa contra ex policías y militares por delitos de lesa humanidad

Con las declaraciones testimoniales de dos de las 41 víctimas de secuestros y torturas en la Subzona 14, con jurisdicción en La Pampa, comenzó este martes la etapa de instrucción del proceso, en el cual unos 35 ex militares y ex policías están acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

La etapa de instrucción comenzó este martes en el juzgado federal de La Pampa y se prevé que unas 41 víctimas de secuestros y torturas durante la dictadura brindarán sus declaraciones testimoniales, en el paso previo a que el juez de la causa determine si eleva las investigaciones a juicio oral y público.

La jornada comenzó con el testimonio de Mario Llinás, un ex estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico, que fue detenido en las horas posteriores al 24 de marzo del `76.

"Estuve detenido unos 15 días en la Unidad 4 de Santa Rosa, nunca supe por qué me detuvieron y no padecí torturas", expresó escuetamente a la prensa, al retirándose con prisa del juzgado.

Luego le siguió la docente Cristina Ercoli, detenida en noviembre de 1975, quien permaneció encarcelada varios meses en Villa Devoto, durante el gobierno de Isabel Perón.

"Lamentablemente tuve que esperar 35 años para llegar a esta instancia", declaró a Télam minutos antes de ingresar a la sala a prestar declaración testimonial, llevando documentación; entre ella, una que hacía referencia a que "quedaba en libertad por su buen comportamiento".

Las declaraciones testimoniales -a las que no tiene acceso la prensa- se realizan en la sede del juzgado federal y, según fuentes de esa dependencia judicial, serán unos 41 los testigos que desfilarán por ese tribunal durante cinco semanas.

Según explicó la secretaria de Derechos Humanos, muchas de las notificaciones enviadas no llegaron a destino por cambios de direcciones, por lo que se insistirá en la búsqueda de unas 191 supuestas víctimas para que se presenten a declarar.

La primera causa, relacionada con la Subzona 14, se desarrolló el año pasado y terminó con la condena a nueve ex policías y militares, uno de los cuales comenzó a gozar de libertad condicional la semana pasada, lo que generó críticas por parte de los organismos de derechos humanos.

En esta segunda parte de la causa se investigarán los secuestros y torturas cometidos por represores pampeanos entre 1975 y 1983.

De acuerdo a la fiscal federal Marta Odasso, son más de 300 las personas que fueron víctimas de la represión en la provincia y constituyen los casos que no fueron abordados en el primer juicio oral y público que se realizó la semana pasada.

En este proceso, hay unos 35 ex militares y ex policías que están actualmente presos en la Unidad Penal 4: Athos Reta, Roberto Fiorucci, Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Yorio y Hugo Marenchino, hoy en libertad condicional.

En La Pampa, se identificaron seis centros clandestinos de detención y tortura: dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz y los restantes en General Pico y Catriló.

De acuerdo a los datos oficiales, 49 pampeanos fueron desaparecidos en distintas ciudades del país durante la última dictadura; entre ellos, dos niños que hoy son adultos y viven con una falsa identidad.