Represores La Pampa

Genocida Baraldini colaboró con grupos nazis de Santa Cruz (Bolivia)

2012-01-30T13:23:00.000-08:00

El genocida y ex carapintada Baraldini colaboró con la célula de Rózsa para conspirar

LA PAZ |
El fiscal de Materia, Marcelo Sosa, quien investigó el caso Terrorismo I, develó el jueves que el ex carapintada, Luis Enrique Baraldini, capturado en diciembre de 2011 en Santa Cruz, colaboró con la célula de milicianos de Eduardo Rózsa, para conspirar y tramar una guerra civil para dividir Bolivia.

"Nosotros hemos hallado algunos indicios y comunicaciones que efectivamente el grupo argentino llamado los carapintadas, entre esos el ex militar Enrique Baraldini, estaba en contacto con Eduardo Rózsa Flores", precisó.

Consideró que en el caso Terrorismo II, los fiscales asignados al caso deben investigar la relación que mantuvo el ex carapintada con Rózsa y grupos de poder de Santa Cruz que cooperaron para maquinar una oleada de atentados y generar una guerra civil para fragmentar al país.

"No olvidemos que este es un tema complejo, razón por la que se investigó a unas personas con las cuales se llegó a una acusación, en cambio con el caso terrorismo II se ampliará el abanico de la investigación para establecer quienes cooperaron con Rózsa", enfatizó.

El ex carapintada y represor militar argentino, fue capturado el 24 de diciembre del 2011, tras prolongada investigación que data del 2009, después que la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), el 16 de abril del 2009 desbarató a la milicia encabezada por el boliviano-húngaro, Rózsa.

El ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, denunció que el ex represor militar argentino, Enrique Baraldini, de 73 años de edad, a pesar de tener orden de captura internacional por 350 violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, fue protegido por los grupos de poder de la derecha en Bolivia.

Baraldini había fraguado inclusive una cédula de identidad fraudulenta 4866849 con el nombre de Marco Antonio Aponte, que fue una de las causas para su expulsión del país por haber infringido la Ley de Migración.

Era prófugo de la justicia de su país desde 2003, acusado por delitos de lesa humanidad que cometió en la dictadura de 1976 a 1983, cuando fue jefe de la Policía de La Pampa, donde ahora está recluido en la unidad carcelaria 4 de Santa Rosa.

Sobre los archivos de la dictadura en La Pampa

2012-01-30T13:02:00.000-08:00

Ante la noticia difundida y las palabras del ministro de Gobierno y Justicia provincial, César Rodríguez, sobre la apertura de los archivos de la dictadura, es muy importante destacar que la ley que los declara intangibles y públicos no se aplica desde su sanción (2006), y que en ese período la Secretaría de Derechos Humanos NUNCA PIDIÓ SU PUBLICIDAD y el MINISTERIO DE GOBIERNO, NUNCA LO PROMOVIÓ.

También que desde hace 1 año lo reclama el MOVIMIENTO POPULAR PAMPEANO POR LOS DERECHOS HUMANOS y que nunca han tenido acceso. Recién ahora se los dan a la Secretaria de Derechos Humanos. El gobierno de Oscar Mario Jorge, DIFICULTA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS.

Si fuera contagioso... El gobierno provincial abrirá los archivos de la represión militar

2012-01-29T23:17:00.000-08:00

Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos.

El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. Se indicó a la prensa que ya se firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
“Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, y que se están notificando de esta resolución los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa.
Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
“Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora.
También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó.

Baraldini, el narco genocida, hasta las manos

2012-01-23T21:53:00.000-08:00

El ex jefe de policía de La Pampa seguirá preso y ha sido procesado.
Baraldini, sin más protección

Durante ocho años, Luis Enrique Baraldini eludió a la Justicia argentina: huyó a Bolivia donde habría sobornado a la policía para evitar su captura. En diciembre fue detenido y ahora la Justicia lo procesó por delitos de lesa humanidad.

Acusado de más de 350 violaciones a los derechos humanos, el represor y ex jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura Luis Enrique Baraldini fue procesado ayer por el juez federal pampeano, Pedro Vicente Zabala. Baraldini esquivó con éxito la Justicia durante ocho años, desde que en 2003 huyera a Bolivia y permaneciera allí hasta el 24 de diciembre de 2011, cuando fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a la Argentina. Al ser trasladado luego a la ciudad de Santa Rosa, Baraldini se negó a declarar y solicitó su excarcelación, esgrimiendo su presunción de inocencia. El juez Zabala rechazó el pedido de Baraldini argumentando que integrantes de la familia del ex militar pagaban sobornos –que alcanzaron los 20 mil dólares– a miembros de Interpol de Bolivia, para sortear así el pedido internacional de captura que pesaba sobre él.

Jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979, el coronel retirado Baraldini, de 73 años, fue un destacado jefe operativo de la Subzona 14, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Rosa. Según los relatos de testigos, el represor participaba personalmente de las sesiones de tortura, de los interrogatorios matizados con picanas. Baraldini fue además un ex carapintada que sirvió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios, en Palermo, por cuyo hecho fue condenado y apresado hasta 2002, cuando el senador Eduardo Duhalde, entonces presidente interino, lo indultó.

Insultos y gritos de “asesino” recibieron a Baraldini el 29 de diciembre de 2011, cuando fue trasladado del penal de Marcos Paz al Juzgado Federal de Santa Rosa, donde el juez Pedro Zabala y la fiscal Marta Odasso leyeron los cargos en su contra. El represor prefirió callar. De modo que fue retirado –esta vez por la parte trasera del edificio– y alojado en la Unidad 4 de Santa Rosa, donde permanece hasta el momento, reunido junto a otros miembros del comando Subzona 14, condenados en 2010.

Familiares y abogados querellantes lamentaron que el juicio por la Subzona 14, realizado en el segundo semestre del 2010, se efectuara con la ausencia de Baraldini, a quien consideran “la cabeza del terrorismo de Estado en La Pampa y principal responsable de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia”. En aquella sentencia se condenó a nueve represores por 37 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Ahora se espera una segunda etapa penal, cuya instrucción se desarrolla desde el año pasado con un mayor número de hechos y de testimonios.

Tras negarse a declarar a fin de año y quedar detenido en La Pampa junto a sus ex compañeros, Baraldini solicitó el jueves 12 de enero su excarcelación apelando a su presunción de inocencia. La solicitud fue denegada por el juez Zabala en menos de veinticuatro horas. El magistrado expresó que existían “sobrados riesgos procesales para denegar la soltura” y reveló que “hubo un acuerdo espurio” entre integrantes de la familia de Baraldini y la Interpol de Bolivia. La resolución dio a conocer escuchas telefónicas que descubrían presuntos pagos de coimas de 20 mil dólares.

La noticia repercutió en el país vecino: en los últimos días el Ministerio de Gobierno de Bolivia ordenó a la policía de ese país investigar los supuestos sobornos a la Interpol boliviana para evadir la orden internacional de captura que pesaba sobre Baraldini. El represor argentino no es un desconocido en Bolivia. Como retazo del alzamiento carapintada argentino, Baraldini estuvo vinculado en 2009 a una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales.

Al vencer el plazo, diez días después de la negativa a la excarcelación de Baraldini, el juez Zabala resolvió ayer procesar al represor. Será juzgado por los casos de represión ilegal que se conocieron en el primer juicio contra represores pampeanos y se le agregarán los hechos de la segunda causa penal, que suman más de 300 casos. La fundamentación del procesamiento se conocería hoy y, según fuentes judiciales, las partes ya fueron notificadas.

El “doble rol” de la Seccional Primera

2012-01-19T11:47:00.000-08:00

El requerimiento fiscal señala que la Seccional Primera de la Policía de Santa Rosa “cumplió un doble rol: el de dependencia policial y el de centro clandestino de detención, donde los detenidos a disposición del Comando de la Subzona 1.4 eran torturados y mantenidos en cautiverio”.

Las pruebas colectadas en la causa Nº 13/09 indican que sin perjuicio de la existencia de los otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas ya mencionados, “la Comisaría 1ª era, por excelencia, el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones (ilegalmente detenidos, ‘blanqueados’ -procesados por infracción a la ley 20.840, a disposición judicial, a disposición del PEN o del Comando de la Subzona 1.4-, o en tránsito entre diferentes lugares de detención), por el que pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún momento del lapso en el que estuvieron privados de la libertad”.

Describe que se trataba de un centro de detención y tortura , según lo que se ha podido corroborar hasta el momento.

Según ha quedado establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal oral de La Pampa en diciembre de 2010, poco tiempo antes del 24 de marzo de 1976 el primer piso de la comisaría primera pasó a estar bajo el control del Comando de Subzona 1.4.

“Las constancias de la causa evidencian que la mayoría de los detenidos por razones políticas eran alojados en la planta baja de la Comisaría 1ª. Se trataba de hombres y mujeres, confinados en un conjunto de celdas individuales”, enumera.

Insiste en que “los detenidos sufrían pésimas condiciones sanitarias, una total incomunicación con el mundo exterior y, en muchos casos, también de sus compañeros de cautiverio. Dentro de las celdas algunos detenidos tenían los ojos constantemente vendados, y no eran sacados al baño para hacer sus necesidades. Por otra parte, se los mantenía esposados, con los ojos vendados y se los encapuchaba cuando eran llevados a los interrogatorios”.

“Estos eran dirigidos y llevados a cabo por personal militar del ejército y de la policía provincial. Indefectiblemente implicaban alguna clase de tortura física o psicológica (golpizas, aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, simulacros de fusilamiento, abusos sexuales, exposición en desnudez, abortos, amenazas de muerte y sometimiento a escuchar los tormentos sufridos por otros detenidos). Los detenidos vivían bajo la amenaza constante de ser llevados a interrogatorios y de sufrir tormentos. En muchos casos, eran privados de alimentos y de la posibilidad de ir al baño fuera de la celda”, señala.

Todos los acusados

2012-01-19T11:44:00.000-08:00

La nómina de los 35 acusados por delitos de lesa humanidad en el caso de la Subzona 14 II.

En el caso de la Subzona 14 aparecen acusados como autores las siguientes personas: Carlos Alberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Athos Reta (hasta ahí, todos condenados en el juicio del año 2010), Benavídez (se ignora el nombre de pila), Máximo Pérez Oneto, Miguel Gauna, Juan Domingo Gatica, Oscar “Miseria” López, Rubén René “Chaleco” Giménez, Eulises Oscar Guiñazú, Chamorro, Luis Lucero, Miguel Ochoa, Eduardo Antonio Velásquez, Carmelo Carnovale, Humberto Riffaldi, Orlando Osmar Pérez, José Daniel Alberdi, Mario Domingo Balduini, Enrique Pereyra, Ignacio Victoriano Sosa, Fabio Iriart, Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci.

A ellos se suman los autores “mediatos” Modesto Pedro Rooseleer, Carlos Alfredo Ameza, Carlos Alfredo Sabbatini, Luis Benavidez Samyn, Juan José Amarante (fallecido), José Edgardo Calderón (fallecido), Gerardo José Jauregui y Jorge Omar de Bartolo.

Autores "mediatos": los cargos más importantes

El requerimiento hace referencia a la “autoría mediata” y describe a “individuos que estuvieron incluidos dentro de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización de la actividad de los opositores políticos, desde la estructura estatal".

"Ocupaban importantes cargos dentro de la estructura represiva -ya fuera en el ejército o en una fuerza de seguridad- y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan en este acto”, señala la acusación.

Se los acusa de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

“Estos individuos, sin intervención propia en la ejecución de tales hechos ilícitos, serían penalmente responsables como autores en virtud de su poder de voluntad sobre los efectivos ejecutores, sin perjuicio de que en otros casos concurran con su autoría directa”, diferencia.

“Se trata de las autoridades superiores militares o de las fuerzas de seguridad, quienes habrían, por un lado, emitido las órdenes en virtud de las cuales se cometieron los delitos investigados y, por otro, habrían puesto a disposición de este aparato ilegal todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objetivo criminal. Ellos serían, en consecuencia, quienes habrían dominado la voluntad de los ejecutores en virtud de un aparato de poder organizado”, insiste.

“El autor mediato no necesariamente debe ser, por otra parte, el líder máximo de una organización criminal, sino también puede serlo quien reviste una jerarquía media, mientras que dirija y controle una parte de la organización”, aclara la acusación.

De acuerdo con las consideraciones previas, las personas que en el caso de autos habrían controlado el aparato de poder organizado mediante el cual se cometieron los hechos ilícitos descriptos serían:

- Fabio Carlos Iriart (Teniente Coronel): se desempeñaba, al tiempo de los hechos, como Jefe del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101, Toay, y como Comandante a cargo de la Subzona 1.4 que abarcaba toda la provincia. Tenía el rol de la máxima autoridad bajo cuyas órdenes actuaron la unidad militar del Destacamento 101, el Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘, y la policía de la provincia de La Pampa. Iriart, por su cargo, era el máximo responsable de las acciones llevadas a cabo por el Ejército teniendo a su disposición a la policía provincial y servicio penitenciario nacional. Tuvo la responsabilidad operativa primaria en la conducción de las acciones de la Subzona. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Se le atribuye haber emitido al personal bajo su mando, dentro del marco de operaciones destinadas a combatir la subversión, las órdenes ilícitas respecto de la ejecución de los hechos investigados, proveer los medios necesarios para perpetrarlos y asegurar la impunidad de sus actos.

- Modesto Pedro Rooseleer: relevó a Iriart.

- Néstor Omar Greppi (teniente coronel) ocupó el cargo de Secretario General de la Gobernación de la provincia de La Pampa desde el 24/3/1976 hasta el mes de enero de 1977. En esa función, transmitió órdenes al grupo operativo. Las órdenes aludidas condujeron a privaciones ilegítimas de la libertad, interrogatorios bajo tormentos, regímenes inhumanos de vida en condiciones de cautiverio clandestino, apreciaciones del destino final de las víctimas y su ingreso al sistema legal por los que se requiere en esta oportunidad.
Greppi no se limitó a desempeñarse en actividades administrativas de la gobernación, sino que realizó distintos procedimientos, transmitió órdenes y participó y toleró detenciones y tormentos, y además contó con el aparato informativo que le brindaba la estructura militar funcional en el gobierno de la provincia.

- Carlos Alfredo Ameza, militar a cargo del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, de la provincia. Su labor no se circunscribía a las administrativas, propias del Ministerio que ocupaba y que, hasta el Poder Judicial, le estaba subordinado.

- Estado Mayor: un órgano cuyas funciones consistían -entre otras-, en tareas de enlace entre el Comando y los organismos dependientes del mismo, informar al comandante y representarlo cuando fuera necesario, fiscalización de todas las órdenes que se impartieran que respondieran a planes y normas fijadas por el Comandante, control de cumplimiento de las órdenes del Comandante. Cumplía funciones de asistencia y colaboración con el Comandante. Obtenía información de inteligencia, efectuaba apreciaciones y asesoraba.
En la subzona 1.4, el Estado Mayor estaba a cargo del Segundo Jefe de Subzona (Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101), Teniente Coronel Carlos Alfredo Sabbatini, y la plana mayor: Inteligencia (S2) a cargo del Mayor Luis Enrique Baraldini entre 7/12/1974 y el 18/5/1976, reemplazado por el Mayor Luis Benavidez Samyn entre 18/5/1976 y el 15/12/1976, reemplazado a su vez por el Capitán Juan José Amarante (fallecido) desde el 07/01/1977; Operaciones (S3) a cargo del Mayor José Edgardo Calderón (fallecido) entre el 7/12/1974 y el 15/12/1976, reemplazado por el Mayor Gerardo José Jauregui desde el 15/12/1976; y Logística (S4) a cargo del Capitán Jorge Omar de Bartolo.

- Roberto Esteban Constantino (inspector mayor de policía de la provincia) quien, a la época de los hechos investigados, se desempeñaba como “Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4”, ello por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial. En tal función lideró a los policías de la provincia que perpetraron las conductas criminales. Adquirió un papel protagónico en la retransmisión de las órdenes del Jefe de Policía de la provincia y, por su intermedio, del Jefe de Subzona en cuanto a la represión de la subversión.

- Omar Aguilera (comisario principal de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Operaciones de Trabajo Subzona 1.4. En calidad de integrante de la fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército, tenía poder de decisión, y más allá de las órdenes que recibía y retransmitía, estaba presente en los distintos interrogatorios que se realizaba en la Comisaría 1ra., participando incluso de los tormentos allí impuestos.

- Roberto Oscar Fiorucci (subcomisario de la policía de la provincia) quien, a la época de los hechos, se desempeñó por disposición de la orden del día interna Nº 129 de dicha fuerza policial como Jefe de Informaciones de Trabajo de la Subzona 14.

Contexto y estructura del plan de represión

2012-01-19T11:38:00.000-08:00

En el requerimiento fiscal hay un capítulo en el que se hace referencia puntual y concreta al contexto, estructura y funcionamiento del plan de represión en la provincia.

La Subzona 1.4 -recuerda el documento- comprendía la totalidad de La Pampa. Y describe lo siguiente.

Su comando se asentaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, a cargo del teniente Coronel del Ejército Fabio Carlos Iriart (a partir del 21/9/1975 hasta el mes de septiembre de 1977). Lo sucedió en el cargo Modesto Pedro Rooseleer.

El Coronel del Ejército Néstor Greppi cumplió el rol de secretario general de la gobernación (a partir del 24/3/1976 hasta enero de 1977).

El militar Carlos Alfredo Amenza era ministro de Gobierno, Educación y Justicia.

El Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, se desempeñó como Jefe de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración 101 entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976, para pasar luego a desempeñarse como Jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa.

El teniente coronel del Ejército Oscar Cobuta (fallecido) estuvo a cargo del Destacamento de Vigilancia Cuartel ‘General Pico‘.

En el Estado Mayor revistaron el Teniente Coronel del Ejército Carlos Alfredo Sabbatini, quien desde el 07/12/1974 y durante el año 1976 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; el Coronel del Ejército Modesto Pedro Rooseler, quien desde el 28/10/1977 cumplió la función de 2º Jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; y luego fue Jefe del Destacamento y Subzona 14, al menos, en el mes de marzo de 1978; el Mayor del Ejército José Edgardo Calderón (fallecido), quien entre el 07/12/1974 y el 15/12/1976 estuvo a cargo de la Sección de Operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Gerardo José Jáuregui desde el 15/12/1976; el Mayor del Ejército Luis Enrique Baraldini, quien entre el 07/12/1974 y el 18/5/1976 estuvo a cargo de la Sección de Inteligencia del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, reemplazado por el Mayor del Ejército Luis Benavidez Samyn, a partir del 18/05/1976 y hasta el 15/12/1976; el Capitán del Ejército Jorge Omar de Bartolo, quien durante 1976 estuvo a cargo de la Sección de Logística del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101.
La presentación destaca que la Policía actuó como fuerza de seguridad bajo control operacional del Ejército Argentino, elemento orgánico abocado al plan sistemático de represión clandestina e ilegal, bajo las órdenes del Jefe de Policía provincial, Baraldini. El Inspector General Agustín Prieto era el subjefe.

Grupo de tareas

El Jefe del Grupo de trabajo de la Subzona 1.4 fue el Inspector Mayor Roberto Esteban Constantino; el Jefe de Operaciones fue el Comisario Principal Omar Aguilera; y el Jefe de Informaciones, el Subcomisario Roberto Oscar Fiorucci.

El Grupo también se conformó con los oficiales Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Roberto Escalada y Carlos Reinhart.

Ya venían desempeñándose en estas “tareas”, al menos desde principios de 1975, junto a otros, que casualmente llevaban adelante los procedimientos denominados “antisubversivos” o “en infracción a la Ley 20.840”.

“La metodología criminal era llevada adelante por los imputados, quienes aprovechando sus posiciones dentro del aparato de poder, ejecutaban los hechos criminosos por sí o dominando su ejecución. La utilización de las instalaciones policiales provinciales fue característica de la represión en la subzona -aunque también lo fue en el resto del país-, con una concentración notable en la ejecución de los actos criminales en la Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa”, planteó la acusación.

Añadió que “las personas víctimas de las conductas que se investigan estuvieron ilegalmente detenidas y sufrieron torturas y abusos en varias dependencias policiales, como la Brigada de Investigaciones, la Comisaría de General Pico, la de Catriló y el puesto caminero de la localidad de Jacinto Aráuz, sobre la ruta nacional Nº 35. Sin embargo, en casi todos los casos, la Comisaría 1ª apareció como el lugar común por el que pasó la mayoría de los detenidos y, por algunas de sus características, puede considerarse un centro clandestino de detención (CCD)”.

Nuevos acusados por delitos de lesa humanidad

2012-01-19T11:29:00.000-08:00

José Daniel Alberdi, uno de los acusados. Una de las particularidades de la acusación formal que firmó Marta Odasso para elevar al juez Zabala es que se pide investigar crímenes cometidos no sólo durante la dictadura, sino en la etapa previa.

La acusación formal por el caso judicial conocido como “Subzona 14 II” -contenida en el requerimiento fiscal- incluye el pedido de investigación concreto para una treintena de nuevos acusados, además de quienes ya fueron condenados en el histórico juicio del año 2010.

En la nómina de imputados hay algunos casos que estaban “cantados”, a partir de la orden que dio en su momento el propio Tribunal Oral Federal. Otros, en cambio, resultaron una sorpresa, aunque se sabía de testimonios concretos que los aludían.

Entre los acusados hay altos jefes policiales de la “democracia”, como José Daniel Alberdi, que fue jefe de Policía durante la gobernación de Rubén Marín. También aparece Luis Lucero, que se desempeñó al frente de la Unidad Regional I.

La presentación fiscal describe la situación y el contexto que se vivía en la provincia durante la dictadura militar, y en la época previa.

El requerimiento fiscal lleva la firma de Marta Fernández de Odasso, y fue elevado al juez federal Pedro Zabala, que lleva a cabo la instrucción. Aunque el documento data del año pasado, se había mantenido en cierta reserva ante la presunción de que algunos de los involucrados pudieran fugarse o contar con ventajads para una estrategia defensiva.

En este caso aparecen acusados 11 ex oficiales del Ejército y 24 ex oficiales y agentes de la Policía -incluyendo a personas ya fallecidas-, por tormentos, secuestros y asociación ilícita, delitos cometidos no sólo durante la dictadura sino también antes de que comenzara el “Proceso de Reorganización Nacional”, el 24 de marzo del ‘76.

Algunos de esos acusados son considerados autores “mediatos” (ver aparte): se trata de quienes ocupaban los cargos más altos en la estructura represiva de la Subzona. Hay otra lista (ver aparte) de “autores” -o sea, quienes realizaron “de propia mano” los delitos (en algunos casos, los autores “mediatos” también aparecen como “autores”).

Papelón narco de Baraldini y de los militares argentinos

2012-01-18T10:37:00.000-08:00

Cuando Luis Baraldini partió en noviembre de 1979 hacia Bolivia como agregado militar en la embajada argentina no era un destino más. Ese traslado estaba enlazado con dos acciones clave de la dictadura militar: el freno a un proceso democrático en Bolivia en el marco del Plan Cóndor; y la preparación del apoyo a los contra nicaragüenses, una acción conjunta de la Junta Militar y la CIA norteamericana para derrotar al gobierno sandinista de Daniel Ortega que había derrocado al dictador Anastasio Somoza.

Baraldini viajó hacia Bolivia en un momento caliente. Fue en el marco del Plan Cóndor, en un resurgir de la izquierda en Bolivia. El 17 de julio de 1980 -unos meses después que llegara Baraldini en un contingente de entre 100 y 200 militares argentinos aportados al Ejército boliviano- se produjo el golpe contra la presidenta Lidia Gueiler, elegida por la Asamblea Legislativa Boliviana.

Ese día en un brutal ataque a la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, fue asesinado el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo cuerpo ahora sus familiares reclaman.

El periodista Rogelio García Lupo (Zona, Clarín, 24/03/2006) revela que en ese operativo participaron militares que hablaban “como argentinos” según testimoniaron sobrevivientes del ataque. Los informes desclasificados de la embajada de Estados Unidos en La Paz también revelan esa colaboración de los militares argentinos.

Se desató una represión brutal en Bolivia. En La Paz y Santa Cruz de la Sierra comenzaron los secuestros y la desaparición de personas, los métodos que aplicaron los argentinos durante la dictadura militar. También en las calles de La Paz y Santa Cruz aparecieron técnicas utilizadas por el Grupo de Tareas que comandó Baraldini en La Pampa: la utilización de una ambulancia, con represores, para secuestrar militantes obreros y políticos, y dirigentes indígenas. Ese método se utilizó en muchas oportunidades en la subzona 14: una camioneta carrozada, con apariencia de ambulancia. Este fue el método utilizado para trasladar a la maestra María Zulema Arizu, una de las víctimas de Luis Baraldini, chupada en la escuela Hogar de Algarrobo del Águila. En ese operativo participaron los ex oficiales Hugo Marenchino (el puntero de Carlos Verna en Eduardo Castex) y Luis Lucero.

“Eran comandos que secuestraban personas en pleno día y a menudo las torturaban dentro de ambulancias en movimiento que recorrían las calles de La Paz haciendo sonar las sirenas para provocar pánico”, relata Rogelio García Lupo.

Un papelón internacional

La actuación de los militares argentinos en Bolivia terminó en un escándalo. Fue el final de la “Narcodictadura” del general Luis García Meza con quien Luis Baraldini compartía además de los métodos de tortura, largas jornadas de equitación, el deporte preferido del dictador. Baraldini era del arma de Caballería.

Dice García Lupo: “La situación estaba descomponiéndose aceleradamente. A principios de 1982 la Marina argentina envió a un capitán de navío con la misión de producir un informe sobre la actividad de los argentinos. Había una grave denuncia sobre el saqueo de la cocaína decomisada y almacenada en el tesoro del Banco Central de La Paz y la investigación comprometía a los argentinos. La Fuerza Aérea, por su parte, ahora había establecido vigilancia sobre los vuelos de retorno de los aviones que transportaban desde nuestro país las raciones para alimentación de las fuerzas especiales. En esos aviones de regreso a Buenos Aires también viajaban narcotraficantes bolivianos y colombianos, por lo general acompañados por equipajes muy pesados que desaparecían junto con sus dueños en el sector militar del Aeroparque”.

La fecha, principios de 1982, coincide con el retorno de Baraldini a la Argentina.

Uno de los militares destinados en Bolivia junto a Baraldini fue el mayor Jorge Mones Ruiz. Compartieron después el alzamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990 contra el ex presidente Carlos Menem que encabezó Mohamed Alí Seineldín. Baraldini era jefe del Regimiento de Palermo donde se produjeron varias muertes.

En el año 2009, el gobierno de Evo Morales reveló que Baraldini y Mones Ruiz participarían de una conspiración contra el gobierno boliviano. El pasado 16 de abril de 2009 en el Hotel de las Américas de Santa Cruz de la Sierra en un operativo fueron muertos tres hombres, fuertemente armados. Otros dos fueron detenidos y otro se dio a la fuga.

Uno de los detenidos reveló el plan para asesinar a Evo Morales. Entre los muertos en un tiroteo está el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores. En un video difundido después de su muerte revela los planes de armar milicias de “defensa” en Bolivia.
“El Gobierno boliviano también le trasmitió al argentino que Baraldini, Mones Ruiz y otra decena de carapintadas tendrían su centro de actuación en el norteño departamento de Beni. El gobierno boliviano cifró a los carapintadas en 11, como los jugadores de un equipo de fútbol, pero expertos locales aseguran que son un poco más, acaso 14. Ambas fuentes coinciden en que los argentinos fueron convocados como instructores militares de milicias por empresarios y terratenientes de Santa Cruz, preocupados tanto por la posibilidad de que campesinos sin tierra e indígenas apoyados por el MAS ocupen tierras fiscales o haciendas improductivas o latifundios hoy en su poder, como por la posibilidad de ser detenidos y enjuiciados por sus actividades. Como ya le pasó al prefecto Leopoldo Fernández a causa de la “Masacre del Porvenir”, el asesinato de 18 campesinos aymaras en el departamento de Pando ocurrido en septiembre pasado, justo antes del regreso de Rózsa Flores”, informa el periodista Juan Salinas en la revista Zoom.

Por Gustavo Laurnagaray

Un médico detenido y exiliado declaró en la causa de la Subzona 14 II

2012-01-16T23:10:00.000-08:00

Viajó desde Canadá y se presentó a dar su testimonio en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Jorge Eugenio Oscar Irazusta se exilió hace 36 años.

El médico Jorge Eugenio Oscar Irazusta, detenido en el 75 en Santa Rosa y exiliado desde la fecha, declaró el pasado lunes 9 de enero en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la investigación de los crímenes de la dictadura militar en La Pampa, en la denominada causa de la Subzona 1.4 II.

Irazusta tiene 68 años y fue uno de los médicos que integraron el Servicio Provincial de Salud en La Pampa durante los años 70 y cayó preso todavía en tiempo del gobierno constitucional. Estuvo detenido en la Colonia Penal del 13 al 21 de noviembre de ese año. El 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe, se exilió en Canadá, dónde aún reside.

El Juzgado le tomó declaración a pesar de la feria judicial porque en diciembre se había comunicado con la Fiscalía, manifestando que tenía previsto un viaje y entre el 6 y el 9 de enero estaría disponible para dar su testimonio.

El pasado lunes por la mañana declaró en el juzgado de la Avenida Roca, según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias . No estaba aún en la nómina de testigos citados, justamente porque no reside en el país y, junto a otros casos, se analizaba que declarasen por teleconferencia o vía diplomática.

El viaje al país y el interés de Irazusta en aportar a la causa, desembocaron en la declaración en el tribunal del juez Pedro Zabala . Es el primer testimonio judicial que ofrece, ya que en las investigaciones anteriores se consideraron los casos de desaparecidos y detenidos con posterioridad al 24 de marzo del ‘76. Varios de los represores pampeanos condenados en el primer juicio habrían participado de su detención.

“Lo esperábamos”

Una hermana del médico fue desaparecida por los represores en Córdoba. En agosto de 2010, Irazusta ya había viajado junto a su esposa Cecilia Cornejo para asistir al juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla en Córdoba. Su hermana, María Eugenia Irazusta, fue torturada y asesinada en la jefatura de Policía de esa capital.

Durante su visita a Córdoba, Irazusta fue entrevistado por la página web Prensared. “Que haya juicios es lo más maravilloso que ocurre. Algún día tenía que salir todo este pus afuera y no como dice la Iglesia de que haya amnistía. Eso no soluciona nada, es como decir que acá no ha pasado nada. Acá pasó y mucho y los que no sobrevivieron y los 30 mil que no supimos que infierno tuvieron”, dijo en esa oportunidad.

“Hacía años que lo esperábamos. No solo militares y policías lo hicieron. El clero, la justicia, los empresarios y otros sectores de poder también participaron. Nada hubiera sido posible si no hubiera habido un interés además de político, económico. No habrá país si esto no sucede. No se puede perdonar a quien no pide perdón”, expresó.

Opción por los pobres

El caso de Irazusta aparece en el libro “Informe 14”, de Norberto Asquini y Pinky Pumilla, junto al resto de los médicos de ese servicio, que se había formado durante el gobierno de José Aquiles Regazzoli y fue desmantelado por la represión.

A comienzos de los 70, Jorge ya era médico y su esposa asistente social. Luego de casarse, emprendieron juntos un camino de militancia social que los llevó sucesivamente a Chancaní, al norte de Santa Fe, y por último a La Pampa.

“Nunca participamos en un movimiento político como tal pero tuvimos mucha militancia social. Con Cecilia nos conocimos en los campamentos universitarios de trabajo que nacieron en Mendoza con el cura (José María) Llorens en la época en que una parte de la Iglesia tomó el compromiso con los pobres, este cura jesuita fue el primero en irse a vivir en un barrio con los pobres”, contó en Prensared.

Con esa idea, se fueron a vivir a Chancaní, a la zona boscosa de La Forestal argentina. “En esos territorios vivimos y muy asociados a los hermanitos de la Fraternidad Foucauld, comunidad en la que se encontraba el cura irlandés Patrick Rice, gran defensor de los derechos humanos que fue secuestrado y luego preso. Tuvo que irse a Europa pero regresó en 1984. Todos los curas de la cuña boscosa estaban comprometidos con la Teología de la Liberación, muchos fallecieron, otros terminaron en la cárcel y tantos compañeros que trabajamos juntos y muy cercanos con las ligas agrarias y con la organización sindical de los hacheros que por primera vez en la vida vieron un salario familiar porque se lo quedaban los patrones porque no sabían escribir”, afirmó en la página mediterranea.

Recordó que durante ese trabajo bajo la consigna “no se firma si no se lee” en 1971 los hacheros recibieron su primer sueldo y ellos participaron de ese hecho. Y que junto a otros compañeros pusieron en marcha un plan de salud que permitió bajar los índices de mortalidad materna con el apoyo de la comunidad y del gobierno de Santa Fe. En esa época había una guardia rural que controlaba toda la zona, los “pumas”, que los vigilaban permanentemente y tuvieron que irse.

"Una locura de Camps"

Recalaron entonces en La Pampa. Irazusta ingresó al Servicio Provincial de Salud (SPS), y llegó a ser director de Atención Médica del hospital Lucio Molas.

El 13 de noviembre de 1975, cuando se firmó el decreto que autorizó al Ejército a combatir a la llamada “subversión” y las policías provinciales fueron puestas bajo jurisdicción militar, Irazusta resultó preso y puesto a disposición a del Poder Ejecutivo Nacional. El equipo de salud que lo acompañaba terminó encarcelado en la Unidad Penal 4.

“Ahí el director nos reunió y nos dijo que mientras estemos a su cuidado no sufriríamos torturas”, relató. Hacia fines de 1974, la pareja recibió una amenaza de la Triple A y les pusieron una custodia policial que los acompañaba al trabajo.

“Nos detienen en noviembre acusados de estar preparando un equipo de salud para la guerra que se venía. Una locura de (Ramón) Camps ( jefe de la Subzona 14 hasta diciembre de 1975)”, consignó.

En esa oportunidad, reveló que por intervención directa de Albano Hardinguegui y por pedido del padre de Cecilia, un coronel retirado, lo liberaron con la condición de quedar bajo tutela de su suegro.

Cuando Irazusta se fue del país, su mujer, Cecilia, permaneció en Salta, su provincia de origen, con sus cuatro hijos. Regresó a Córdoba con sus suegros antes de partir hacia Canadá.
Allí también se encontraba su cuñada, hasta que la joven desapareció. Poco después apareció muerta, fusilada en un intento de fuga fraguado por la policía cordobesa. Tenía 28 años y tenía ideas de izquierda comunista, aunque no partidaria de la lucha armada.

Tras ocho años prófugo, el extraditado represor Baraldini quedó detenido en La Pampa

2011-12-29T13:17:00.000-08:00

El represor Luis Baraldini, extraditado el fin de semana desde Bolivia por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura militar, se negó a declarar esta mañana ante el juez federal Pedro Zabala y quedó detenido en la Unidad 4 de Santa Rosa.

El ex jefe de la Policía de La Pampa llegó este jueves desde el penal de la ciudad bonaerense de Marcos Paz a la sede de la justicia federal pampeana, ubicada en pleno centro de Santa Rosa, en un celular de la policía federal y fuertemente custodiado.

Allí, un grupo de militantes de Derechos Humanos y víctimas de la represión en La Pampa lo aguardaban y cuando bajó del celular, fue insultado y a los gritos de "asesino" fue rápidamente ingresado al juzgado donde lo esperaba el juez para ser indagado.

No traía puesta la gorra con la que apareció en varias fotos que fueron publicados luego de su detención en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y si bien apenas pudo verse su rostro, se pudo observar que ante los gritos de los manifestantes presentes esbozó una sonrisa.

En el juzgado, ingresó a la sala ante el juez Zabala acompañado por el abogado defensor oficial Guillermo Miller, donde se le informó sobre los delitos que se le imputan, a partir de los testimonios de víctimas de la represión durante el primer juicio de la Subzona 14 que se sustanció en Santa Rosa en 2010.

Tras poco más de una hora, Baraldini se negó a declarar y fue retirado por la parte trasera del edificio para evitar incidentes y fue trasladado a la U4 de Santa Rosa, donde se encuentran alojados los otros ex policías y ex militares que fueron condenados en el primer juicio.

Baraldini, que estaba prófugo de la justicia argentina desde 2003 por violaciones a los derechos humanos, será juzgado en La Pampa por su participación al frente del temible Comando de la Subzona 1.4, responsable de más de 300 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la provincia durante la última dictadura.

El ex militar había logrado esquivar el juicio contra los represores pampeanos responsables de la Subzona 1.4, en el que finalmente en noviembre de 2010 fueron condenados varios de sus subalternos durante la dictadura, por las detenciones ilegales y las torturas de los detenidos que estuvieron secuestrados en la sede de la Subzona, ubicada a metros de la Casa de Gobierno de la capital provincial.

La detención de Baraldini fue recibida con alegría y satisfacción por familiares y víctimas de la represión y organismos de Derechos Humanos de La Pampa, atento que todos coinciden en calificar que "fue la cabeza de la organización del terrorismo de estado en La Pampa" y "es una pieza fundamental, para desentrañar el terrorismo en la provincia".

Baraldini será indagado inicialmente por 63 secuestros y 18 torturas

2011-12-28T22:25:00.000-08:00

El represor Luis Enrique Baraldini deberá comparecer ante la Justicia por al menos 63 casos de secuestros y 18 de torturas, si bien será indagado por los más de 320 víctimas que hoy se investigan en la denominada causa Subzona 14 II, la segunda parte de los secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en territorio pampeano.

Baraldini será trasladado hoy, de acuerdo a lo que informó el Juzgado Federal, a Santa Rosa para ser indagado a las 9 por el titular de ese tribunal, Pedro Zabala, y la fiscal federal Marta Odasso. Si bien se investigan más de 320 hechos, en los autos judiciales figura vinculado directamente a al menos 63 secuestros y 18 torturas. Esta cifra seguramente se elevaría a medida que se profundice la instrucción de la causa de la Subzona 14 II. Por un lado porque aunque no participó directamente en todos los tormentos y detenciones, como uno de los jefes intelectuales de esos hechos es autor mediato ya que daba las órdenes. Pero también porque se siguen tomando testimonios que podrían mencionarlo como partícipe de los operativos de ese grupo de tareas.
Por ahora, en el procesamiento a los represores de diciembre de 2004 del juez Rodolfo Canicoba Corral -que luego fue elevado a juicio y fueron condenados nueve ex oficiales- podría quedar vinculado a al menos 25 casos de secuestros y 18 de tortura. En esa causa, Baraldini no fue detenido, por lo que no fue indagado. En tanto, en el requerimiento de instrucción que elevó la Fiscalía federal este año para su investigación en la Subzona 14 II, está señalado como autor director de 38 secuestros y cuatro torturas. Número que seguramente se va a elevar cuando se profundicen las testimoniales.

Testimonios.
En el auto de procesamiento dictado en 2004 a otros nueve represores por Canicoba Corral, el primer juez que tuvo la causa reabierta en 2003 -el otro fue Daniel Rafecas, que lo sucedió-, hay varios testimonios que lo señalan como el jefe máximo de la represión ilegal.
Por ejemplo, Ramón Lastre declara sobre las torturas: "Al salir de dicha oficina, los detenidos presentaban rastros físicos notorios de haber sido duramente castigados. En varias ocasiones mientras se desarrollaban los interrogatorios -en la planta alta de la Seccional Primera- se presentó el Mayor Baraldini, quien en ese entonces era jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa".
Nilda Storck, otra ex policía, declaró: "A dichos interrogatorios asistía un oficial del ejército de apellido Amarante y el entonces jefe de la Policía Provincial, el Mayor Baraldini".
El ex comisario Vito Maccarini de Jacinto Arauz dijo que Baraldini fue el jefe del operativo que copó esa localidad el 14 de julio de 1976 y secuestró a varios docentes y vecinos.
Otros hablan de que era el jefe principal del grupo de tareas y el que daba las órdenes a los oficiales que participaban de los operativos. El ex agente Juan Angel Bustos afirmó ante la Justicia que "al mayor Baraldini se lo notificaba diariamente de lo sucedido con los detenidos".
Una de las víctimas de la Subzona 14, Olga Edith Juárez, aseguró en 1984: "Una vez arribados a la Brigada de Investigaciones sita en la ciudad de Santa Rosa, fue amenazada por el Mayor Baraldini quien le dijo que iba a morir si no decía la verdad".
José María Leppez, ex agente, agregó que "quienes comandaban a los policías que realizaban las torturas y demás apremios eran el jefe de policía, Mayor Baraldini, y el Capitán Amarante".
René Giménez, ex policía y vinculado al grupo de tareas, afirmó que "junto a los oficiales que hacían los interrogatorios estaban el capitán Amarante y el Mayor Baraldini".

Multisectorial convoca a una marcha
La Multisectorial Memoria, Verdad y Justicia, que se constituyó durante el juicio a los represores de la Subzona 14 el año pasado, invitó a concentrarse hoy a las 9 horas frente a la sede del Juzgado Federal, Roca 153, para manifestarse ante la detención del represor Luis Enrique Baraldini.
Bajo la consigna "justicia y castigo en La Pampa a los represores de la dictadura", los integrantes de este colectivo expresaron su satisfacción ante la detención y traslado al país del ex coronel Luis Enrique Baraldini.
Sus integrantes invitaron a concentrarse a la hora en que el ex jefe de la Policía provincial durante la dictadura será indagado por el juez federal Pedro Zabala.
La Multisectorial invitó "a todas las organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, y a todos quienes quieran hacerlo a concurrir en apoyo al juicio contra el terrorismo de estado en la provincia".
Firman el comunicado Hugo Fontana, Walter Montenegro, Julio Braile, Oscar Gatica, Sergio De Matteo, María Cristina Ercoli, María Ester Morán, Aldo René Bafundo, Alejandro Andrada y Claudio Montenegro.

"La detención fue legal, no política"
La captura y expulsión de Bolivia del represor pampeano Luis Enrique Baraldini ha generado polémica en ese país. Ayer, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, aclaró que su detención "fue legal y nada política". En tanto, un senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió al gobierno nacional investigar las acciones y nexos del ex coronel argentino, señalado de conspirar contra el presidente Evo Morales en 2009; y un
El ministro Chávez explicó ayer: "Queremos dejar claro que no existe ningún tipo de detención política de esta persona (Baraldini) porque existe una orden de captura internacional, orden que fue cumplida por el Estado a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la cooperación judicial y policía internacional".
El funcionario dijo que Baraldini tenía parentesco con un funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz, su yerno Raúl López, pero insistió en que por esa situación es irresponsable hablar de una detención política.
Al contrario, denunció que grupos de poder de la denominada ultraderecha protegieron, encubrieron "a represores, torturadores y masacradores que participaron en la dictadura nacional e internacional", entre ellos Baraldini, Jorge Baldiano y otros.
"Son los mismos grupos de poder que se opusieron a la Constitución Política del Estado, al proceso de cambio y que están vinculados con autoridades locales", matizó.
El Ministro de Gobierno informó que está abierta una investigación sobre esos personajes que se refugian en Bolivia bajo la protección de grupos de poder, como sucedió con Baraldini.
Sobre la posible relación del ex carapinada con Eduardo Rósza Flores, cabecilla de una célula de mercenarios y terroristas internacionales que tramaban en 2009 fragmentar Bolivia con una oleada de atentados terroristas, dijo que la investigación está en curso en el marco del caso terrorismo.
"Hay investigaciones abiertas que darán cuenta del grado de implicancia de las personas que participaron en esos hechos, que quisieron dividir al país, que intentaron atentar contra la vida de autoridades nacionales, entre ellos, el Jefe de Estado, Evo Morales", subrayó.

Pedido.
Por su parte, el senador del MAS, Eugenio Rojas pidió al Ministerio de Gobierno investigar las acciones y nexos de Baraldini. "Hay que pedir el informe del Ministerio de Gobierno sobre este argentino que estaba en el país y tenía vínculos para organizar un acto criminal; investigar y saber qué pasó, y a partir de eso saber qué medidas tomar para proteger a líderes políticos, sindicales o cualquier otro ciudadano", manifestó el senador del MAS. La ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré, informó el domingo cuando fue expulsado Baraldini que tuvo activa participación en el intento de magnicidio contra el mandatario boliviano. Cosa que se conocía desde 2009, pero ahora quieren volver a investigar.

Más de tres años.
En criterio de Rojas, no se tiene mucha información sobre los actos del ex militar en Bolivia y por ello exhortó a las instituciones de Inteligencia del país a fortalecer su trabajo.
Las autoridades bolivianas no detuvieron a Baraldini por más de tres años, a pesar de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que disponía la extradición del ex militar argentino vinculado con casos de tortura durante la dictadura militar.
El fallo de la Corte Suprema disponía la entrega del ex militar que residía en Bolivia desde el 2003, pero el último sábado fue detenido por la Policía y expulsado por decisión del Ministerio de Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió el auto supremo 182/2008 el 13 de agosto de 2008 ante la petición de la Embajada de Argentina para posibilitar la extradición de Baraldini quien habría sido parte de un intento de complot contra el gobierno boliviano.

Un pedido de destitución
El concejal del municipio de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, Saúl Avalos, del Movimiento Al Socialismo (MAS), exigió, junto a su bancada, al alcalde Percy Fernández la destitución del funcionario municipal Raúl López, quien le daba protección al represor Luis Baraldini. "El señor López ha admitido ser el protector y de cobijar en su domicilio a Baraldini, un señor que es prófugo de la Justicia argentina, una persona en la que pesa en su contra, delitos de lesa humanidad. No podemos tener en Santa Cruz como Jefe de Seguridad Ciudadana, a alguien que proteja a prófugos de la justicia" internacional, explicó el concejal.

Las explicaciones del yerno
El yerno del represor Luis Baraldini, Raúl López, casado con Rosana Baraldini y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dijo a medios bolivianos que protegió al prófugo, pero no que le dio "protección especial" sino solo "cobijo".
"Nunca le brindé una protección especial, solamente le di un techo donde pudiera vivir", afirmó López, según reveló la prensa boliviana.
López dio dos datos absolutamente falsos: aseguró que su presencia en Bolivia no era irregular ya que contaba con la autorización de la Cancillería y expresó que todos los procesos que arrastraba fueron absueltos durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
"Desde el año 2003 mi suegro está en Bolivia; incluso su presencia en este país es de conocimiento de las autoridades argentinas ya que asistía a la Cancillería a normalizar su situación. Con respecto al documento falso con el que le encontraron, desconozco esa situación. No sería nada raro que se trate de algún hecho político contra él (Baraldini)", aseguró López.

Extradición del genocida Baraldini. Habla Franco Cattalani, abogado de las querellas

2011-12-27T23:28:00.000-08:00

Franco Cattalani, abogado respresentante de las querellas en el juicio de la "Subzona 14" que se sustanció el año pasado en La Pampa, afirmó que la detención del represor Luis Baraldini "es fundamental, para desentrañar el terrorismo de Estado en La Pampa", y sostuvo que el militar "fue la cabeza del terrorismo pampeano".

El represor extraditado desde Bolivia será juzgado en La Pampa por más de 300 secuestros

2011-12-27T00:39:00.000-08:00

El represor Luis Baraldini, detenido y extraditado desde Bolivia tras permanecer prófugo de la justicia argentina desde 2003 por violaciones a los derechos humanos, será juzgado en La Pampa por su participación al frente del temible Comando de la Subzona 1.4, responsable de más de 300 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la provincia durante la última dictadura.

La detención del ex coronel, anunciada este domingo por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue destacada como un “hecho histórico” en la provincia por víctimas del accionar de Baraldini y las autoridades de la justicia federal local, que desde hace años encabezaban la intensa búsqueda del represor oculto en Bolivia.

Baraldini había logrado esquivar el juicio contra los represores pampeanos responsables de la Subzona 1.4, en el que finalmente en noviembre de 2010 fueron condenados varios de sus subalternos durante la dictadura, por las detenciones ilegales y las torturas de los detenidos que estuvieron secuestrados en la sede de la Subzona, ubicada a metros de la Casa de Gobierno de la capital provincial.

En ese marco la fiscal federal Marta Odasso, quien actualmente lleva adelante la investigación del segundo tramo del juicio, destacó que con la detención del represor “es un hecho fundamental para juzgar los delitos ocurridos en La Pampa”, y agregó que al conocer el anuncio de la ministra Garré sintió que se podía “jubilar tranquila”.

En tanto el juez federal Mario Truiputti, presidente del Tribunal que juzgó a los represores pampeano y también a los que actuaron en Bahía Blanca, resaltó la detención del militar como corolario de “una intensa búsqueda”.

Por su parte Raquel Barabaschi, referente de Derechos Humanos y ex detenida y torturada por el propio Baraldini, consideró que “la detención es posible porque está Evo en el gobierno y enfrenta la resistencia del núcleo duro de Santa Cruz de la Sierra”.

El primer destino de Baraldini en La Pampa fue en el regimiento de Caballería 101 con sede en Toay, pueblo lindante a la capital provincial, donde tuvo a cargo la Inteligencia del regimiento a partir de mediados de 1975, aunque oficialmente llegó para “realizar saltos ecuestres”, una de sus pasiones.

A esa altura, previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Baraldini orquestaba en Santa Rosa y toda la provincia la denominada “comunidad informativa” de la mano implacable coronel Ramón Camps, jefe militar en La Pampa antes de desembarcar en la policía bonaerense ya en el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.

Para noviembre de 1975, el grupo de tareas comandado por Baraldini comenzó con la detención de docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, estudiantes y médicos que intentaron poner en marcha el Servicio Provincial de Salud, un sistema de atención gratuito que contaba con el aval del entonces gobernador Aquiles José Regazzoli (PJ).

Consumado el golpe de Estado, el coronel Fabio Iriart tomó el mando en la provincia y dejó a cargo de Baraldini el aparato represivo, dado que Ramón “Lobo” Camps asumía su cargo al frente de la Policía bonaerense.

Al frente del Comando de la Subzona 1.4, Camps fue el responsable de más de 300 detenciones ilegales y torturas, que en mucho de los casos llevaba él mismo adelante, según se estableció en el juicio sustanciado en 2010 en La Pampa.

A partir de su llegada, Baraldini llegó a ser venerado por sus pares, e inclusive por los medios periodísticos, al punto que el matutino más importante de la provincia le dedicó una editorial lamentando la partida del “jefe de policía más importante que tuvo La Pampa”.

Para noviembre de 1979, cuando se produjo su partida, Baraldini estaba consolidado como un teniente coronel de renombre e inserto en la sociedad de La Pampa, provincia en la que se casó y tuvo dos hijas, una de las cuales aún reside en Santa Rosa.

Tras su alejamiento del cargo, el ex policía de la fuerza pampeana solicitó su traslado a Bolivia como agregado militar y jefe de instrucción de oficiales locales entre 1980 y 1982, momento en que nació su conexión con el país en el que se mantuvo oculto los últimos años.

En 1984 fue detenido cuando se investigaban las torturas y secuestros en la provincia, aunque fue liberado y la causa judicial no prosperó cuando se dictaron las leyes e Obediencia Debida y Punto Final.

El 3 de diciembre de 1990, fue uno de los oficiales “carapintadas” que encabezó la sublevación organizada por el coronel Mohamed Alí Seineldín.

Su misión había sido la de ocupar el Regimiento de Patricios, del barrio porteño de Palermo, hecho por el cual fue condenado y cumplió prisión en Campo de Mayo, hasta que fue indultado en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

En octubre de 2003 se reabrió la causa que investigaba los delitos de lesa humanidad en La Pampa y fueron detenidos doce ex oficiales de la Policía y ex oficiales del Ejército, pero Baraldini nunca fue hallado.

En septiembre del año pasado, el represor había sido intensamente buscado en un campo cercano a Santa Rosa por orden del juez Triputti, a cargo del juicio oral por los crímenes de la Subzona 1.4, aunque se sospecha que logró ingresar y volver a salir del país con una identidad falsa que utilizaba.

Finalmente, el 16 de noviembre de 2010 fueron condenados por la represión en La Pampa a 20 años el ex capitán Nestor Greppi, los ex comisarios Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años el oficial Néstor Cenizo; a 12 los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 Hugo Marenchino; todos los subordinados de Baraldini.

En la actualidad hay otros 28 represores, incluido los 7 condenados del primer juicio, que son investigados por el Juzgado Federal de Santa Rosa, por otros delitos que alcanzan a unas 300 víctimas.

Se espera que el represor, actualmente detenido en el penal de Marco Paz, sea trasladado a La Pampa para quedar alojado en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, junto a los 7 represores condenados en noviembre de 2010.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que por el momento sólo la justicia Federal de La Pampa tiene competencia en las causas que implican a Baraldini, y trascendió que en principio el juez pampeano Pedro Vicente Zabala tendrá que someterlo a indagatoria antes de procesarlo por los secuestros y torturas que ya fueron juzgados en la provincia.

Detienen en Bolivia a ex militar represor argentino Luis Enrique Baraldini

2011-12-25T01:12:00.000-08:00

Pesa una orden de captura que ha sido procesada por las fuerzas de inteligencia, afirmó el ministro de Interior, Wilfredo Chávez. Desde su fuga en noviembre de 2003, cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante el denominado Proceso, el rastro de Baraldini se suponía en Bolivia.

Baraldini fue oficial del arma Caballería
La Paz.- El gobierno boliviano detuvo este sábado al ex militar argentino Luis Enrique Baraldini, acusado en su país por violaciones a los derechos humanos, y procederá a expulsarlo en las próximas horas hacia Argentina, informó el ministro de Interior, Wilfredo Chávez.

"Se ha aprehendido al señor Luis Enrique Baraldini, súbdito argentino, sobre quien pesa una orden de captura que ha sido trabajada (procesada) por las fuerzas de inteligencia" de Bolivia, afirmó Chávez en una conferencia de prensa, donde presentó al ex militar enmanillado, destacó la agencia AFP.

Desde su fuga en noviembre de 2003, cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante el denominado Proceso, el rastro de Baraldini se suponía en Bolivia ya que allí estuvo como agregado militar desde el año 1980 hasta 1982. Durante su paso por ese país adiestró a oficiales bolivianos y también realizó una actividad que continúa en la actualidad: los caballos de equitación, destaca la página web argenpress.info.

Baraldini fue oficial del arma Caballería y realizaba saltos ecuestres. En los 70 tuvo como destino el Regimiento 101 de Toay de Santa Rosa cuando tenía el cargo de mayor. En Santa Rosa se casó y tuvo tres hijos. Su gusto por los caballos fue algo que tuvo en común con el jefe del Regimiento cuando ocurrió el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, el coronel Fabio Iriat, hoy procesado y a la espera del juicio oral y público por los secuestros y torturas de una treintena de detenidos políticos.

Inicio etapa instrucción la causa contra ex policías y militares por delitos de lesa humanidad

2011-09-28T00:33:00.000-07:00

Con las declaraciones testimoniales de dos de las 41 víctimas de secuestros y torturas en la Subzona 14, con jurisdicción en La Pampa, comenzó este martes la etapa de instrucción del proceso, en el cual unos 35 ex militares y ex policías están acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

La etapa de instrucción comenzó este martes en el juzgado federal de La Pampa y se prevé que unas 41 víctimas de secuestros y torturas durante la dictadura brindarán sus declaraciones testimoniales, en el paso previo a que el juez de la causa determine si eleva las investigaciones a juicio oral y público.

La jornada comenzó con el testimonio de Mario Llinás, un ex estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico, que fue detenido en las horas posteriores al 24 de marzo del `76.

"Estuve detenido unos 15 días en la Unidad 4 de Santa Rosa, nunca supe por qué me detuvieron y no padecí torturas", expresó escuetamente a la prensa, al retirándose con prisa del juzgado.

Luego le siguió la docente Cristina Ercoli, detenida en noviembre de 1975, quien permaneció encarcelada varios meses en Villa Devoto, durante el gobierno de Isabel Perón.

"Lamentablemente tuve que esperar 35 años para llegar a esta instancia", declaró a Télam minutos antes de ingresar a la sala a prestar declaración testimonial, llevando documentación; entre ella, una que hacía referencia a que "quedaba en libertad por su buen comportamiento".

Las declaraciones testimoniales -a las que no tiene acceso la prensa- se realizan en la sede del juzgado federal y, según fuentes de esa dependencia judicial, serán unos 41 los testigos que desfilarán por ese tribunal durante cinco semanas.

Según explicó la secretaria de Derechos Humanos, muchas de las notificaciones enviadas no llegaron a destino por cambios de direcciones, por lo que se insistirá en la búsqueda de unas 191 supuestas víctimas para que se presenten a declarar.

La primera causa, relacionada con la Subzona 14, se desarrolló el año pasado y terminó con la condena a nueve ex policías y militares, uno de los cuales comenzó a gozar de libertad condicional la semana pasada, lo que generó críticas por parte de los organismos de derechos humanos.

En esta segunda parte de la causa se investigarán los secuestros y torturas cometidos por represores pampeanos entre 1975 y 1983.

De acuerdo a la fiscal federal Marta Odasso, son más de 300 las personas que fueron víctimas de la represión en la provincia y constituyen los casos que no fueron abordados en el primer juicio oral y público que se realizó la semana pasada.

En este proceso, hay unos 35 ex militares y ex policías que están actualmente presos en la Unidad Penal 4: Athos Reta, Roberto Fiorucci, Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Yorio y Hugo Marenchino, hoy en libertad condicional.

En La Pampa, se identificaron seis centros clandestinos de detención y tortura: dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz y los restantes en General Pico y Catriló.

De acuerdo a los datos oficiales, 49 pampeanos fueron desaparecidos en distintas ciudades del país durante la última dictadura; entre ellos, dos niños que hoy son adultos y viven con una falsa identidad.

Rechazan el arresto domiciliario de ex militar condenado en La Pampa

2011-01-06T00:41:00.000-08:00

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa denegó ese beneficio a Omar Aguilera, quien recibiera el pasado 16 de noviembre la pena de 20 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos en aquella provincia

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa rechazó un pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del ex militar Omar Aguilera, condenado el pasado 16 de noviembre a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Pampa durante el último gobierno militar.

Así, los jueces José Mario Triputti, Armando Mario Márquez y Eugenio Krom rechazaron otorgarle ese beneficio a Aguilera, quien se encuentra detenido en la Colonia Penal de Santa Rosa.

La defensa del ex militar había solicitado el arresto domiciliario de Aguilera por ser mayor de 70 años. El tribunal, luego de recibir un informe de salud solicitado al cuerpo médico del penal, dispuso que Aguilera permanezca detenido en esa unidad carcelaria.

Alegato sobre genocidio realizado por Franco Catalani

2010-11-17T05:23:00.000-08:00

Franco Catalani, en representación de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos fue quien esgrimió los fundamentos sobre el delito de genocidio en el turno de los alegatos de las querellas.

Los por qué del genocidio

Sobre el alcance del concepto de genocidio, FRANCO CATALANI indicó que comparte con los demás crímenes contra la humanidad, la característica de constituir un ataque generalizado y sistemático contra una población civil por un aparato organizado de poder, aparato que no necesariamente debe ser oficial.

Explicó que en cuanto al objetivo particular, busca la eliminación física total o parcial de un grupo étnico, racial, nacional o religioso, de acuerdo a la Convención contra el Genocidio y el Estatuto de Roma.

La doctrina se ha dividido respecto de si esa enumeración es taxativa o puede darse una interpretación extensiva a alguna de dichas especificaciones grupales. La interpretación restrictiva es meramente dogmática y se fundamenta exclusivamente en la expresion formal de la ley. Esa querella consideró, en cambio, que privilegiar a determinados grupos humanos (nacionales, etnicos, raciales o religiosos), sobre cualquier otro para protegerlos especialmente mediante el delito de genocidio, es una seleccion arbitraria. De tal modo, el ataque sistemático y generalizado a una población de niños, de ancianos, de enfermos, de mujeres, de apátridas, de migrantes, de ateos, o de cualquier otro grupo humano, no podría ser calificado como genocidio. Semejante conclusión no se corresponde con los principios internacionales de derechos humanos. En consecuencia, "Somos partidarios que el delito de genocidio protege el bien jurídico que podríamos denominar 'grupo humano' o también 'minoría', cualquiera sea el elemento que el victimario le atribuya como factor común, y no uno o varios grupos humanos específicamente determinados", afirmó.

Por otro lado, sostuvo que el genocidio está previsto desde 1956 en la legislación argentina (fecha de vigencia para el pais del tratado contra el genocidio), al menos en relación a la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de este delito, no así respecto de la punibilidad. En consecuencia, resulta completamente lógico solicitar la calificación de éste delito en concurso ideal con privación ilegal de la libertad y tormentos, aplicando solamente la pena prevista para éstos últimos.

Los nueve represores juzgados fueron condenados a penas de 8 a 20 años en prisión común

2010-11-17T00:32:00.000-08:00

El Tribunal Oral Federal condenó ayer a penas que van de 8 a 20 años de prisión en cárcel común e inhabilitación absoluta y perpetua, a nueve represores condenados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas, cometidos en la Subzona 1.4 con jurisdicción en La Pampa, durante la última dictadura militar.

La lectura de la condena estuvo a cargo del titular del Tribunal Oral Federal, Jose Mario Triputti, que presidió el juicio oral y público que comenzó el 2 de agosto pasado en la sede del Colegio de Abogados de Santa Rosa, para juzgar a nueve represores, en un juicio que sin duda será histórico porque juzgó por primera vez el accionar de un grupo de policías y militares durante la última dictadura militar.

Con absoluto silencio de parte de todos los presentes en la sala, entre ellos el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, se escuchó cada una de las condenas a los nueve imputados y sólo ese clima se interrumpió con silbidos y quejas, cuando se escuchó que al ex subocomisario Hugo Marenchino se lo condenaba a la pena de 8 años de prisión.

La lectura de la sentencia fue ante la presencia de una sala colmada de víctimas y familiares, organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales y de los nueve condenados.

Estos son el coronel Néstor Greppi, Secretario General de la Gobernación de facto; Roberto Constantino, Comisario General; Roberto Fiorucci, Comisario inspector de la Policía, jefe de informaciones; Omar Aguilera, Comisario mayor de la policía y jefe de Operaciones; Néstor Cenizo, oficial principal, integrante de informaciones y Operaciones; Carlos Reinhart, oficial principal, integrante del Grupo de Trabajo de la Subzona 14; Oscar Yorio, subcomisario de la Policía; Athos Reta, subcomisario de la Brigada de Investigaciones y Hugo Marenchino, subcomisario integrante grupo de Trabajo subzona 14.

Los delitos por los cuales fueron condenados son los de privación ilegal de la libertad mediando amenazas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos y allanamiento ilegal.

El presidente del Tribunal leyó el fallo unánime del Tribunal integrado por dos jueces más que resolvieron condenar a la pena de 20 años de prisión a Néstor Greppi, Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Omar Aguilera y Carlos Reinhart; mientras que a Néstor Cenizo lo condenó a la pena de 14 años de prisión; a Oscar Yorio y Athos Reta a 12 años y a Hugo Marenchino a la pena de 8 años.

Todos ellos detenidos desde días previos al inicio a juicio en la Unidad 4 con asiento en Santa Rosa, fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal de ésta ciudad capital y de acuerdo al fallo se dictaminó su inhabilitación absoluta y perpetua, si bien no trascendió si ello implica que dejarán de percibir los haberes -jubilación o pensión- que cobran de parte del Estado Argentino como pidió la querella.

Tras la lectura de la sentencia no se vivió un clima de algarabía si bien había rostros conformes por un lado, como lo planteó la querella "porque más alla de que luego se analizarán las condenas, se determinó la responsabilidad penal de los hechos de parte de los imputados hoy condenados" y de acuerdo al fallo, se abren instancias para nuevos juicios a fin de que se investiguen a quienes fueron mencionados como parte de este siniestro plan de secuestro y torturas.

En este juicio más de 160 personas formularon sus testimonios y víctimas y testigos fueron desnudando cómo se implementó en La Pampa éste plan sistemático de secuestro, detención y tortura durante la última dictadura militar, pudiéndose escuchar testimonios desgarradores que colmaron de silencios y lágrimas en más de una oportunidad a los presentes en la sala.

Allí se escucharon las torturas que sufrieron detenidos y detenidas en los seis centros clandestinos que funcionaron en La Pampa, donde no faltaron las vendas, esposas, los golpes, torturas con picana eléctrica en los órganos genitales femeninos y masculinos, senos y lengua y también abusos sexuales, que develaron la miserabilidad sin límite de los represores.

La querella al final de Este proceso habia solicitado una pena de 25 años de prisión en cárceles comunes para los nueve procesados, que se ordene la investigación de la participación civil y los médicos policiales y militares, denunciados en el debate oral y que los imputados hoy condenados no cobren más jubilación, pensión o cualquier tipo de remuneración que actualmente perciben del Estado argentino.

Por otra parte la Fiscal Federal Marta Odasso decidió abrir otra causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, entre los que se espera se incluyan a civiles, como médicos policiales, que intervinieron en las sesiones de torturas y fueron imputados en los testimonios de las víctimas.

Este juicio y el testimonio de las víctimas demostraron que como muchos afirmaban "La Pampa no fue una isla", sino que a través de la Subzona 1.4 constituyó un eslabón más de ésta cadena sistemática de terrorismo de Estado puesta en funcionamiento en el país para reprimir.

El abogado Eduardo Fernández, quien representó a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista junto a Carina Salvay y Franco Catalani, señaló que "en general" estaba "conforme". Puntualizó que en el caso de Marenchino le pareció "excesivamente leve" la pena de ocho años de prisión. "Teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que cumplió (en prisión), de quedar firme la sentencia en estas condiciones estaría cerca de obtener en poco tiempo salidas transitorias", señaló.

También apuntó al caso de Yorio, de quien tuvo en cuenta "la responsabilidad funcional que tenía" al considerar también baja la pena impuesta de 12 años de prisión. Anticipó que en esos dos casos puntuales podrían acudir a Casación.
Sobre la absolución de los acusados en los casos de Ginar de Villarreal y Martínez Roca, remarcó que "si bien es cierto que el fiscal no acusó, sí acusaron las querellas". Para él, a criterio de la Corte, la acusación de la querella puede suplir la falta de acusación fiscal.
Curutchague, quien acompañó como abogado querellante a Miguel Palazzani, dijo estar "satisfecho". "Más que nada no por las condenas en sí, sino por la repercusión pública que tuvo el juicio y lo que puede llegar a ser hacia el futuro en el próximo".

Negarán la excarcelación a tres represores

2010-11-15T01:13:00.000-08:00

El defensor oficial Carlos Riera solicitó las excarcelaciones de Roberto Constantino, Omar Aguilera y Roberto Fiorucci, tres de los nueve represores pampeanos que están siendo juzgados en la causa de la Subzona 14, aunque el Tribunal Oral Federal rechazará el planteo.

Riera, en el escrito presentado en el TOF, sostuvo que corresponde otorgarle la libertad a los imputados porque el fundamento para apresarlos fue que debía asegurarse la realización del juicio, y éste ya concluyó. Sin embargo, los jueces José Mario Tripputi, Eugenio Krom y Mario Armando Márquez le responderían que no corresponden las excarcelaciones porque el juicio aún no concluyó.

Los hechos investigados en la causa son tormentos y privaciones ilegales de la libertad, después del golpe del 24 de marzo de 1976, en perjuicio de 28 víctimas. En esa época Constantino era el jefe de la Unidad Regional I -donde físicamente se torturó a los detenidos-, Aguilera era el jefe de Operaciones, y Fiorucci era el jefe de Inteligencia.

Todos los represores permanecen detenidos en la Unidad 4 desde hace cuatro meses porque, además de querer asegurarse el juicio, el TOF consideró que las víctimas y testigos podrían declarar con más tranquilidad. Cuando a mediados de julio fueron ingresados a la penitenciaria, e inauguraron el pabellón de la cárcel construido exclusivamente para presos pampeanos, los defensores también requirieron las excarcelaciones de ellos, pero les fueron denegadas. Constantino y Aguilera fueron los acusados que menos asistieron a las audiencias durante los más de tres meses que lleva el proceso, ya que prefirieron quedar en la U 4.

El martes 16 la sentencia
Con relación a lo que pueda ocurrir, han circulado varias versiones en los últimos días. Se cree que las penas serán de hasta 20 años y que se mantendrá la visión de la acusación fiscal de que hubo autores mediatos e inmediatos, en alusión a los jefes que impartieron las órdenes y a los subalternos que las ejecutaron. En ese punto del fallo la incógnita es saber si habrá un escalonamiento de las penas en función de la participación de cada uno de los imputados.

Otra cuestión a conocer es si el tribunal ordenará que cumplan las penas en cárceles comunes. Hay un antecedente a tener en cuenta: el juez Krom y el juez suplente Orlando Coscia han dictado en Neuquen condenas por delitos de lesa humanidad y enviaron a los imputados a la Unidad Penal de General Roca.

Además, existe otro interrogante es qué harán los represores. ¿Hablarán o mantendrán la posición de no acusarse entre ellos, que hasta ahora no les trajo ningún beneficio? Algo más: ¿es cierto que algunos imputados están enojados con un defensor?, ¿dirán algo sobre eso?

Piden que represores vayan a cárcel común y no cobren jubilación

2010-11-03T00:35:00.000-07:00

Las dos querellas pidieron ayer en el histórico juicio a los represores de la Subzona 14 una condena de 25 años para los nueve procesados, acusados de los delitos de secuestros y torturas. Hubo diferencias y semejanzas en los dos planteos. Por un lado, mientras unos pidieron condenarlos por el delito de genocidio, los otros que lo sean por delitos de lesa humanidad, pero en el marco del genocidio. Cuestiones que tienen que ver con lo jurídico-político y la concepción de los juicios a los responsables de la represión durante la dictadura militar que tienen las diferentes organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, hubo un hecho que unió ambos alegatos: los dos terminaron con un fuerte aplauso de pie por parte de la sala, emoción contenida durante tres meses de audiencias, y con el abrazo de los abogados con militantes de los derechos humanos y el público.

Rescate.
Los primeros en leer sus alegatos fueron Carina Salvay, Eduardo Fernández y Franco Catalani, por parte de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista, entre otras organizaciones. Las representantes tenían dos horas para desarrollar sus fundamentos y pedir una condena, según establecieron los jueces, aunque se extendieron un poco más.
Salvay comenzó con el contexto político en el que se desarrollaron los hechos por los que están acusados los nueve represores. "Queremos rescatar que si hoy nos encontramos acá, alegando y acusando a los imputados en este juicio, es producto de la lucha durante décadas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la incansable búsqueda de justicia que se ha visto iluminada por sus fuertes convicciones por parte de los sobrevivientes a la dictadura, el acompañamiento de los familiares y todos los que durante estos años hemos aportado a la lucha, contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado", indicó la abogada.
Hizo referencia a la impunidad y al olvido de los últimos 34 años y a la "década infame" de los 90 en la que "muchos festejaban los indultos y la derecha celebraba nuevamente leyes que reafirmaban una profunda injusticia". Y habló de las "deficiencias" de la instrucción al elevar la causa a juicio ya que "el fraccionamiento de la investigación", llevó a que
"quedarán impunes, al menos en este juicio, los casos de Santiago Covella y Hugo Ferrari", afirmó.

Los por qué del genocidio
Sobre el alcance del concepto de genocidio, Carina Salvay indicó que comparte con los demás crímenes contra la humanidad, la característica de constituir un ataque generalizado y sistemático contra una población civil por un aparato organizado de poder, aparato que no necesariamente debe ser oficial.
Explicó que en cuanto al objetivo particular, busca la eliminación física total o parcial de un grupo étnico, racial, nacional o religioso, de acuerdo a la Convención contra el Genocidio y el Estatuto de Roma.
La doctrina se ha dividido respecto de si esa enumeración es taxativa o puede darse una interpretación extensiva a alguna de dichas especificaciones grupales. Esa querella consideró que la enumeración es meramente descriptiva, y no agota las posibilidades.
En consecuencia, consideró que también las víctimas pueden ser parte de una Nación y ser perseguidos por causas políticas. "Somos partidarios que el delito de genocidio protege el bien jurídico que podríamos denominar 'grupo humano' o también 'minoría', cualquiera sea el elemento que el victimario le atribuya como factor común, y no uno o varios grupos humanos específicamente determinados", afirmó.

"A las víctimas todavía hay que pedirles perdón"
El segundo alegato leído ayer a la mañana en el Colegio de Abogados en el juicio a los nueve represores fue el de los abogados querellantes Miguel Palazzani y Leonel Curutchague, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Fundación Anahí, entre otros.
Curutchague comenzó su lectura con agradecimientos, entre los que figuró el ex presidente Néstor Kirchner por impulsar las causas de derechos humanos, y pronunció en su introducción las últimas palabras de Salvador Allende: "Los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza".
El abogado afirmó que "cómo indican Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, en su libro El informe 14, donde investigaran la metodología represiva y la implementación del terrorismo de estado, en la Subzona 14, La Pampa no fue una 'isla' como a muchos les gustó decir durante estos años. En la provincia se secuestró, torturó y aún no sabemos si se desapareció a personas como en cualquier otra parte del territorio nacional".
Curutchague, abogado de la Fundación Liga Argentina por los DDHH, y entendido en estos juicios, hizo un largo análisis de cómo se fue implementando durante años la maquinaria del Terrorismo de Estado y cómo los servicios de inteligencia fueron organismos paralelos para acompañar la represión estatal ilegal.
A diferencia de la otra querella que arrancó en 1973 y los grupos parapoliciales de la Triple A, indicó que el Ejército se preparó contra los conflictos internos y la resistencia civil a la opresión durante muchos años. Y cómo desde los años de la llamada Revolución Argentina se le fue dando el rol a las fuerzas de seguridad de reprimir la política y fue conformando el plan de exterminio. Y luego se le dio impulso con el Consejo de Seguridad en 1975 durante el peronismo. Esa fue la base con la que se creó la Subzona 14 en La Pampa.

Dos mencionados.
Seguidamente, el abogado habló de la materialidad de los hechos, mencionando los 28 casos. Entre los nombrados estuvo Carlos Aragonés, al que nuevamente se lo consideró como "cómplice" y no cómo víctima por entender que colaboró con los represores en el armado de listas.
Palazzani hizo hincapié, al hablar de los acusados, en dos. Uno, el ex coronel Néstor Greppi y el otro Hugo Marenchino. Ambos parecían los casos "menos complicados" en el proceso porque son los que menos han sido mencionados por víctimas y testigos.
Sobre ambos, Palazzani dijo que "en el debate ha quedado demostrado que su tarea no era simplemente administrativa sino verdadera y activamente operativa", tal como quedó demostrado en el rol que cumplió Marenchino en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía.

Coautores.
Palazzani acusó a los represores como "coautores" de los delitos investigados. "Cada uno de los coautores realiza un tramo de la conducta que describe el tipo penal y sólo en conjunto completan la conducta típica. Es decir, que basta con que cada interviniente realice su aporte en el fragmento del hecho respecto del cual tiene dominio o codominio del hecho, para que deba considerárselo como coautor", afirmó.
"Todos los imputados han tenido dominio o codominio de una parte significativa del hecho delictivo, de conformidad con la división del trabajo y la ejecución común del delito, por lo que deben ser considerados coautores al haber realizado una parte del plan previamente establecido", aseguró.
Los delitos atribuidos fueron el de privación ilegal de la libertad (artículo 144 bis del CP), agravado por haber sido cometido bajo violencia, mediante el empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos, agravante que se encuentra previsto en el inciso 1° del artículo 142 del CP; y el de torturas, previsto en el artículo 144 ter.

Lesa humanidad.
Sobre la calificación legal, los querellantes hablaron de que los hechos investigados configuran crímenes de lesa humanidad, en el marco del genocidio, pero no de un genocidio. "En el presente caso no puede discutirse que los hechos que se juzgan configuran parte del plan general criminal perpetrado por la dictadura, que obviamente configuró un ataque generalizado y sistemático a la población civil, realizado por el Estado", indicó.
Y solicitó que se condene a los represores a la pena de 25 años de prisión efectiva en cárcel común, accesorias legales y costas, e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Además de la pérdida de su grado militar o policial y la suspensión del retiro.
A Greppi lo consideró culpable en 5 casos, tres por tormentos. A Constantino en 17 casos, 7 por tormentos; a Fiorucci por 25 casos, 14 por tormentos; a Aguilera por 19 casos, 9 por tormentos; a Cenizo por 24 casos, 11 por tormentos; a Reinhart por 24 casos, 11 por tormentos; a Yorio por 11 casos, 7 por tormentos; a Reta por 12 casos, 6 por tormentos; y a Marenchino por 7 casos, 5 por tormentos.

Homenaje.
Finalmente, al cerrar el alegato, Palazzani hizo un homenaje a "todas las víctimas del terrorismo de estado y en este caso a los desaparecidos pampeanos conocidos hasta ahora", leyó la nómina de 47 caídos provincianos caídos a causa de la represión ilegal antes y durante la dictadura y mencionó a las personas "que aquí fueron víctimas y no están, pero hubieran querido".
"Hay que insistir con la verdad en la construcción de la memoria, que es una dimensión individual y también colectiva; este juicio justo que tuvieron -el cual le negaron a las víctimas- ofrece las mejores condiciones para el restablecimiento de la verdad sobre el genocidio en La Pampa. Y todo eso se le debe a la militancia de las personas que hacen de esto su lucha de todos los días. A las víctimas y a sus familiares y al pueblo de La Pampa, todavía el Estado pampeano y sus cómplices civiles le tienen que pedir perdón. Eso no ha ocurrido", afirmó.
"La sentencia que recaiga en la presente causa, inaugura un capítulo, es fundacional, es el primer paso, de mucho por recorrer en la lucha contra la impunidad en la provincia de La Pampa", dijo, y nuevamente, la emoción y los aplausos cubrieron la sala como pocas horas antes.

Aparato.
Salvay habló del "aparato organizado de poder", primero en democracia y luego en dictadura, que se encargó "de implementar el terror, con la finalidad de exterminar a los grupos nacionales insertos en todos los niveles de organización de la vida social argentina: partidario, estudiantil, gremial, cultural, etc., que luchaban por un país justo, sin opresión y sin explotación, liberado del dominio imperial al que aún permanecemos sometidos hasta nuestros días".
"Quienes llevaron adelante el genocidio en esas décadas infames, dentro de los cuales se encuentran estos imputados, lo hicieron con secuestro, con torturas y con muerte", completó.
Paso seguido, Fernández habló de la materialidad de los hechos en el caso de Jacinto Arauz, en una extensísima lectura que habló de cada una de las víctimas y mencionó la prueba documental. A su turno, Catalani enumeró el resto de los casos. Y afirmó que "la Subzona 14 fue una pieza más de un mecanismo nacional preparado para imponer un plan represivo, mediante la violación de todo tipo de derechos fundamentales. Es decir, los hechos que han sido ventilados en esta audiencia del juicio no son hechos comunes, individuales, aislados, sino eventos que se insertan en una organización de dimensiones nacionales, de carácter burocrática, ilegal y violenta, minuciosamente planeada en su diseño y ejecución".

Genocidio.
Salvay indicó que los delitos tratados deben estar bajo la tipificación de "genocidio" . Además indicó que hubo ejecutores inmediatos de los secuestros y torturas, engranajes de la represión, pero que también hubo otros mediatos que eran quienes daban las órdenes.
Finalmente, la querellante pidió para todos los represores 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común, por los delitos probados durante el juicio. Todos perpetrados para cometer un genocidio.
Al ex coronel Néstor Greppi por encontrarlo penalmente responsable de privación ilegal de la libertad, simplemente agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas en un caso; y doblemente agravada -por haber durado más de un mes- en cuatro. De tormentos doblemente agravados en 5 casos y allanamiento ilegal de domicilio en 3 casos.
A Roberto Constantino por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 14 casos, por privación ilegal de la libertad doblemente agravada en tres, tormentos en 17 y allanamiento en 9.
A Roberto Fiorucci por privación ilegal de la libertad, simplemente agravada en 18 casos, doblemente agravada en 7, tormentos en 7 y allanamiento en 12; mientras que a Omar Aguilera por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 15 casos, doblemente agravada en 4, tormentos en 19 y allanamiento ilegal en 12.
A Néstor Cenizo por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 17 casos, doblemente agravada en 7, tormentos en 24 y allanamiento ilegal en 12; a Carlos Reinhart por privación ilegal simplemente agravada en 17 casos, doblemente en 7, tormentos en 24 y allanamientos ilegales en 11.
En el caso de Oscar Yorio por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 7 casos, doblemente agravada en 4, tormentos en 11 y allanamiento ilegal en 6. A Athos Reta por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 6 casos, doblemente agravada en 6, tormentos en 12 y allanamiento ilegal en 6; y a Hugo Marenchino por privación ilegal de la libertad simplemente agravada en 5 casos, doblemente agravada en 2, tormentos en 7 y allanamiento ilegal en 2.
Además, los querellantes pidieron que "se oficie a los Poderes Ejecutivos Provincial y Nacional a los efectos de que ordene el cese del goce de toda jubilación, pensión, gratificación y/o remuneración alguna que estos imputados puedan estar percibiendo de parte del Estado Argentino". Y que se extraigan los testimonios de Ferrari y Covella para que se investigue sus casos como víctimas. Lo mismo por otros hechos surgidos en el juicio: Saúl Santesteban, Miguel Maldonado, Nelson Nicoletti, Omar Medina, José Mendizabal, Luis Barotto, Stella Barrios, Graciela Espósito, Rosalind Gancedo y Rosa Audisio.

Cómplices.
También reclamó que se "ordene la investigación de la participación civil y la de los médicos policiales y militares, denunciados en este debate oral" y que se unifiquen los tramos pendientes sobre la investigación de los hechos ocurridos en la Subzona 14.
Y que previo a dictar sentencia, "se verifique e informe respecto a la salud del imputado Fabio Carlos Iriart, y se proceda a ordenar la puesta en marcha, en forma inmediata, de las condiciones tecnológicas y fácticas necesarias para someterlo a juicio oral y público".
Las últimas palabras de Salvay emocionaron al público que arrancó un fuerte aplauso de pie tras el alegato. "Condenar por genocidio habilitará un reconocimiento no sólo social sino también jurídico por los hechos sucedidos en nuestro país", dijo, y leyó versos "de un poeta que dijo que los versos no son de quien los escribe, sino de quien los necesita, y en esta caso los necesita el pueblo". Fue "Pido castigo", de Pablo Neruda.

El fiscal pidió 25 años de prisión para los represores
El fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Bonvehí, pidió que los represores de la Subzona 14 sean condenados a 25 años de prisión. A todos los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, en concurso real, agravados por desempeñarse como funcionarios públicos. En el caso de la víctima Dully Ginart de Villarreal pidió la absolución de todos al considerar que no había pruebas para incriminarlos. Lo mismo hizo en el caso de Ana María Martínez, salvo el ex comisario Roberto Constantino.
El ex coronel del Ejército, Néstor Greppi, y los ex policías Atos Reta, Carlos Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Roberto Fiorucci y Néstor Cenizo, escucharon en persona el alegato del representante del ministerio público. Constantino, Néstor Aguilera y Hugo Marenchino se enteraron después, en la Colonia Penal.
La jornada matinal del juicio había terminado cerca de las 15. Luego de efectuar una contextualización legal y política de la denominada "lucha contra la subversión" que se inició en 1975, el fiscal solicitó la absolución de los nueve imputados en el caso Ginart de Villarreal. Acto seguido, solicitó que se remitan las actuaciones al Juzgado Federal de Santa Rosa para que se investigue quiénes fueron los responsables.
Algo parecido ocurrió en el caso de Martínez, quien fuera detenida y torturada en Capital Federal junto a su pareja de entonces, el escritor Hugo Chumbita. En este caso acusó a Constantino de su secuestro, pero sobre los tormentos pidió que se remitan los testimonios a un juzgado porteño.

Repaso minucioso.
Luego repasó uno por uno los casos de secuestros y también los de torturas, detallando una por una la suerte que corrieron las víctimas de la represión: Ginart de Villarreal, Martínez, Roberto Gil, Hermes Accátoli, Santiago Covella, Hugo Ferrari, Julián Flores, Avelino Cisneros, Zelmira Regazzoli, Carlos Aragonés, Raquel Barabaschi, Eberto Cuevas, Clemente Bedis, Héctor Zolecio, Justo Ivalor Roma, Nicolás Navarro, Rodolfo De Diego, Víctor Pozo Grados, Guillermo Quartucci, José Brouwer de Koning, Gerardo Nansen, Julián Alvarez, Carlos Samprón, Luis Carlino, Samuel Bertón, Nery Sanders de Trucchi, Olga Edit Juárez y Zulema Arizo.
El tramo siguiente lo dedicó a defender a las víctimas y testigos. Resaltó que muchos hablaron por primera vez entre seis y ocho años después, ya en democracia. "Entre estas personas todavía había temor. Ese temor, señores jueces, subsistía cuando los vimos declarar en esta audiencia", afirmó. Añadió que era normal que existieran imprecisiones y contradicciones en los testimonios, por el largo tiempo transcurrido y por el estrés extremo de las situaciones que vivieron. "Si hubiera una coincidencia plena entre los testimonios pensaría que existió un acuerdo, pero no se dio así", enfatizó.
Sobre los acusados dijo que no todos intervinieron en cada uno de los casos pero aseguró que fueron parte de la "organización de un plan sistemático y criminal que tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos". El plan, afirmó, consistía en el secuestro de las víctimas, su traslado a la Seccional Primera o la Brigada de Investigaciones, el sometimiento a un régimen deshumanizante, los tormentos y, finalmente, el pase a disposición de la Justicia o la liberación.

Quebrado.
Al definir qué entendía sobre la privación ilegítima de la libertad, el fiscal afirmó: "No se trata sólo de quiénes los fueron a buscar a sus domicilios, sino de los que, cumpliendo sus funciones, los mantuvieron privados de la libertad, aun cuando los hubieran detenido otras personas", aseveró. En cuanto al concepto de tormento, afirmó que excede al uso de la picana. "Se considera como tormentos a todos los elementos. En los hechos analizados se vieron la incomunicación de los detenidos, las restricciones de movimientos, ataduras de manos, capuchas, ojos vendados, golpes... Esto constituye por sí solo un tormento, independientemente de si hubo violencia física", reflexionó.
Eran las 19.12. Su relato estaba por alcanzar las dos horas. El fiscal intentaba responderse qué pena correspondía pedir para los acusados. Leyendo una cita, se preguntó: "¿Se puede pedir morigeración a quienes torturaron a personas que no tenían chances de defenderse? ¿Pueden pedir olvido los que cometieron esos crímenes si no ofrecen arrepentimiento alguno? La respuesta es no, porque lo hicieron amparados en las instituciones del Estado y porque no se arrepienten".
Bonvehí avanzó un poco más en su lectura, esta vez con un interrogante nuevo: ¿Quiénes son los ofendidos por los crímenes que se investigan? Cuando iba desandando esa respuesta, el fiscal se emocionó y no pudo seguir.

¿Cuál es la condena?
Luego de un cuarto intermedio de 20 minutos, ya repuesto, el fiscal aseguró que la pena (condena) era la herramienta que tenía el Estado para demostrar que nadie puede utilizar el poder para implantar el terror y para advertir al mundo que crímenes como éstos, tarde o temprano, no quedan impunes. Aclaró que no había excusa válida para no juzgar los crímenes de la dictadura y que los acusados no estaban siendo tratados como enemigos, sino como personas con garantías de acuerdo a derecho.
Sobre las víctimas, destacó que en 30 años nunca intentaron apelar a la justicia por mano propia.
El paso siguiente fue la formulación de las acusaciones a cada uno de los imputados, con una breve aclaración respecto al ex coronel Greppi por su "cercanía al poder de entonces", gracias a la cual, consideró, sabía lo que se hacía y cómo se lo hacía. "De allí que su intervención en los hechos merezca un mayor reproche", afirmó.
Al militar lo acusó como autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, en 4 casos, y tormentos, en 2 hechos. En el caso del secuestro, sostuvo que estaba agravado por mediar violencia y amenazas; en el caso de los tormentos, por haberlos infligido para compeler a la víctima a dar información. A Constantino lo acusó como autor mediato de los mismos dos delitos, pero cometidos en 18 oportunidades en el caso del secuestro y en 6 en cuanto a las torturas.
En cuanto a los siete ex policías restantes, todos fueron apuntados por el fiscal como coautores mediatos de los mismos delitos y con iguales agravantes: Aguilera fue imputado por Bonvehí por 18 privaciones ilegítimas de la libertad y 7 tormentos; Fiorucci, 24 secuestros y 13 torturas; Reinhart, 23 y 10 respectivamente; Reta, 12 y 6; Cenizo, 23 y 9; Marenchino, 5 y 3; y Yorio, 9 y 6.
"Nunca tuve la necesidad de aplicar la pena más severa; pero (...) nunca había tenido la posibilidad de intervenir en un juicio donde se ventilaran hechos de semejante gravedad. Por todo ello, voy a solicitar (...) la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo tiempo de la pena", concluyó, tras mencionar uno por uno a los represores.
El último tramo de su alegato fue la enumeración de los episodios que deberán investigarse de ahora en más, surgidos de los testimonios que se escucharon durante el juicio.

"Esos guantes no eran los míos"

2010-11-01T14:03:00.000-07:00

El comisario retirado Miguel Gauna fue el último testigo en declarar ante el Tribunal. Era oficial principal cuando trabajó en la Primera, entre diciembre del '75 y junio del '76, donde, afirmó, fue Jefe del Cuerpo de Sumariantes. Su testimonio comenzó a las 19.50 y finalizó a las 20.50. Al finalizar, el Tribunal le pidió que esperara en la antesala, porque el abogado querellante Miguel Palazzani pidió su detención, al considerarlo "partícipe de los delitos" que se juzgan.
El abogado defensor Hernán Vidal pidió, a su vez, que la solicitud fuera rechazada. El Tribunal informó que analizaría el pedido, dio por terminada la audiencia y ordenó que el testigo se marchara.
Gauna había sido mencionado (él o Gualpas, según Barabaschi, ex detenida) como uno de los uniformados que "interrogaban". Ayer mismo, otra testigo, Marta Flores, presentó un manuscrito donde se lo apuntaba entre los torturadores

Buena parte de la declaración del ex policía discurrió en torno a su condición de ex boxeador. Palazzani recordó que varios testimonios habían dado cuenta de que un policía golpeaba a las víctimas con guantes de box. Gauna contó que practicó ese deporte hasta el año '62, pero negó haber participado de golpizas a presos políticos. Lo hizo cuando el juez Triputti le preguntó, directamente, si lo había hecho. Ante otra pregunta, Gauna, riendo, respondió: "Esos guantes no eran los míos". Triputti lo reprendió por sonreír.
Sobre su trabajo en la Primera, "siempre de día", el comisario aseguró que estaba acotado a los presos comunes, no a los de la Subzona 14. Dijo que su jefe era el subcomisario Guevara Núñez y negó haber escuchado gritos de dolor, las pocas veces que trabajó de noche. Indicó que los que podían escucharlos eran los oficiales de la Guardia, aunque admitió que esa oficina estaba más lejos de la escalera que su lugar de trabajo. Cuando Palazzani le marcó la contradicción, argumentó que escribía a máquina y con la puerta cerrada.
Gauna era jefe de la Comisaría de Jacinto Arauz cuando se desarrolló el operativo de detención de los docentes del Instituto José Hernández. En este caso también desligó su responsabilidad. Dijo que del operativo ni siquiera le habían avisado y que, cuando llegaron los policías y soldados, el oficial Constantino le ordenó que cortara algunas calles, que "ellos" harían "el resto".
Después, recordó, participó en los rastrillajes que se realizaron en algunos campos y caminos de la zona, luego de la fuga de unos de los detenidos (Guillermo Quartucci) que estaba alojado en el Puesto Caminero. Uno de los defensores le recordó que en 1985, ante un Tribunal Militar, había declarado que el coronel Fabio Iriart dirigió el operativo en Arauz. Al tomar vista de aquella declaración, el testigo reconoció sus dichos y su firma.
Cuando le preguntaron si había declarado en el sumario administrativo que realizó el gobierno provincial en 1984, afirmó que había declarado en Casa de Gobierno ante el inspector Timoteo Trouilh y que nunca más lo volvieron a llamar.

Abren investigación contra el comisario Gauna

El Tribunal Oral Federal resolvió abrirle una investigación al comisario retirado Miguel Gauna, por partícipe necesario en las violaciones a los derechos humanos que se investigan en el juicio de la Subzona 14.

Gauna es uno de los policías que fueron mencionados en el sumario administrativo abierto en 1984, pero su caso no llegó a la Justicia junto al resto de sus colegas. Por eso desde entonces sobrevuela la sospecha de que su exclusión del sumario fue obra de quien llevaba adelante la investigación: el asesor letrado Juan Carlos Tierno. Gauna cumplía funciones como comisario de la Seccional Primera cuando debió intervenir en un expediente que acusaba al entonces funcionario de supuestos golpes contra una mujer, y que poco después "desapareció". Las presunciones hablan de un supuesto cruce de favores entre ambos.

De igual modo el Tribunal Oral Federal ordenó investigar por el delito de partícipe en los hechos que se investigan al médico policial durante la dictadura, Máximo Pérez Oneto, y por el delito de falso testimonio por reticencia el ex policía Rubén Alberto Toldo y el comisario retirado Juan Domingo Gatica.

Precisamente este último fue el primer testigo de la causa de la Subzona 14 en quedar detenido para ser indagado por el juez federal Pedro Vicente Zabala, y tras ese trámite fue puesto en libertad. La detención del comisario, más allá de sus "lagunas", pareció una advertencia indirecta del TOF a los testigos. Un mensaje implícito de que deben declarar realmente lo que pasó durante la dictadura.

Por su parte, la celadora de la Seccional Primera, Elsa Flach, tras una primera declaración confusa y basada en el “no me acuerdo”, tomó conciencia con la advertencia del Tribunal de que podía quedar detenida por falso testimonio, y al regresar admitió las torturas a Barabaschi y admitió que a su modo de ver la radio se ponía fuerte por la noche “porque estaban haciendo cosas que no debían hacer. Había personas torturadas. Lo supe por comentarios. Nosotras teníamos a detenidas torturadas”, recordó.

"Cuando volví, mi hijo no me reconoció"

2010-11-01T13:57:00.000-07:00

Santiago Covella, ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de José Regazzoli, relató las golpizas que recibió y la aplicación de la picana en su cuerpo.
"Tenía las manos esposadas atrás cuando me sentaron. El interrogatorio consistía en preguntas de respuestas triviales. Si conocía a Regazzoli, a Matzkin (ex ministro de Economía). Nombres y apellidos repetidos. En ese interrogatorio me pegó una persona baja, robusta, con guantes de boxeo. Y otra persona que hacía como de fiscal con voz aguda que acusaba. Y otro que donde tocaba, me pegaban allí", relató.

"Yo había practicado boxeo y sabía endurecer los músculos del estómago y el abdomen. La persona que golpeaba dijo 'este no afloja, es duro', y el que hacía de fiscal dijo 'lo vamos a ablandar' y me dieron un puntapié violento y luego se extendieron las patadas por horas", recordó.

A la semana siguiente, otra vez en la Seccional Primera, la tortura duró “de un miércoles a un viernes. Me sentaron en un banquito bajito. Me esposaron y llegó el mayor (Luis) Baraldini, me interrogó. Si bien estaba encapuchado, yo lo había tratado y supe que era él. Empezó a decirme si estaba cómodo, si tenía noticias de mi familia, que hacía 37 días que no la veía. Y si sabía algo del incendio del aeródromo de Pico" en el que había muerto un policía. "Llegó una persona grande y dijo 'estos son los hijos... que tiraron la bomba incendiaria en el aeródromo', y Baraldini le dijo 'retírese'. Quedé solo y llegó alguien y me dio un golpe en la cara que me dejó obnubilado, y empezó otra fiesta de tormentos", dijo.

"Recibí descargas eléctricas, golpes, insultos de todo tipo. Me quedé ahí, estaba con todo hecho encima y hasta me había vomitado. No podía mover nada, ni hablar". Me hacían gritar ‘Viva la virgen’ mientras me picaneaban. El viernes llegó otro grupo que me empezó a golpear. Me dejaron la marca de la picana en el saco escrotal, con una dificultad en el esfínter, no sé con qué me dieron pero me produjo una hemorragia. Tuve imposibilidad de tragar, que me hizo perder 17 kilos", contó.

El 9 de septiembre de 1976, fue trasladado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a la cárcel de Rawson, en Chubut. Todavía tenía las marcas de las torturas encima. "No lo puedo superar. Cuando veo películas de violencia caigo en estado de pánico", afirmó y rememoró que en abril de 1977, cuando volvió de Rawson, "mi hijo menor no me reconocía, cuando me fui tenía 5 años. Ese es otro trauma que me quedó. Yo creo que todavía no lo supero".

Covella no pudo identificar a sus torturadores, ya que siempre estuvo con su rostro cubierto por una capucha. Pero hizo referencias a quiénes pudieron llegar a interrogarlo, como Fiorucci y Greppi, con quienes se ha cruzado luego en diferentes circunstancias. También recordó que en los interrogatorios participó un civil que era docente en la UTN de Pico, ya que "le daba letra" a los policías para que le preguntaran sobre hechos ocurridos en esa Facultad.

También relató que "durante el gobierno de Rubén Marín se requisaron todas las picanas de esa época. “Yo las vi. Tenían una punta". Aunque no dio más detalles.

Hubo dos momentos en que Santiago Covella se dirigió a los acusados. Cuando terminó de relatar las torturas que padeció en la Seccional Primera reclamó: "Que los señores que actuaron aporten algo" y se preguntó "tengo la incógnita como una persona puede secuestrar, torturar y martirizar a otra persona que no conoce, que no sabe lo que piensa. ¿Cómo se degrada tanto la humanidad?".

También le pidió en otro pasaje de su declaración a Fiorucci, mirándolo: "Oscar, te pregunto a vos, por qué me detuvieron".

Un médico que calla más de lo que dice

2010-11-01T13:46:00.000-07:00

Máximo Pérez Oneto, el médico de la Policía provincial durante la dictadura militar y que está sospechado de haber colaborado con las torturas cometidas por el grupo de tareas de la Subzona 14, trató de despegarse de cualquier relación con los ex oficiales de la Policía acusados de secuestros y torturas y afirmó que “nunca” vio “un torturado en la Seccional Primera”.
Citado de urgencia ante el pedido del abogado querellante de que fuera detenido en forma inmediata en función de todos los testimonios que lo mencionan como colaborador de los represores, Oneto aseguró que durante la dictadura se "limitaba" a "revisar a detenidos, a los que requirieran asistencia médica o se la solicitaran a él" a través del comisario o del jefe de guardia. "Mis tareas fueron pura y exclusivamente desde el punto de vista médico", resaltó y agregó que todas la revisaciones las volcaba en un libro de guardia y que recibía órdenes del jefe de la fuerza, Baraldini, y del subjefe, Roberto Constantino.

Su testimonio será recordado por otras dos frases en las que se resguardó en todo momento de hablar más de la cuenta: "No recuerdo" y "No tengo presente". Pero la que resultó poco creíble y en la que hicieron luego eje los querellantes y los jueces fue: "Nunca vi un detenido golpeado o torturado. Ni nunca ningún detenido me dijo que había sido golpeado o torturado en toda mi vida de médico policial".
Afirmó además que en los primeros años del Proceso trabajó por un momento solo y luego fueron tres los médicos: él, Juan Héctor Savioli y Miguel Aragón. Su tarea, según sus dichos, "siempre fue matutina", "no subió a la planta alta" de la Seccional donde se torturaba y no se hacía una distinción entre los detenidos comunes y los de la Subzona 14.
Las preguntas comenzaron a dejar al desnudo lo que el declarante intentó ocultar con algunas frases preparadas. Fue interrogado si sabía que era la Subzona 14. "Todo el mundo sabía eso", dijo, pero enseguida aclaró "no sabía para qué estaba".
Fue consultado sobre si sabía el motivo de la detención de alguno de los detenidos que atendía o si alguno le había manifestado que había sido golpeado, Pérez Oneto indicó que "yo nunca preguntaba nada".
Le mencionaron a varios ex detenidos que fueron torturados como Rodolfo De Diego, Larrañaga, Raquel Barabaschi y Clemente Bedis, a los que no recordó. Sí lo hizo con Justo Ivalor Roma, Mireya Regazzoli y Héctor Zolecio. Del primero no evocó por qué lo había atendido, y aseguró que había fallecido -está vivo-; y de Zolecio que lo atendió porque tenía dificultades para deambular en la Seccional Primera y que lo trasladó al hospital, lo que "me agradeció siempre".

Pérez Oneto si recordó cuando el juez Coscia le mencionó la declaración de la mañana de Larrañaga, en la que dijo que lo había visto en el primer piso de la Seccional y de que ambos habían sido vecinos de la infancia. "Sí, ahora lo ubico, por el nombre no lo ubicaba", afirmó el profesional. Aunque nuevamente se excusó sobre su estado: "Yo he visto tantos (detenidos), y cientos de pacientes".

En un momento el juez Tripputi le consultó por qué pasaron hasta ahora frente al tribunal varias personas que denunciaron torturas, pero en las copias de sus dictámenes Pérez Oneto sólo colocaba "sin novedad" a su estado de salud. “¿Cómo pudo pasar por la Seccional Primera y no haber visto nada?", le dijo, y el médico ahí sí llegó a reconocer su firma en uno de los informes elevados al mayor Baraldini en el que figuran Nery Sanders de Trucchi y otro detenido que habían sido torturados. En ambos, incluidos en el sumario administrativo de 1984, ambos figuraban con el clásico "sin novedad".

Testigo incriminó a más ex policías

2010-10-31T02:26:00.001-07:00

Norberto Flores recordó cómo detuvieron a su padre, Julián Flores, quien, según le testimonió, fue torturado con golpes y picana por el grupo de tareas de la Subzona 14. Incluso leyó un escrito que pertenecía a su padre, fallecido en 1996, donde daba los nombres de los torturadores.

En el listado leyó los siguientes apellidos: Constantino, Aguilera, Fiorucci, Guevara Núñez, Gauna, Reta, Escalada, Ochoa (los hermanos), Smith, Oficial Giménez y Reinhart. Referido a ellos, leyó una frase textual del manuscrito de su padre que rezaba: "Ese personal de policía debería estar preso por sus buenas condiciones de torturadores". El testigo entregó una copia del manuscrito al Tribunal.

Recordó que él fue llevado a la Jefatura de Policía junto a su padre, pero que una vez ahí, Reta le comunicó que podía irse. En cambio, le dijo que su padre debería permanecer para responder algunas preguntas. El testigo, que entonces tenía 36 años, recordó que pasaron 14 días hasta que volvieron a ver al padre.

Julián Flores era jefe del Registro de la Propiedad Automotor de la provincia y, a su vez, un conocido militante peronista en La Pampa. Ante una pregunta del abogado querellante Miguel Palazzani, respondió que su progenitor era amigo de varios funcionarios regazzolistas, los cuales "pudieron haber estado detenidos junto a él".

Recordó que las secuelas que le dejó la tortura a su padre fueron una costilla rota y los testículos "secos" por la picana. Por esto último realizó un tratamiento médico. El Tribunal le consultó si consideraba que la muerte de su padre, en 1996, estaba vinculada con aquellos padecimientos, a lo cual respondió que se debió a un paro cardíaco.

“Atado a un auto y arrastrado”

2010-10-31T02:23:00.001-07:00

La testigo Marta Flores entregó al Tribunal el manuscrito original que su padre, Julián Flores, fallecido en 1996, escribió tras su detención en la dictadura (se lo someterá a una pericia caligráfica), donde detalló los nombres de los que consideró sus "torturadores": Constantino, Aguilera, Fiorucci, Guevara Núñez, Gauna, Reta, Escalada, los hermanos Ochoa, Smith, Giménez, Reinhart y Malagueño.
Su hija, recordó que a su padre lo sometieron a golpizas (una costilla fracturada), picana y otro muy particular: "Me dijo que lo ataron al paragolpes de un auto, junto con (Clemente) Bedis, y los llevaron a dar la vuelta alrededor de la Primera". Lo "interrogaban" sobre los campos y las vacas de Regazzoli.
Por su parte, Carlos Ghezzi, que estuvo preso 3 años, 5 meses y 15 días relató que le “vendaron los ojos, me ataron las manos en la espalda y en el primer piso de la Seccional Primera empezaron a golpearme en el estómago y a picanearme sin decirme nada. Me ponían algo húmedo en el cuello y en el estómago. Después sí me preguntaron por mi vida universitaria en el '75, ya que participaba de una agrupación (Faudi, ligada al Partido Comunista Revolucionario) opositora al golpe de Estado", recordó.
"A la tarde volvieron a interrogarme, aunque sin vendarme. Dos civiles, que se presentaron como el jefe y el subjefe de la Policía, creo que uno era Baraldini, me amenazaron con que vendrían otra vez los de la SIDE de la mañana si no hablaba. Al rato cumplieron, porque volvieron a picanearme. El torturador ponía los cables sobre una toalla y la iba corriendo de lugar para no dejar marcas en el cuerpo. El segundo día, el que parecía el jefe del grupo, Fiorucci, me dijo mientras me apoyaba una pistola en la cabeza: 'a vos no te tengo miedo, te voy a hacer cagar'. Yo le respondí: 'si sos tan asesino, tirá'. A Fiorucci lo había visto servil y genuflexo frente al jefe y al subjefe, cuando hasta se ofreció para pegarme. Lo trataron como a una basurita (sic) y se fue al rincón diciendo sí señor, sí señor...", afirmó.
Tras ser trasladado a La Plata, en diciembre de 1977 le iniciaron un juicio del que fue absuelto. De ese momento destacó al abogado Emir Di Nápoli por ayudarlo cuando era "muy difícil defender a un preso político" y recordó “una paliza tremenda” que allí le pegaron al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
"Estos monstruos no me deben nada a mi, puedo mirarlos a los ojos porque soy una persona decente. Nadie puede hacer lo que hicieron impunemente, ellos son los que torturaban a los vecinos de su propia sociedad. A nuestros hijos y nietos hay que enseñarles qué es ser honesto, decente y tener dignidad. Esta gente no la tiene. Se puede esperar mucha más dignidad de las prostitutas que llegaron a darme ánimo, y hasta un cigarrillo en la Seccional Primera, que de ellos", concluyó.
Quienes no podrán presentarse son otros 12 testigos, entre ellos tres de las 28 víctimas de la causa: Dully Girard de Villarreal porque vive en España y tiene problemas con su documentación, Olga Edith Juárez porque falleció (había identificado a Carlos Reinhart como quien picaneaba) y Gerardo Cansen, quien vive en Uruguay y no fue localizado.
Los otros que no testificarán serán el ex juez federal Juan de Dios Uncal, Alicia De Diego y Florencio Tancoff por cuestiones de salud; Héctor Oveseika, Pablo Viguera y el policía Humberto Gorozurreta porque murieron; Valentín Bosch y Juan Brower de Koning porque residen fuera del país y Horacio Ballesteros porque no fue ubicado.

"Me pegaron con los guantes de boxeo"

2010-10-31T02:19:00.000-07:00

Rosa Audisio fue detenida el 25 de marzo de 1976 en su casa de General Pico, mientras dormía, en un operativo que parecía destinado "a 10 o 15 personas" por la cantidad de militares y armamentos. Al otro día fue trasladada a la Seccional Primera de Santa Rosa junto a otras estudiantes de la Universidad Tecnológica (Raquel Barabaschi, Zelma Rivoira, Rosalind Gancedo). El primer día compartió la celda junto a Zelmira Regazzoli, hasta que en un momento fue retirada porque (el jefe de Policía, Luis) "Baraldini y el obispo vinieron a visitarla" a la hija del gobernador derrocado.

Audisio relató que todas las noches durante 4 ó 5 horas se escuchaban "gritos y ruidos" provenientes de arriba y que una noche una celadora la trasladó al primer piso con los ojos vendados con "una camisa roja" propia y esposada por la espalda. "Subí la escalera, entré a un cuarto y no vi nada. Noté que habría seis u ocho personas y una luz muy fuerte, como un resplandor. Me pareció como que hacían ostentación de armas, colocándolas arriba de una mesa o escritorio, y alguien que me tiraba el humo del cigarrillo en la cara".

"El interrogatorio fue incoherente -indicó-. Me preguntaban por dónde estaban las armas, por cómo habíamos matado al sereno del aeroparque de Pico... Se ve que como no entendía hice una mueca que pudo asemejarse a una sonrisa. Ahí fue cuando recibí muchos golpes en el estómago dados con guantes de boxeo. También me amenazaron con que podía aparecer en un zanjón, ir a una cárcel de Chaco o que algo les pasaría a mis familiares. Hasta que alguien dijo 'dejala, ya va a decir en la próxima’”, rememoró.

Entre los interrogadores uno tenía "un timbre de voz distinto, parecido al de un profesor de la universidad". Las celadores le dijeron que Fiorucci era el que golpeaba. Audisio contó que cada noche vivía “la sensación de que podía repetirse" y recordó ver a Barabaschi "muy golpeada". También que le decían que "podía pasarme lo mismo que ella por lo de la picana". Durante los 15 días que permaneció detenida ilegalmente durmió permanentemente vestida y no pudo bañarse.

Un día, junto a Gancedo, les dijeron que se iban. "Baraldini nos hizo firmar unos papeles y nos dijo que debíamos callarnos y olvidarnos de todo, que a partir de ese momento nuestras vidas cambiarían, que no podía volver a la facultad y que cada vez que quisiera salir de General Pico debía avisar en la comisaría". Agregó que "no había ninguna lógica" porque ella pudo seguir cursando en la UTN y otras compañeras no.

“Los aullidos de dolor eran desgarradores”

2010-10-20T00:07:00.000-07:00

Otra de las ex alumnas de la Tecnológica que declaró fue Graciela Espósito, quien dijo que los represores “no estuvieran” en la sala. Fue la primera mujer que llegó a las celdas de la Seccional Primera de Santa Rosa. Allí estuvo durante 14 días y supone que por algún contacto sus tíos de la capital supieron donde estaba y le llevaron provisiones. Luego llegaron Gancedo, Rivoira, Barabaschi y Audisio, entre otros.

La mujer contó que no la torturaron y que sólo la interrogaron una sola vez. Ella fue detenida apenas producido el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 cuando estaba en la casa de Ricardo Calvo junto a Walter Neher y Carlos Llinás. "Fue un operativo impresionante, intimidante, con tanquetas y ametralladoras. Lo detuvieron a Calvo, nos preguntaron el nombre, miraron una lista, y nos dijeron vengan", afirmó Espósito.

"Yo estaba muy mal, lloraba mucho, tenía miedo de noche, porque era difícil por las torturas, los aullidos de dolor eran desgarradores. Estar de noche ahí escuchando como torturaban era muy difícil", afirmó, y recordó que eso la llevó a pedir somníferos para poder conciliar el sueño.

"Apareció un médico a verme, estaba con Baraldini, este doctor iba por Mireya y averiguó quién era mi familia y me atendió. Era (Juan Héctor) Savioli, y me dio pastillas para dormir. Savioli pasaba, no diariamente, pero sí pasaba", recordó.

Espósito al salir quedó con libertad vigilada en la localidad donde vivía su familia, Quemú Quemú, no pudo seguir sus estudios, se quedó sin trabajo y debía avisar cada vez que se iba de la localidad. "Cortaron una vida", dijo. Aunque años después pudo recibirse de docente.

El obispo Arana retaba a los torturados

2010-10-20T00:00:00.000-07:00

La ex alumna de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico, Rosalind Gancedo reivindicó la militancia social en esa casa de estudios. Le apuntó a cuatro de los acusados: Fiorucci, Cenizo, Aguilera y Reinhart, y además confirmó que el entonces obispo Adolfo Arana estuvo dos veces con ella en su celda.

Gancedo recordó que su primera detención se produjo en enero de 1975. “Fuimos perseguidos e intimidados en General Pico, tanto en la facultad, en la calle o en mi propia casa. Fui detenida por la policía de Pico a la que acompañaba en el patrullero (el entonces diputado nacional del PJ) Carlos Aragonés. Dijo 'esta persona es de la facultad, hay que detenerla'. Me subieron al auto y me llevaron a la comisaría por alterar el orden público y el buen nombre de las personas, y se refería a él (por Aragonés)".

Relató que el 24 de marzo del 76 fue nuevamente demorada junto a sus hermanos y Raquel Barabaschi (con quienes vivía) durante algunas horas en la Seccional Primera piquense. Regresó a su casa, pero durante la noche fue nuevamente apresada, y esta vez su destino fue Santa Rosa. Fue llevada junto a Zelma Rivoira, Rosa Audisio y otros detenidos en un camión del Ejército hasta la Seccional Primera de Santa Rosa y alojada en una celda junto con Mireya Regazzoli.

"Antes de mi primera declaración recuerdo que ingresó Fiorucci con el obispo de La Pampa, me preguntó qué es lo que necesitaba. La libertad, le dije. Y me dice que si me hubiera portado bien no estaría en esa situación". Días después, cuando ya la habían interrogado, Arana volvió a la celda, pero no quiso hablar con él.

"Me lleva una celadora, Elsa, a una oficina chiquita, me coloca las esposas y me venda. Me deja en una habitación, parada. Nadie se me acerca, hasta que luego de bastante tiempo preguntan en tono amenazante por libros marxistas, por mi ideología marxista-leninista, me dicen que no somos personas, que yo no era mujer. Eran preguntas incoherentes, y me decían que ya habían confesado Raquel, Rosa, mi hermano".

"Eran ocho personas, porque había voces diferentes y pasos. La persona que me hablaba, me tiraba el aliento sobre la cara, en la venda, tenía olor a whisky, un olor desagradable. Me apuntan un arma en la cabeza y me empezaron a preguntar otra vez por las armas. El que tenía olor a whisky y voz fina, ahora sé que es Reinhart", dijo Gancedo.

"Yo contestaba sin miedo al principio, pero este Reinhart se me puso muy cerca y me dice mirá que nosotros te podemos matar, y me pusieron el arma en la cabeza. A partir de ahí comencé a tener miedo", declaró. La mujer afirmó que no le pegaron ni la picanearon.

El fiscal Bonvehí no acusará por hechos anteriores al golpe

2010-10-19T23:55:00.000-07:00

La decisión ya está tomada, aunque no fue hecha pública. El fiscal Jorge Bonvehí acusará a los imputados de la Subzona 14 sólo por los hechos ocurridos a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, pero no por los delitos que pudieron haber cometido anteriormente, durante el tramo final del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Su argumento será, cuando a mediados de diciembre se escuchen los alegatos, que tiene que centrarse exclusivamente en los hechos que figuran en la acusación efectuada por el fiscal porteño Federico Delgado y que fue leída en el inicio de las audiencias. "No puede hacer otra cosa porque los represores han sido indagados por lo que ocurrió desde esa fecha en adelante", acotó la fuente.
Delgado, que redactó la acusación el 19 de diciembre de 2006, no la circunscribió exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarcó que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.
Entre las 28 víctimas de la causa hay tres que sufrieron detenciones y tormentos antes del golpe. Todas son mujeres: Ana María Martínez, Dolly Girard de Villarreal y Raquel Barabaschi. Pero además de las víctimas hubo testigos que involucraron a algunos de los imputados en hechos previos al quiebre institucional.
¿Qué puede hacer el tribunal si la fiscalía no acusa por los hechos anteriores al 24 de marzo? Lo poco que trascendió es que los jueces han escuchado atentamente los relatos y que se han interesado en lo que pasó antes.
Ahora bien, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, basada en el caso Tarifeño del 28 de diciembre de 1989, indica que si un fiscal no acusa al imputado durante el debate oral y público, éste no puede ser condenado. Bajo esa mirada, el Tribunal Oral Federal debería centrarse exclusivamente en juzgar los hechos que fije Bonvehi.
Como seguramente las querellas incluirán en la acusación lo sucedido antes del golpe, la respuesta final sobre los alcances del juzgamiento quedará exclusivamente en manos de los jueces José Mario Tripputi, Mario Armando Márquez, y Eugenio Krom.

Se abre otra causa por abusos en la Subzona 14

2010-10-19T23:49:00.000-07:00

La fiscal federal de Santa Rosa, Marta Odasso, decidió iniciar una causa de oficio por el caso de Stella Maris Barrios, quien reveló durante el juicio de la Subzona 14 que fue abusada sexualmente durante su traslado desde General Pico a Santa Rosa. La funcionaria judicial, tomando como base lo publicado en los medios, pidió la desgrabación del testimonio de la mujer para investigar así la detención ilegal, las torturas y el abuso de los que fue víctima.
Barrios fue detenida en abril de 1976 y en el juicio contra los represores pampeanos declaró como testigo. Su testimonio fue estremecedor y también inédito, porque nunca había contado públicamente lo que le ocurrió. Dijo que le daba "miedo y vergüenza" sacarlo a la luz, y que lo tuvo "guardado mucho tiempo" por respeto a su madre, Nery Greta Sanders de Trucchi.
El abogado querellante Miguel Palazzani había pedido que se iniciara una causa de manera inmediata, pero el Fiscal de Cámara, Jorge Ernesto Bonvehí, se opuso. ¿Por qué? Aseguró que sería "dispersar esfuerzos" y pidió esperar la conclusión de las
Su caso no está entre los 28 hechos que se investigan en este proceso penal, por lo que se trata de la primera causa derivada de los hechos que se ventilan durante el juicio actual.

"Reinhart tomaba whisky para torturar"

2010-10-12T02:38:00.000-07:00

"Todos los que están aquí torturaron... y faltan algunos". Con esa respuesta Zelmira Mireya Regazzoli involucró a los nueve imputados de la causa de la Subzona 14, a Greppi, Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Reinhart, Yorio, Cenizo y Marenchino. También sumó a otros dos policías, Oscar "Miseria" López y Dionisio Gualpas, que no están involucrados en la investigación penal.

Zelmira, o Miyi, era la hija del gobernador José Aquiles Regazzoli cuando el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe. Ella estuvo detenida ilegalmente en la Seccional Primera, en la Brigada de Investigaciones y en la cárcel porteña de Devoto. En 1977 resolvió irse del país, cuando una vez liberada y regresada a Santa Rosa, el militar Juan José Amarante le dijo: "Seguí así, que el Río de la Plata es ancho y negro". Por ello, en su testimonio preguntó varias veces porque Amarante no es juzgado. Le dijeron que murió. Igual habían sido beneficiado con la falta de mérito.

Reveló un detalle curioso: "Yo era docente en el bachillerato nocturno y cuando me ingresaron a la Seccional Primera encontré a alumnos a los que la noche anterior les había dado clase", como el caso de Yorio y un tal "subcomisario Martiní". Respecto a dorio contó que un día éste le preguntó socarronamente "¿cómo le va profesora?" y ella respondió "a mi muy bien". El retrucó: "No se olvide que está presa". "Le recordé que le había enseñado que ni los barrotes ni las puertas pueden encerrar los pensamientos. Pero ellos no escatimaban momentos para hacerle sentir a uno dónde estaba", remarcó.

Ella no fue torturada, pero fue obligada a ver sesiones de torturas y "manoseos" en la Primera. "Fue una masacre. ¿Por qué me hicieron eso? Para intentar quebrarme", afirmó. También contó que, a través de sus padres, le pidió al obispo Adolfo Arana que frenara los tormentos. No tuvo respuesta.

Respecto a esas torturas contó como una noche vio que a Clemente Bedis y Julián Flores "los ataron al paragolpes de un auto y los llevaron a dar una vuelta alrededor de la comisaría. Aún hoy escucho sus gritos penetrando en mis oídos. Los habían arrastrado y, encima, después los torturaron", agregó que “con (Raquel) Barabaschi se ensañaron, querían que ella, (Rosa) Audisio y una tercera estudiante confesaran un crimen cuando la verdad era que el sereno del aeropuerto que se está construyendo en General Pico estaba de copas, se le cayó un calentador y se incendió el lugar".

"Hasta el día de hoy no puedo olvidarme al Cholo (Santiago) Covella, semejante hombrón (sic), chorreando sangre y a (el policía Ramón del Valle) Carra baldeando la comisaría". Y de Hermes Accátoli y Roberto Gil expresó que "eran albóndigas sangrantes de tanta picana". En ese listado de víctimas incluyó a Nery Greta Sanders de Trucchi, Avelino Cisneros y al fallecido Justo Ivalor Roma.

"¡No puedo decir cómo torturaban a (Héctor) Zolecio! Volvía ensangrentado -acotó-. ¿Por qué lo hacían? Porque querían saber de las vacas y los campos de mi padre. Por eso nunca lo voy a perdonar a (Roberto) Fiorucci. El vivía a la vuelta de mi casa y sabiendo que no teníamos ni vacas ni campos le preguntaba por eso. Fue una constante en los interrogatorios. También le preguntaban dónde estaba un documento. Ni yo supe decirle a Zolecio de qué documento hablaban. Hace un año supe que se trataba de un mástil de oro de tres kilos de una colecta en el 53 o 54 para hacerle un monumento a Eva Perón. Los militares se lo terminaron robando", indicó.

Sobre Reinhart la ex embajadora lanzó una frase impactante: "Para nosotros siempre fue Reinar (sic), resulta que ahora es Reijnart (arrastrando la jota). Reinhart se daba fuerza para torturar tomando whisky".

Más adelante en su relato, recordó que “en General Pico, un grupo de abogados prometió que pagándoles 2.000 pesos nos sacaban de la cárcel. Nadie pagó, excepto una persona que quedó libre" y recordó que n un momento por problemas de salud debió ser atendida; pero no la trasladaron al hospital ni a las clínicas privadas porque "hubiera sido un escándalo" tratándose de la hija del gobernador. La derivaron a la Unidad 13. "No tenía una sola parte del cuerpo sin moretones. Había perdido 10 kilos en cinco horas", detalló. Ricardo Felgueras (médico y luego diputado nacional del radicalismo), un amigo suyo, no la quiso recibir. "Llorando le dije: Coco, recibime, porque ahora se acaban las torturas". Y la recibió.

Mireya habló de su salida de Devoto, "éramos 28 mujeres y el agua caliente alcanzaba para siete; si alguien cree que eso no es una tortura, que la vaya a pasar", argumentó, y agregó que el día de su liberación la pasearon toda la madrugada en un vehículo. Ella sólo llevaba una Biblia. Padeció tres simulacros de fusilamiento. Al final la dejaron llamar a un amigo de Buenos Aires y la subieron a un taxi ("pensé que me habían boleta"). Como vio el decreto con su orden de libertad y en el mismo texto aparecía el nombre de Nelson Nicoletti, le avisó a su marido, Víctor Vlasich, para que los familiares del periodista vayan a buscarlo al penal de Rawson.

Sobre las torturas a su hermano, recordó que a él “le pegaron tanto, tanto" en los 35 días que estuvo detenido, y señaló como sus golpeadores a Cenizo, Gualpas y "El Miseria" López. “Estaban todos, y algunos faltan. Aguilera se me acercó y sentí su aliento en la nuca. Me dijo: "qué linda que estás". Todavía hoy se me revuelve el estómago.

Asimismo, en una parte de su testimonio, Regazzoli indicó que “los militares no salen a hacerse cargo de un gobierno si los civiles no van a golpear las puertas", y entregó al tribunal una copia del decreto reservado 76 del 6 de abril de 1976, en el que se nombra al actual gobernador Oscar Mario Jorge como director del Banco de La Pampa, apenas 13 días después del golpe militar que derrocó a su padre en la gobernación. También incluye otras designaciones.

"Jorge había sido contador general de la Gobernación y Molteni, ministro de Gobierno, y el 6 de abril ya estaban jurando por el Proceso de Reorganización Nacional", remarcó indignada la testigo y agregó que el entonces vicegobernador Ruben Marín “se reunía con Camps”.

Cuando regresó a Santa Rosa a fines de 1976, le ordenaron presentarse ante el jefe de la Subzona 14, Fabio Iriart, quien abrió un cajón, le mostró cuatro carpetas y le dijo que leyera. "Estaban las cinco firmas que llevaron a mi detención porque según ellos era una guerrillera peligrosa (sic). Yo las conocía. Eran reales, no falsificadas". ¿Los nombres? María Elena Torales, la tía Nené (asesora política del gobierno regazzolista), Rubén Hugo Marín (vicegobernador), Carlos Aragonés (diputado nacional), Ricardo Telleriarte (futuro gobernador del proceso militar) y Ricardo Enrique Del Blanco (diputado provincial).

"Nunca entendí lo de la tía Nené y lo del Del Blanco. Tampoco lo de Telleriarte, porque éramos compañeros en el bachillerato nocturno y nuestro hijos iban juntos al colegio. Y Marín, tanto daño le hizo a la familia...No pudieron ser tan irresponsables. Camps se reunía semanalmente en la Legislatura con Marín, Aragonés y Torales. Ellos proporcionaron los nombres de quiénes debían ir presos. Algunos se salvaron, como (Oscar) 'Sangre' Santamarina y La Negra Alvarado", acusó.

"Los civiles fueron tan responsables como los militares y esta cúpula policial que fue entrenada para torturar, vejar y amilanar a los funcionarios del gobierno de mi padre", concluyó, una denuncia sobre los colaboracionistas civiles que ella misma ha presentado en la justicia federal porteña. La causa abierta que está a cargo del juez Daniel Rafecas.

El testimonio que impulsó la causa

2010-10-12T02:30:00.000-07:00

El testimonio de Raquel Barabaschi, estudiante de la Universidad Tecnológica de General Pico cuando fue detenida en 1976, tuvo por un lado el tono calmo sin rencor de la víctima, pero a la vez la fuerza del alegato de una militante que desde 2004 impulsó la causa que finalmente llegó al juicio.
Barabaschi relató sus detenciones en diciembre de 1975 y en marzo del 76. De la segunda, indicó que a los pocos días del golpe militar fue apresada y subida a una camioneta junto a José Brinatti, Victorino García y otras compañeras de la UTN y trasladada a la comisaría de Pico. "A la noche comenzaron a llegar más detenidos, mis otras compañeras y compañeros de Facultad”. A las pocas horas fueron llevados a la Seccional Primera de Santa Rosa.

"Estuve un día en una celda con Rosa Audisio y Mireya Regazzoli, y luego me llevaron a una oficina que no tenía ventanas ni colchón y tenía que dormir sentada", indicó. Allí recordó haber visto a una mujer de apellido Rodríguez que estuvo unas horas en esa oficina y que estaba "muy maltratada", y al ex ministro de Obras Públicas, Santiago Covella, al que observó muy golpeado. "Se escuchaban a la noche muchos ruidos, llantos y gritos de horror, y yo no podía comprender qué pasaba. No se podía dormir", dijo.
Después vino el terror. "Una noche llegó la celadora Nilda Storck con un paño negro acompañada de un oficial o policía de apellido Gualpas o Gauna. Me esposan, me sacan y suben por una escalera a la planta alta. Me paran en un cuarto y sin decir palabra me dan una fuerte trompada en el estómago y hacen que me caiga. No podía defenderme. Me levantan, me sientan y me ponen las esposas por detrás rodeando la silla. Me interrogaron una hora y media o dos esa vez. Dentro de la oficina había entre ocho y diez personas porque había distintas voces y pasos. Y me empiezan a preguntar a qué célula montonera pertenecía, sobre los jefes, de las armas. Me apoyaron una pistola en la sien y jalaron el gatillo", relató.
"Me dijeron si conocía la picana, ya que no quería hablar. Era la voz de (Carlos) Reinhart, pude reconocerla porque tenía voz de pito y la había escuchado antes. 'Ahora la vas a conocer', y siguieron preguntando cosas incoherentes, por los libros, los compañeros. Pude saber que estaba medio oscuro, que había una lámpara y se escuchaba una música sacra que salía de un wincofón. Ahí conocí lo que era la picana. Había un ruido como una soldadora eléctrica. Antes recuerdo que tenía un pantalón de jean y una camisa blanca. Me desprendieron los botones y el corpiño y me comenzaron a manosear. Me tomaron el cierre del pantalón y empecé a temblar, en ese momento escucho: 'Esta es tortillera'. Y pararon el manoseo, tenía 20 años y no sabía el significado de esa palabra. Esta gente es homofóbica y tal vez por eso no me violaron", comentó ante el tribunal.
"Donde primero me aplican (la picana) fue en el hierro de las esposas y se me transmitió la corriente a todo el cuerpo. Luego en los ojos, por lo que por mucho tiempo quedé con deficiencia para abrir el ojo izquierdo. También en la boca, me abrían la boca y me daban en los dientes, la lengua. Sentía que me moría. Y luego en los pechos. Después cuando me llevaron a la oficina no podía reconocer mi cuerpo, estaba con los pezones destrozados y sin poder aliviarme, sólo contaba con mi saliva porque no me podían dar agua", rememoró.
No fue la única vez que la torturaron. Barabaschi relató que fueron al menos cuatro sesiones. Posteriormente fue llevada a una celda donde quedó sola, aunque en el pabellón estaban Graciela Espósito, Rivoira, Audisio y Gancedo. Estas dos últimas por señas llegaron a indicarle que habían sufrido las mismas sesiones de tortura. La mujer relató que cantaban en el pabellón para saber que estaban todas. Era "Zamba de mi esperanza", hasta que una tarde quedó ella sola.

"Otra noche volvieron a llevarme y con el mismo proceso. Trompadas, golpes, cachetadas, interrogaban por armas y por un policía que había muerto en Pico. Yo no había ido al baño en todo el día y me oriné. Esto no lo conté antes por vergüenza, pero fue más por pudor, porque vergüenza debería darle a ellos. Entonces empecé a recibir la corriente que empezaba a subir desde mi pierna hasta mi vagina, era porque la aplicaban al pequeño charco de orín que había en el suelo. Ese fue Yorio, yo lo supe años después porque un amigo (al que luego individualizó como el oficial Atilio Navarro) de la infancia me lo confirmó porque se lo había confesado él mismo mientras se reía", dijo la víctima.

Barabaschi rememoró que pedía agua a gritos pero que las celadoras no podían dársela porque había sido picaneada poco antes y que pasó 48 horas sin beber. "Las dos celadoras, Storck y Toldo, me traían pañuelos mojados y me recostaban en sus brazos. Ahí me confirmaron que los que torturaban eran Fiorucci, Cenizo, Reinhart, Constantino, tres militares de los que sólo conocía a Baraldini". También observó en las celdas a otros detenidos como Clemente Bedis, Rodolfo De Diego, Nicolás Navarro y Justo Roma, que también fueron torturados. Dijo además que su familia pidió por su libertad ante el obispo Adolfo Arana, pero que sólo recibió como respuesta que no la habían sabido educar.
Barabaschi fue liberada en abril. "Fuimos con Stella Maris Barrios (una compañera detenida), hasta una oficina y estaba Baraldini y me dice que me tenía que dejar en libertad porque mi madre había ido a pedirle. Pero con libertad vigilada y que no volviera ni a estudiar ni a Pico. Sólo podía quedarme en Winifreda", dijo. Al hablar de Baraldini, afirmó: "Yo me sentía Pulgarcito ante esta gente".
La ex detenida recordó que tomó un colectivo con sus ropas deshechas y llegó a Winifreda. "Las cuatro cuadras que caminé hasta la casa fueron las más largas que he caminado en mi vida. Sólo quería bañarme, sacarme de encima el horror, el manoseo, la tortura", comentó.

No pudo retomar sus estudios ni trabajar hasta 1983. Cada vez que salía de Winifreda debía comunicarlo a la comisaría donde debía firmar en un cuaderno. La dictadura se ensañó además con su familia. La chacra de sus padres fue allanada por militares, como también la casa de su hermana mayor, Norma. Sus dos hermanas debieron alejarse de Winifreda, Norma para trabajar en Santa Rosa y Marita para poder estudiar y trabajar. Mientras, la familia continuó bajo vigilancia.

Luego de su relato, Raquel se levantó ante el aplauso de los presentes en la sala, que duró varios minutos, y se abrazó con su abogado, Miguel Palazzani. Las muestras de cariño continuaron en la planta baja del Colegio de Abogados por parte de amigos, familiares y militantes. Los últimos fueron sus hijos, y su esposo, Luis Barotto que estaba en la esquina ya que no puede ingresar porque debe declarar. Para la familia Barabaschi-Barotto, quedó en claro que con la declaración de ayer terminó un largo camino que comenzó a recorrerse hace 34 años.

Un cura implicado en la represión (4)

2010-10-10T23:36:00.000-07:00

"Baraldini me dijo que si hablaba, me irían a buscar"
Fue la testigo más asustada, al punto que pidió seguridad para ella y sus hijos y se fue del juicio con el rostro cubierto para evitar fotos. Por primera vez contó su historia, que incluye la pérdida de 15 embarazos, y el señalamiento directo al prófugo y ex jefe de la Policía provincial, Luis Baraldini, y al cura Alberto Espinal.
Ana María Martínez Roca en noviembre de 1975 fue secuestrada por ser la novia de Hugo Horacio Chumbita, por entonces docente y director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de La Pampa y ambos llevados a la sede central de la Policía Federal, en Buenos Aires. Los picanearon brutalmente y luego los trasladaron a Santa Rosa.
"Me enteré por el diario La Nación que nos buscaban. Tenía mucho miedo. No entendía qué pasaba. Nos encapucharon y nos llevaron. Nos pegaron patadas en la cabeza, en el estómago, en todo el cuerpo. Fuimos torturados en El Palomar, en una mesa de mármol con agua, en la cabeza, la boca, los pechos y los genitales", dijo y agregó: “nos trajeron a Santa Rosa en camión. Yo estaba inconsciente. Fui llevada al hospital. En esa época estaba embarazada y perdí el bebé. El único recuerdo que tengo es a un militar al lado mío, apostado como una ametralladora", detalló.
"De ahí me trasladaron a la Seccional Primera. No podía caminar. Estaba engrillada de pies y manos. Apareció mi mamá a buscarme, y habló con Baraldini porque pensó que estaba muerta. Insistió tanto en verme... tuvo una valentía fuera de lo normal. Ella murió hace un mes y gracias a ella yo estoy acá, sino estaría muerta", explicó.
Con la última frase, Ana María alcanzó a susurrar: "Esto es muy duro para mi". Y se quebró. "Cuando estaba así me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería saber es si era de Montoneros o andaba en algo peligroso y si sabía de las cosas que hacía Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía, me interrogó".

Y continuó. "En la cárcel aprendí a caminar de nuevo. Me sacaban al pasillo a la fuerza. Decían que no vería a mi madre hasta que no caminara -enfatizó-. Llegué a pesar 40 kilos. Por las secuelas (de las torturas) perdí 15 embarazos, hasta que tuve otros dos hijos. Es la primera vez que hablo de esto. Lo tuve guardado durante muchos años.”, relató.
Antes de ser liberada, Baraldini le dijo que si hablaba la “iban a buscar y a matar”. "Espero que esto no sea contraproducente para mi y mis tres hijos. Yo vivo para ellos. Me dijeron que nunca dijera nada porque sino me iban a buscar. Simplemente vine a La Pampa a conseguir trabajo como recién recibida. Y este fue el regalo", concluyó.

Testiomonios contra los represores de La Pampa (3)

2010-10-10T23:31:00.000-07:00

"Me aplicaban picana en las piernas y los senos"
Nery Greta Sanders de Trucchi, una ex empleada estatal que durante la dictadura militar era contadora fiscal del Ministerio de Obras Públicas, fue detenida cuando la Subzona 14 investigaba supuestas irregularidades en licitaciones durante el gobierno del peronista José Aquiles Regazzoli.
En esta oportunidad, ratificó “en todo” su declaración realizada en 1984 en el sumario administrativo contra los represores pampeanos y señaló a dos de sus torturadores: Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, sin titubeos, aunque entre lágrimas, con serios reproches hacia la Justicia. “Esto es un cuento de no acabar, no sé para que sirve contar todo esto. Es la cuarta o quinta vez que lo hago. No entiendo a la justicia de mi país".

Sanders recordó que fue detenida en enero de 1977 cuando varios policías fueron a su casa y al no encontrarla le informaron a su marido, que también era suboficial, que la llevara a la Seccional Primera. "Al llegar me hicieron pasar y me esposaron y me vendaron los ojos. Pregunté qué pasaba y me dijeron que ya iba a entender. Subí una escalera, me llevaron a una habitación y me empezaron a preguntar. Buscaban dentro de mi trabajo si conocía hechos delictivos de funcionarios", indicó.
La mujer relató ante la emoción de su familia: "Les dije que no sabía nada y comenzaron a castigarme. Me ponían la picana, y yo preguntaba porqué me hacían eso, y siguieron. En un momento me quedé sola y había un hombre al lado, sentí una mano que me toca y me sobresalté. Era un hombre que empezó a manosearme, le dije que me dejara y siguió pellizcándome hasta que volvieron los otros".

La víctima estuvo detenida entre 50 y 60 días en la Seccional Primera. Los primeros cuatro o cinco sufrió torturas durante la noche. "Me decían lo que me iba a pasar si seguía sin hablar, en un determinado momento a un hombre que me aplicaba la picana en las piernas y los senos, le pedí que terminara, que todo era verdad y me devolvieron a la celda. Firmé un papel sin saber qué decía", recordó, y agregó que luego de que le aplicaran la picana eléctrica no la dejaban beber agua y que vió en las celdas de la Primera a otros torturados, como el ex sindicalista Augusto Menghi y al ex estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLPam, Carlos Ghezzi. También a otra mujer que "estaba en muy malas condiciones y no querían llevarla al hospital".
En su declaración hubo otros nombres conocidos: el médico policial Máximo Pérez Oneto, que la revisó cuando ya había sido "blanqueada", y el actual jefe de Policía, Ricardo Baudaux, que le pidió cuando estaba comunicada nombres de testigos para su causa judicial, ya que estaba como escribiente.

Continúan los testimonios contra los torturadores (2)

2010-10-10T23:26:00.000-07:00

Accátoli señaló a dos torturadores

Hermes Accátoli era diputado provincial pampeano cuando fue detenido en la madrugada del 24 de marzo de 1976 en General Pico, La Pampa, y como testigo contra los represores de la Sub Zona 14 denunció a Roberto Fiorucci y Néstor Cenizo como los que lo torturaron en dos oportunidades.

    La primera habría sido el 6 de abril del 76. “En horas de la tarde nos retiraron junto con Gil del penal, estábamos encapuchados, vendados y con las manos esposadas. Descubrí que estar vendado y encapuchado te agudiza los sentidos y traté de prestar atención, creí que nos matarían" dijo, y contó que fueron llevados fuera de la ciudad, hicieron un trayecto por ruta que luego supo era la número 5 y hacia la comisaría de Catriló cerca de la capital pampeana.

    “Hubo una primera tanda de golpes en la cabeza, con una cachiporra. Ahí ví que se pueden ver realmente las estrellitas. Me dieron puñetazos en el estómago y hubo un alocado interrogatorio sin orden. Me dieron corriente eléctrica en las esposas. Ahí se me rompió el pantalón y me lo ataron con un hilo. Cuando me lo acomodaban, juguetearon con la picana en mis glúteos. Me preguntaban por qué los diputados se habían aumentado la dieta. Y nosotros, con Gil, habíamos votado en contra de eso. También donde están las armas, el cargamento de armas. Y sobre la Universidad Tecnológica de General Pico, y algo sobre la masacre de Ezeiza".

    Fue en ese momento que pese a estar encapuchado identificó a dos de los que lo torturaron. "Aparece una voz que la registré muy especialmente porque era parecida a la de alguien de mi entorno. Me provocó sobresalto. Era la que ordenaba el interrogatorio", aseguró. Luego le pondría rostro cuando en la Seccional Primera ingresó un oficial de aspecto "gardeliano" y al saludar a los policías escuchó que tenía el mismo timbre. Cuando volvió a la Unidad Penal, al intercambiar datos con sus compañeros de detención, supo que era Fiorucci.
También detalló que en un momento se le salió un poco la venda y pudo "ver algo, las patitas de una mesa y los zapatos de un represor que escribía lo que decía, de un color rojizo, muy bien lustrados, fue mi única visión". Días más tarde un oficial de policía lo fue a ver a la Brigada de Investigaciones porque se había enterado que había dicho que había sido golpeado, ahí pudo sabe quién era el otro que participaba de las torturas: "Vino un señor joven que se presentó como el oficial Cenizo, amablemente me preguntó si era verdad que habíamos sido golpeados. Al mirarle el calzado supe que eran los zapatos del que escribía en el interrogatorio y se lo dije, y quedó como cortado".

    Accátoli dijo que en Catriló también torturaron a Gil, y comentó que de su compañero escuchó “gritos desgarradores, fue colocado en una 'parrilla', mojado y picaneado. Luego me mostraría que tenía el estómago absolutamente morado y además rengueaba".

    En septiembre de aquel año fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Trelew, donde estuvo hasta el año siguiente. Mientras se encontraba encarcelado, denunció que su familia y la de otros compañeros de prisión recibieron la "propuesta" de dos abogados de la ciudad pampeana de General Pico, para sacarlos de la cárcel a través de sus contactos si les pagaban.
La denuncia fue contra el ex intendente de esa ciudad durante la dictadura, José Marrero, y Fernando David García, ambos con vínculos con la Iglesia. La acusación ya la había hecho pública Accátoli en el 84, lo que generó una causa en su contra. El declarante indicó ante los jueces: "el hecho sucedió durante una reunión con los dos abogados, estaba mi esposa, mi suegra, la hermana de Covella, la esposa de Gil y la hermana de Ferrari. Durante una visita que me hicieron a Trelew me contaron la propuesta y les dije que no se les ocurriera poner un solo peso. Pedían un dinero por adelantado, el 50%, y un 50% a 'contra entrega del paquete'. Los cálculos que hacía mi familia era que esa plata era igual a vender un Renault 12 modelo 74 que teníamos, con dos años de antigüedad".

Testimonios sin fisuras contra los torturadores (1)

2010-10-10T23:19:00.000-07:00

Baraldini estaría en el país

El represor Luis Enrique Baraldini, ex jefe de Policía de La Pampa durante la dictadura militar y acusado de secuestros y torturas por integrar el grupo de tareas de la Subzona 14, es el gran ausente en el juicio que se lleva a cabo en el Colegio de Abogados contra nueve ex oficiales que fueron sus compañeros.
Baraldini está prófugo desde que en octubre de 2003 la justicia reabrió la causa de la Subzona 14 y detuvo a los represores pampeanos por crímenes de lesa humanidad. Si bien se sospechaba que estaría en Bolivia, donde reside una hija suya y tendría importantes contactos, finalmente se considera que Baraldini está en el país y no en Bolivia.
De hecho, tiene familia en Capital Federal y en Santa Rosa. Las sospechas de que ha visitado en algunas oportunidades la capital provincial siempre han existido.

Sospechado de “buchón” no quiere declarar.

2010-08-16T22:58:00.000-07:00

El ex presidente del Partido Justicialista pampeano Carlos Osvado Aragonés ha pedido no declarar como testigo en el juicio de la Subzona 14 aduciendo razones de salud, para lo que presentó un certificado médico. El tribunal ha resuelto que enviará un perito médico oficial para que lo revise y dejó abierta la posibilidad de citarlo más adelante y hasta que preste una declaración ante los jueces en su domicilio en la ciudad de General Pico, donde reside, a 100 kilómetros de la capital pampeana.

Aragonés, que es una de las 28 víctimas del caso, estuvo tres semanas detenido en la Unidad 4, después del golpe militar, aunque no fue torturado. En ese momento era diputado nacional. Su solicitud provocó murmullos en la sala. Ocurre que está denunciado penalmente como colaborador civil de la represión ilegal. Incluso varias víctimas lo han calificado públicamente de "buchón". Por ese motivo demandó económicamente a un periodista.

“Papá fue otro luego de su detención". Declararon los hijos de Manuel Zolecio

2010-08-16T22:54:00.000-07:00

Tres de los cinco hijos de Manuel Zolecio, una de las víctimas que más sufrió las torturas en la Seccional Primera, remarcaron que el mes de detención significó para el padre un punto de inflexión en su vida. "Hasta mayo fue un papá, y después otro", coincidieron en afirmar Patricia Laura, Claudia Celia y Héctor Germán, siendo éste último el único que recordó dos nombres de los represores señalados por su padre cuando se los cruzaba por la calle: Oscar Yorio y Roberto Fiorucci.

Según relata el diario La Arena, el entonces director de Ceremonial y Seguridad de la Gobernación de José Aquiles Regazzolli fue detenido ilegalmente en abril de 1976 y trasladado a la Primera. Esa misma noche, en el Tiro Federal, fue "atado a un poste y sometido a un interrogatorio bajo la aplicación de golpes y picana eléctrica" en los testículos y en una pierna.

En la investigación abierta en 1984 Zolecio declaró que "el dolor fue tan intenso” que solicitó que le pegaran un tiro. Un policía, Carlos Sotelo, afirmó que "fue el detenido que más sufrió los golpes brutales de los oficiales", a tal punto que a las dos semanas fue internado en el hospital Lucio Molas de la capital pampeana.

Su hija Patricia se quebró al recordar que al volver de su detención “era un hombre destruido, al que despidieron del trabajo porque había estado preso. Lloraba como un chico... no era el mismo", resumió.
La otra hija, Claudia, recordó que su mamá iba todos los días a pedir explicaciones a Baraldini, pero éste jamás le atendió. "Mi novio lo fue a buscar cuando salió de la Primera. Cuando volvió a casa era un hombre muy anciano, parecía 20 años mayor; estaba destruido. Le costó muchísimo recuperarse", expresó. Por las lesiones sufridas quedó rengo de una pierna y más adelante tuvo que operarse de la cadera. “Con el tiempo dijo que lo habían torturado, picaneado y golpeado", contó.

Germán, el único de los hermanos que estaba en la casa cuando se llevaron a su padre, pese a tener 9 años en aquel entonces explicó que Zolecio "tenía 49 años, Era sano y de contextura grande. Hasta mayo había sido un papá; después fue otro. Estaba deteriorado física y psicológicamente, y estuvo bajo tratamiento psiquiátrico. A la noche soñaba y gritaba. Tenía un estado constante de alteración. La picana se la daban vendado en una especie de camilla o escritorio de metal, y él adjudicaba su problemas en la pierna a que lo dejaban con las rodillas colgando. Le preguntaban por cosas insólitas, disparatadas, como si tal día se había ido de joda a Buenos Aires. También lo amenazaron diciéndole: 'Sabemos que tus hijos estudian en Buenos Aires. Los vamos a limpiar porque militan en la izquierda”, relató.

Para finalizar, destacó que su padre “nunca” les inculcó “odio, ni bronca, ni revancha, ni venganza. Sólo quería justicia. Ojalá hubiera podido estar hoy acá", ansió.

Recorrido ocular por la comisaría.

2010-08-16T22:51:00.000-07:00

La ex detenida política Raquel Barabaschi fue la testigo encargada de indicar a los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa los lugares donde eran alojadas y donde eran torturadas las víctimas, en una inspección ocular del edificio de la Seccional Primera de Santa Rosa, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la provincia de La Pampa durante la dictadura militar.

Athos Reta fue el único de los represores imputados que quiso estar presente en el recorrido, actiud que según el diario La Arena, se tomó “más como una forma de presión que de contribuir.” Incluso algunos testigos señalaron que se le vio sonreír en algunos pasajes del recorrido.

En los años 70, cuando era territorio de la Subzona 14, en la planta baja funcionaba la comisaría y en sus calabozos eran alojados los detenidos. En la planta alta, sede de la Unidad Regional I, eran llevados por las noches y torturados por los miembros del grupo de tareas.

Barabaschi indicó al juez Tripputi y los demás presentes cómo era el lugar hace más de treinta años, y que reconoció a pesar de las modificaciones realizadas en su estructura realizadas hace décadas. Al respecto el abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Leonel Curutchagüe consideró que "es bueno que la víctima pueda estar en el lugar para que los jueces puedan hacer el mapa mental del lugar. Esto pasó por ejemplo con la Esma".

Al salir del recorrido, visiblemente conmovida, la ex detenida y una de las principales impulsoras de la causa, expresó que "es difícil después de décadas recorrer los mismos pasos que hace 34 años atrás, pero es necesario para la verdad y la justicia y contra la desmemoria. Por eso hacemos este esfuerzo de estar de pie", concluyó.

Un ex policía complicó a los represores

2010-08-16T22:49:00.001-07:00

Al igual que lo había hecho en las investigaciones de 1984, el ex policía Julio Díaz volvió a relatar ante el Tribunal los maltratos a los que fueron sometidos Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma y Héctor Manuel Zolecio en la Seccional Primera de Santa Rosa.

Díaz formaba parte de la custodia del ex gobernador José Aquiles Regazzoli y luego del golpe fue trasladado a la Seccional Primera. Ahora sentado frente a los represores contó que los detenidos eran llevados de madrugada a la planta alta de la Seccional Primera -donde funcionaba la Unidad Regional a cargo del comisario Roberto Constantino- y que volvían "duramente castigados", con un estado físico "deprimente" y "con los cuerpos y las ropas mojadas", según publica el diario La Arena.

El testigo agregó que eso lo vio en forma directa, también que Zolecio debía ser ayudado porque era "imposible" que caminara por sus propios medios debido a las torturas recibidas. No obstante aclaró que no observó lo que sucedía en esa planta alta debido a que nunca había subido, aunque sí lo hizo en un par de ocasiones el por entonces jefe de la policía, el represor prófugo Luis Baraldini.

Asimismo afirmó que los detenidos nunca fueron visitados por un juez, un secretario de un tribunal ni por familiares y no recordó si el médico policial, Máximo Pérez Oneto, los revisó en alguna oportunidad.

Al ratificar su declaración de hace 26 años, el sargento que estuvo dos décadas en la Policía y fue cesanteado por una condena por lesiones leves, señaló a Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Néstor Cenizo, Oscar Yorio, Athos Reta, Omar Aguilera, Reinhart y a dos personas que no están imputadas (el mayor Juan José Amarante y el policía Oscar López) como los que presuntamente golpeaban a las víctimas. A todos ellos no los había vista, hasta ayer, en los últimos veinte años. También mencionó a los suboficiales René Giménez, Orlando Pérez y Dionisio Gualpas.

"Camps armó la lista de detenidos", testimonio del ex detenido Nelson Nicoletti

2010-08-16T22:47:00.000-07:00

El periodista y por entonces director del diario La Capital y secretario del Sindicato de Prensa, Nelson Nicoletti, identificó al represor Roberto Fiorucci como quien en la noche del 23 de marzo de 1976, horas antes del golpe, lo detuvo en la redacción del diario, y acusó al anterior jefe de la Subzona 12, Ramón Camps de su detención.
“Él dejó la lista completa, por eso pudo ser antes. Se trató de un plan perfectamente constatable. No fue casualidad que detuvieran a Raulito (D´Atri, periodista de La Arena), a Saúl (Santesteban) y a mí. Incluso en 1978, en un congreso nacional clandestino del gremio, faltaban siete secretarios generales y otros aún estaban detenidos", declaró.
Tranquilo, aunque por momentos visiblemente emocionado, se extrañó de que los represores “no digan lo que pasó, como lo decimos los de este lado", y agregó que le producía una gran decepción “que la justicia no haya estado a la altura del requerimiento de los ciudadanos porque no han juzgado el golpe a la democracia".

"Me causa desazón que no estén acá personas que fueron responsables de instituir el terrorismo de estado en La Pampa, como Camps, Iriart, (el gobernador de facto Carlos Enrique) Aguirre y Baraldini", sostuvo el testigo, según publica el diario La Arena.
Según su relato, en la Unidad 4 vivió "un régimen carcelario, pero humano" junto al director de La Arena, Saúl Santesteban, el ex diputado Roberto Gil, el ex ministro Santiago Covella, Hermes Accátoli, Mireya Regazzoli, Miguel Maldonado, Nicolás Navarro y José Mendizábal, entre otros. Gil, Accátoli y Covella le contaron de los maltratados recibidos en la Seccional Primera.
Nicoletti y otros pampeanos fueron trasladados de Santa Rosa al penal de Rawson. Voló esposado con Covella, y en un momento presintió “que tiraron desde el avión a una persona”. Recordó que allí se bañaban con agua fría en la ducha que estaba en la terraza. "Por esa ducha Agustín Tosco contrajo el asma que lo llevó a la muerte", remarcó.
Quedó en libertad recién e 16 de noviembre del mismo año, “creo que fui el primero de mi pabellón que siguió con vida", aclaró, y agregó que de regreso a la ciudad Iriart lo mandó a llamar y le preguntó "si era tonto o estúpido" y por qué no se iba del país, una posibilidad que tenían los que habían estado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Durante tres años vivió bajo un régimen de "libertad vigilada" y debió presentarse periódicamente a la oficina de Inteligencia del Ejército que funcionaba en la calle Quintana.
El periodista indicó que las detenciones ya se practicaban desde el gobierno de Isabel Perón -"veníamos zafando, hasta que no zafamos más" -argumentó-, y que su correlato fue un decreto del gobernador José Aquiles Regazzoli colocando a la Policía bajo el mando del Ejército. "Había una matriz, un modelo", graficó. Junto a Regazzoli y su hija Zelmira enjuiciaron al Ejército y al Estado Nacional por sus detenciones, pero la causa fue archivada.

En primerísima persona contó que "un preso necesita sentir culpa para que le cierre la vida", en alusión a que nunca supo qué había hecho y porqué estuvo detenido. Para consolarse, autojustificó su detención en su militancia política y en su rechazo al golpe. Esa situación de limbo judicial, afirmó, es una clase de tortura extrema. "En charlas de presos llegué a decir que hubiera firmado una sentencia a 10 años a cambio de haber accedido a un juez".
"(Los represores) tienen que hacerse cargo de sus tropelías, aunque hayan pasado 34 años. Esto no se cierra si no es con justicia", finalizó, no sin antes admitir que le dolía “que se vapulee a la Iglesia. Es cierto que fue cómplice (de la dictadura), pero otros sectores se mostraron comprometidos, buscando como nosotros un mundo mejor", concluyó.

Los primeros testimonios

2010-08-11T09:47:00.000-07:00

Los dos primeros testigos del juicio, el director del diario La Arena, Saúl Santesteban, y el ex sindicalista Miguel Angel Maldonado, declararon en la primera jornada del juicio.

Santesteban fue el primero en brindar su testimonio, dijo que durante la dictadura fue secuestrado en su domicilio el 24 de marzo de 1976 a pocas horas de producido el golpe de Estado por un operativo militar. "Era mi tercera detención, ya tenía experiencia por mi actividad periodística", dijo.
"Estaba en mi casa con mi esposa y mis cuatro hijos, uno estaba estudiando en Buenos Aires, y se produce un allanamiento, que era algo más. Un oficial del Ejército entró al dormitorio, con un soldado, y me ordenó vestirme. Salí al exterior, subí a la caja de un camión y me llevaron detenido junto a (Victorio) Vlasich. Fuimos los primeros en llegar a la Colonia Penal", dijo.

Durante su declaración, Santesteban, aunque no hizo acusaciones directas hacia los nueve represores, trató de informar sobre el estado de terror que vivía el país. De hecho, el diario LA ARENA había recibido un atentado con una bomba en su sede de la calle 25 de Mayo en agosto del 75, su director había sido amenazado por la Triple A y desde noviembre de 1975 Raúl Celso D'Atri, hijo del fundador, había sido detenido por su actividad política y estaba preso en una cárcel de máxima seguridad.

Sí hubo nombres cuando recordó el hecho de la detención de D'Atri: "ya estaba instalado el terror. Cuando detuvieron a mi cuñado fui hasta la casa de su esposa y ahí fueron los policías. Estaban Constantino y Aguilera. Constantino me dijo 'Usted viene también'. Y estuve preso esa noche en la Seccional Primera".

Durante la dictadura, Santesteban estuvo detenido hasta el 14 de abril en la Colonia Penal. Allí observó desde la rendija de su celda cómo le tomaban fotografías a otros cincuenta detenidos en otra habitación. "Estaban Maldonado, Nicoletti, 'Pepe' Brinatti, (Roberto) Gil y (Hermes) Accátoli, Victorino García, el diputado (Erberto) Cuevas. Covella que era ministro", indicó.

El periodista estuvo incomunicado hasta que fue interrogado a comienzos de abril por el comisario Guevara Núñez. "Me di cuenta -continuó- por qué estaba cuando me preguntaron si había escrito una serie de artículos cuando hubo razzias en noviembre del 75. En esos artículos consideré que eran disparatados los procedimientos porque no había actos terroristas en la provincia o enfrentamientos armados. No se podía poner bajo el PEN a los detenidos si eran sospechosos, sino llevarlos ante sus jueces naturales, porque estábamos en un estado de derecho".

El pasaje más importante de su declaración llegó cuando dijo que "hubo un incidente que los hechos que se producían entonces me hicieron omitir de denunciarlo. En el pabellón había unos cincuenta presos y nos llevaban de a uno al baño. Hasta que decidieron, al darse cuenta del maltrato, que fuéramos de a dos. Fui con Roberto Gil, al que conocía bastante, y me preguntó 'che, flaco, ¿cómo te trataron a vos?' Le respondí que dentro de todo, bien. 'A mí me rompieron el alma', dijo, y se levantó la camiseta y me mostró que tenía el abdomen convertido en una morcilla".
"Cuando salí, dije 'esto lo denuncio'. Me reintegro y digo a mis compañeros lo que iba a hacer y me dicen 'vos estás loco. Nos quedamos sin trabajo'. Y además, a quién podíamos denunciar el caso, si no había autoridad para hacerlo. Hay que estar en esos momento", comentó.

"No era peligroso"

Luego fue el turno de Maldonado, que durante los años 70 fue secretario general del combativo gremio de los municipales hasta que fue detenido el 24 de marzo a la madrugada. Estuvo preso en la Unidad Penal 4 y luego, en septiembre de ese año, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Trelew, donde pasó meses de maltrato.

El ex sindicalista relató que fue detenido "por nuestra actividad, que nosotros entendíamos debía servir a los trabajadores, en buscar la justicia y la verdad".

El día del golpe fue apresado en su casa por una comisión policial y quedó a disposición de la Subzona 14. "Estuve sin causa ni proceso hasta que me pusieron a disposición del PEN", relató.

La acusación más grave de Maldonado llegó al recordarles a los represores, en diferentes momentos, mirándolos, que "en todo ese tiempo estos señores sabían quién era yo. Tuvieron suficiente tiempo para decir que no tenía que estar preso porque sólo era dirigente sindical, no era peligroso. No hicieron nada para que no me trasladen afuera de la provincia. Estas personas de Santa Rosa ¿cómo se comportaban con su familia? No sé cómo pueden mirar a la sociedad o a sus hijos con lo que han hecho. Primero hay arrepentirse y hasta ahora ninguno, de Videla para abajo, lo ha hecho".

Maldonado indicó que mientras estuvo en la Colonia Penal un día lo esposaron y lo vendaron y lo llevaron así hasta un lugar que pudo haber sido la Seccional Primera. Allí fue interrogado. "Les llamaba la atención que siendo sindicalista no tuviera casa ni auto. Ese era el merecimiento de estar preso. Yo era de la democracia cristiana y me pusieron que era del Partido Comunista Cristiano. No sé que libro habrían leído. Al terminar, apareció otro, me sacaron la venda y me hicieron firmar una hoja", comentó.

Durante su detención en Santa Rosa, el testigo dijo que compartió la cárcel con Accátoli "que llegó muy golpeado, todo marcado con hematomas, por todos lados". También con Covella, Hugo Ferrari y Gil, que tenía "un hematoma color negro en el abdomen".

Aunque los hechos no tuvieron que ver con los casos que se están juzgando en el TOF de Santa Rosa, la mayor parte de la declaración de Maldonado giró en torno a las torturas y padecimientos que tuvo que vivir él y sus compañeros pampeanos a partir de que fueron subidos a un avión del Servicio Penitenciario Federal para ser trasladados a Trelew.

El ex sindicalista relató diferentes maltratos. En un momento recordó: "Nos ataron al piso del avión y nos golpearon hasta llegar a Neuquén. Se tuvo que volver a Santa Rosa y fue con el mismo trato. Después otra vez a Trelew. Ahí abrieron la puerta del avión y gritaron 'carne para los tiburones', y a alguien tiraron".

Pacto de silencio: los acusados se negaron a declarar en el juicio

2010-08-11T09:42:00.000-07:00

El silencio fue la respuesta que dieron ayer los represores. Ninguno de ellos abrió la boca en el inicio del histórico juicio por las privaciones ilegales y las torturas infringidas en la Subzona 14 en perjuicio de 28 víctimas. Sin embargo los nueve prometieron que hablarán cuando se lo digan sus defensores.

El ex secretario de la Gobernación durante la dictadura, el coronel Néstor Omar Greppi (67 años), y los ocho policías que conformaron el grupo de tareas llegaron esposados a la sala de audiencia del Colegio de Abogados desde la Unidad 4, donde están presos, y mostraron en común la indiferencia de sus rostros frente a las imputaciones y las declaraciones de los testigos. Uno de ellos, Miguel Maldonado, llegó a preguntarse: "Cómo hacían el Día del Padre, qué les contaban a sus familias; torturamos a éste, le pegamos al otro... no pueden mirar a los hijos con lo que hicieron".

Constantino, cuando uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, le explicaba que podía caberle un segundo agravante por las privaciones ilegítimas, directamente espetó: "Lo que dice acá el doctor no me interesa". Fiorucci, en la misma situación, también lanzó una frase que no pasó inadvertida: "... si es que llegan a demostrar los delitos que se me imputan".

Durante la mañana, el secretario del Tribunal Oral Federal leyó a lo largo de tres horas los hechos que se le imputan a los represores: Greppi está acusado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Constantino por 17 y 7, respectivamente; Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Reta por 12 y 6; Cenizo por 24 y 11; Fiorucci por 25 y 15; Marenchino por 7 y 5; y Yorio por 11 y 7 casos.

Más allá de los testimonios de las víctimas -algunas ya fallecidas-, fueron importantes para el avance de la causa lo que dijeron los policías de la Seccional Primera, donde se produjeron los apremios, Ramón Crisanto Lastre, Carlos Sotelo, Juan Angel Bustos, Mauricio Diego Gaitán y Julio Díaz, el periodista Nelson Nicoletti) y las celadoras Edda Vilma Stemphelt, Nilda Stork y Dolly Giglione de Toldo.

La acusación fiscal
La acusación fiscal leída ayer, y redactada el 19 de diciembre de 2006 por el fiscal porteño Federico Delgado, no se circunscribe exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarca que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.

Al detallar la jerarquización de los represores dentro de la organización de la Subzona 14, se habló de autores mediatos (Greppi) e inmediatos (Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Yorio, Cenizo, Reinhart y Marenchino); destacándose que los autores mediatos, "los que dieron la orden de matar, porque controlaban la organización, tuvieron incluso más responsabilidad que los ejecutores".

Inicio del juicio Subzona14 - La Pampa

2010-08-11T09:35:00.000-07:00

En el banquillo.

Después de 34 años de ocurridos la mayoría de los secuestros y torturas por parte del grupo de tareas de la Subzona 14 durante la dictadura militar, se inicio el juicio a diez represores pampeanos acusados de esos crímenes de lesa humanidad.
Los acusados son

- ex coronel del Ejército Néstor Omar Greppi, de 67 años, que era oficial encargado de Inteligencia de la Subzona y secretario general de la Gobernación;

- ex comisario general de la Policía Roberto Esteban Constantino, de 81 años, jefe del grupo de tareas;

- ex comisario mayor Omar Aguilera, de 74; el ex comisario general Roberto Fiorucci, de 71; el - ex oficial auxiliar Athos Reta, de 74;

- ex oficial ayudante Oscar Yorio, de 65;

- ex oficial subayudante Néstor Bonifacio Cenizo, de 55;

- ex oficial Carlos Reinhart, de 60; y el ex comisario mayor Hugo Marenchino, de 66.

Todos están detenidos desde el 19 de julio en un pabellón de la Unidad Penal 4 por orden de los jueces.

También vale recordar que no serán juzgados dos de los procesados en 2006 por haber fallecido. Uno es el ex coronel Oscar Cobuta, que murió en 2007, y otro el ex oficial de la Policía, Roberto Escalada, cuyo deceso fue en 2008. En tanto, el más renombrado de los represores, el ex coronel y jefe de la Policía provincial durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini, permanece prófugo desde 2003.
Caso por caso.

El TOF juzgará a los represores acusados por secuestros y torturas a 28 casos.

Las víctimas de la represión ilegal son:

Clemente Bedis (funcionario provincial): fue secuestrado en Santa Rosa el 5 de abril de 1976 y trasladado a la Seccional Primera. Encapuchado y esposado, fue torturado "en un campo en las afueras de la ciudad".

Justo Ivalor Roma (funcionario provincial): fue secuestrado el 8 de abril de 1976 y llevado a la Seccional Primera. Lo interrogaron a golpes presuntamente en el Tiro Federal y fue "sometido a sesiones de picana eléctrica por todo el cuerpo". Fue examinado por el médico Pérez Oneto.

Rodolfo De Diego (funcionario provincial): En abril de 1976 permaneció detenido ilegalmente en la Primera y a disposición del Comando de la Subzona 14. Luego pasó a la U4. El policía Carlos Sotelo vio cómo quedaba después de los maltratos -esposado y con los ojos vendados- en el primer piso de la comisaría.

Roberto Oscar Gil (diputado provincial): fue detenido el 24 de marzo de 1976 en General Pico. En la Primera fue golpeado y picaneado "en la zona genital". El ex diputado provincial luego fue a la U4.

Hermes Carlos Accátoli (diputado provincial): lo detuvieron el mismo día y en la misma ciudad que Gil. También estuvo en la Primera y en la U4 y pasó por sesiones de torturas.

Zulema Arizó: fue ingresada a la Seccional Primera en 1978. Dos celadores declararon que, aún embarazada, fue torturada mientras estaba esposada. "Las sesiones duraban varias horas y salía con una marcada estado nervioso y de temor", dijo una de ellas.

Ana María Martínez: la única víctima detenida en Buenos Aires, en 1976. Después de "una o dos horas en la Oficina Judicial (de la planta alta de la comisaría), presentaba un estado físico lamentable", declaró una celadora.

Nery Greta Sanders de Trucchi (empleada provincial): la detuvieron el 8 de enero de 1977 tras ser citada en la Seccional Primera. Fue interrogada mediante la aplicación de descargas eléctricas.

Avelino Cisneros (funcionario provincial): fue detenido el 8 de abril de 1976 y llevado desvestido "a un lugar alejado", donde lo picanearon. En la primera fue revisado por un médico policial.

Héctor Manuel Zolecio: en abril de 1976 fue trasladado a la Primera. Esa noche, en el Tiro Federal, fue "atado a un poste y sometido a un interrogatorio bajo la aplicación de golpes y electricidad en los testículos y una pierna. Declaró que "el dolor fue tan intenso que solicité que me pegaran un tiro". El policía Sotelo afirmó que "fue el detenido que más sufrió los golpes brutales de los oficiales".

Erberto Angel Cuevas: el ex diputado provincial fue detenido el 27 de marzo de 1976 cuando retiraba sus pertenencias de la Legislatura. Aguilera lo trasladó a la Primera "a punta de pistola". No fue torturado, pero le hicieron presenciar interrogatorios y tormentos.

Julián Flores (funcionario provincial) lo secuestraron el 10 de abril de 1976. Antes de que le vendaran los ojos reconoció a Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Cenizo y Reinhart como quienes lo golpearon.

Olga Edith Juárez: la detuvieron el 13 de abril de 1978 en General Pico. Fiorucci y el ex jefe de Policía, y prófugo de la justicia, Luis Baraldini, la amenazaron diciéndole que iba a morir. Dijo que Reta la interrogó y fue la única víctima que individualizó a quien le aplicó la picana eléctrica: Reinhart.

Zelmira Mireya Regazzoli (hija del entonces gobernador Aquiles Regazzoli): la detuvieron el 24 de marzo de 1976. No fue golpeada, pero en la Primera le hicieron presenciar tormentos.

Nicolás Navarro: el ex secretario de la Gobernación fue detenido el 10 de abril de 1976 en su campo de Naicó. Dijo que fue interrogado por Greppi, Fiorucci y Cenizo, pero que no fue golpeado.

Raquel Angelina Barabaschi (estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico): fue detenida el 26 de marzo de 1976 en General Pico. Fue golpeada en la Primera hasta "dejarla casi inconsciente". También la torturaron con descargas eléctricas. Reconoció a Cenizo y Reinhart y una celadora le aseguró que Yorio, Marenchino, Aguilera y Fiorucci también participaban de los interrogatorios.

Dolly Girard de Villarreal: la detuvieron en 1976 e individualizó a Aguilera, Fiorucci, Cenizo, Reinhart, Marenchino y Yorio.

Hugo Avelino Ferrari (locutor): fue detenido el 24 de marzo de 1976. Estuvo en la Seccional Primera y en la Unidad 4.

Santiago Guillermo Covella (funcionario provincial): lo privaron de la libertad el 24 de marzo de 1976 en General Pico. Fue trasladado a la U4.

Carlos Osvaldo Aragonés (diputado nacional y sindicalista): lo detuvieron el 25 de marzo de 1976 en General Pico. Estuvo tres semanas en la U4 a disposición del Jefe de Policía.

Víctor Aldo Pozo Grados, Guillermo Eduardo Quartucci, Gustavo Brower de Konning (médico), Gerardo Nansen (pastor), Angel Alvarez, Carlos Samprón, Samuel Bertón y Luis Carlino (médico): los docentes del Instituto José Ingenieros fueron detenidos el 14 de julio de 1976 en Jacinto Arauz. Participaron del operativo Aguilera, Fiorucci, Cenizo, Reinhart y Constantino. Samprón fue torturado en el puesto caminero y el grupo era dirigido por Fiorucci.

BOLETIN AEDD N° 696-Juicio en LA PAMPA-Son responsables

2010-08-05T23:25:00.000-07:00

SON RESPONSABLES

Santa Rosa lucía tan fría como soleada, el aire puro y la emoción inundaban el cuerpo, empezaba “el juicio” contra los genocidas. Pasamos las vallas compartiendo la alegría porque el día había llegado, sonrisas abiertas, ojos brillantes, apretones de manos cálidos, abrazos apretados. Sabíamos que no era el juicio que queríamos, apenas 10 genocidas acusados por solo 28 compañeros; pero también sabíamos que no nos quedaríamos con eso, que junto a todo el movimiento de derechos humanos pampeano, seguiríamos en la misma lucha que nos permitió llegar a este día hasta conseguir lo que ambicionamos, lo que es justo, lo que es imprescindible: condena a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.

Una tenue preocupación sobrevolaba nuestras entrenadas conciencias, los abogados nos habían informado que Carlos Iriart, uno de los 10 genocidas procesados, el más importante, el de más responsabilidad, ni más ni menos que quien fue jefe de la Subzona 14, estaba con prisión domiciliaria en su casa de La Lucila, Buenos Aires, enfermo, y con un informe de médicos de la Corte Suprema que, aunque aseguraba su lucidez, aconsejaba no trasladarlo a Santa Rosa. Tenue era la preocupación porque también nos informaron que –tal como ya se hizo en otros casos similares- el TOF de Santa Rosa había propuesto y las querellas aceptado, instrumentar un sistema de videoconferencia para que el acusado pudiera seguir el juicio sin moverse de su domicilio.

Apenas comenzada la audiencia, la sensación se transformó en angustiante sorpresa: el presidente del Tribunal dijo con toda claridad que habían sido informados por especialistas que debido a irresolubles problemas tecnológicos, en Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa- era absoluta y totalmente imposible establecer una videoconferencia. A partir de allí los hechos se sucedieron a un ritmo vertiginoso con destino anunciado: Iriart quedaría impune.

- Todavía azorados con semejante afirmación nuestros abogados pidieron que se designe como perito técnico de parte al Ing. Ariel Garbarz con quien consultamos telefónicamente y confirmamos lo que suponíamos, la afirmación era un dislate digno de una mente febril o de quien está demasiado acostumbrado a actuar sin rendir cuentas a nadie. La respuesta del Tribunal fue no: consultarían sobre el particular a un especialista, además, funcionario de la Provincia y que además, ya estaba presente en el edificio.
- La defensa de Iriart comienza a argüir –con el apoyo del acusador público, el fiscal del juicio, Dr. Jorge Bonvehí- que primero había que verificar si Iriart estaba en condiciones de asistir al debate, aunque lo hiciera desde el sillón de su living, cosa que no había sido puesta en duda por los médicos que lo revisaron.
- El TOF informa que el funcionario provincial se había retirado ya que en ese preciso momento se anotició de que para dar fe acerca de la existencia o no de telefonía digital en Santa Rosa –único requisito para establecer una videoconferencia- necesitaba permiso del Sr. Gobernador y que recién obtendría éste en unas horas; en consecuencia, se pasa a cuarto intermedio hasta las 15:30 hs.
- 16:15 se reanuda la sesión para enterarnos de boca del mismo juez que pocas horas antes había asegurado la infranqueable imposibilidad técnica, que: a) el funcionario era la Directora de Comunicaciones de la provincia de La Pampa, Ing. Claudia Jauregui, b) la Ing. Jauregui no había conseguido el permiso del Gobernador porque éste se encontraba en Buenos Aires, c) la misma Ingeniera había hecho saber al Tribunal que sí era posible establecer la videoconferencia pero … que con una compañía de telefonía local se demoraría 15 días y con otra nacional, 45, d) ante este informe, el Tribunal había resuelto que Carlos Iriart siguiera vinculado a la causa pero….excluirlo de este juicio. Lisa y llanamente el Tribunal había decidido que Iriart siguiera impune.

Todas las protestas de nuestros abogados basadas en que es público y notorio que la empresa de telefonía nacional que provee el servicio en esa zona, demora 24 horas en instalar lo necesario para una videoconferencia, manifestadas tanto en esa primer audiencia como en la del día siguiente, fueron inútiles. Carlos Iriart seguirá y con toda seguridad morirá, impune.

El Gobernador de La Pampa que no autorizó a su funcionaria a declarar, la funcionaria que alegremente falsea la verdad, el fiscal que no opone la menor resistencia, el Tribunal Oral que no verifica una información de tal calibre ni acepta como perito de parte al Ing. Garbarz (Profesor Titular de la UBA y Coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática) , son responsables.

Resulta indignante que ahora el presidente del Tribunal pretenda erigirse en defensor de los “derechos humanos de todos” sosteniendo que tomó tal decisión porque el informe médico dice que Iriart “está moribundo”, no es eso lo que él mismo dijo en la audiencia, no es eso lo que dice el informe médico. Seguiremos en la lucha junto al pueblo de La Pampa hasta conseguir que Iriart y todos los genocidas sean condenados.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparec idos
en Justicia YA!

Se inició el juicio a represores en La Pampa

2010-08-03T05:45:00.000-07:00

“Si estuvo preso, por algo será”

Por Adrián Pérez

Mientras el coronel retirado Fabio Carlos Iriart –señalado como el principal responsable de la Subzona 14– no asistió a la audiencia por razones de salud, otros nueve represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se negaron a declarar en la primera jornada del juicio oral y público que comenzó ayer en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, La Pampa, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), todos los imputados permanecerán detenidos en celdas de la Unidad 4 por el tiempo que demande el proceso judicial. Saúl Hugo Santesteban dirige el diario La Arena desde 1965 y fue uno de los dos testigos que declararon ayer sobre las circunstancias de su detención. “Me preguntaban por algunos artículos publicados que les molestaban a los señores militares”, le contó a Página/12. Aunque estaba citado para atestiguar el 30 de agosto, “como los acusados optaron por no declarar fui a testimoniar hoy (por ayer)”.

Si bien no sufrió torturas durante las tres semanas que estuvo detenido en la Colonia Penal de Santa Rosa U4, Santesteban contó que lo interrogaron para saber si era fundador del partido Guardia Comunista. “Les dije que no militaba en ningún partido y cuestionaban mis notas periodísticas, donde criticaba las razzias que hacían en los hospitales y universidades”, señaló el periodista, y aseguró que el clima de terror que se había instalado entre la gente “era muy visible” por aquello de que “si estuvo preso por algo será” o “los argentinos somos derechos y humanos”. Esas fueron “consignas psicológicas” que “el Proceso implantaba” y “la sociedad repetía”. Sus hijos padecieron el aislamiento que ese terror generó porque los padres de sus amigos “les recomendaban que no se juntaran con ellos”.

“La gente cruzaba de vereda cuando pasaban por mi casa”, recordó el periodista, quien además señaló que “el terrorismo de Estado no se inició en la dictadura”, sino que fue “un proceso que venía de antes”. Esta afirmación cobra fuerza cuando el hombre de 79 años cuenta que, en agosto de 1975, una bomba colocada por la Triple A destruyó medio local del diario La Arena. A las 4 de la madrugada del 24 de marzo de 1976, Santesteban fue detenido en la redacción por un oficial del Ejército y un soldado, que lo trasladaron en una camioneta de esa fuerza hasta la Unidad 4 donde fue alojado en un pabellón junto a 50 detenidos. A los diez días “me preguntaron por algunos artículos publicados que les molestaban a los señores militares”, destacó. Luego de estar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, finalmente fue liberado en abril de 1976. En la audiencia no pudo reconocer a ninguno de sus captores entre los imputados sentados en la sala. El juicio continuará hoy, a partir de las 9, con el testimonio de Nelson Nicoletti, quien al momento de su detención era director del diario La Capital y secretario general del Sindicato de Prensa de La Pampa.

No son seres humanos”, dijo el ex dirigente sindical Miguel Maldonado, detenido el 24 de marzo de 1976 refiriéndose a 10 represores, dos militares y ocho policías, juzgados por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, la llamada Subzona 14 de la represión ilegal.

El juicio se inició con la lectura de las acusaciones en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Está integrado por José Mario Tripputi Mario Armando Marquez y Enrique Krom.

Una de las primeras decisiones del TOF fue excluir del juicio al ex comandante de la SZ 14, coronel (RE) Fabio Iriart, de 84 años y enfermo sin posibilidades de trasladarse. Será seguido día a día y en caso de ser posible, le tomarán declaración indagatoria por videoconferencia.

Los otros acusados son el ex secretario general de la intervención militar en La Pampa, Nestor Greppi (ex edecán del presidente Raúl Alfonsín) y los policías pampeanos Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Oscar Yorio, Athos Reta, Hugo Marenchino, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart. Tiene acusaciones por la privación ilegítima de la libertad de 28 víctimas.

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Las querellas son ejercidas por 23 organizaciones derechos humanos, entre ellas la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Pampeanos por los Derechos Humanos y la Fundación Anahí. También, el partido Comunista.

El primer testigo fue el director del diario La Arena , Saúl Santesteban detenido la madrugada del 24 de marzo de 1976. “No me leyeron un orden ni nada. Me dijeron que me vistiera”, dijo el periodista.

El segundo testigo, el ex sindicalista y militante de la Democracia Cristina, Miguel Maldonado -–arrestado la madrugada del golpe- dijo que lo liberaron por la intervención de la Iglesia.“No son seres humanos. No se arrepintieron de nada”, dijo Maldonado en su testimonio. Reveló que durante su traslado al penal de Maxima Seguridad de Rawson se abrió la compuerta del avión: “uno dijo ‘carne para los tiburones’. Y alguien cayó. Eso es lo que vivimos nosotros ”.